El Decreto del Presidente para militarizar al País durante su sexenio, es violatorio de Tratados Internacionales y de la Constitución: Diputada Lupita González
· La militarización de la seguridad pública ha sido la respuesta del Gobierno ante su incapacidad para resolver los problemas de inseguridad.
· La Guardia Nacional creada en este sexenio, ha sido un rotundo fracaso.
· El Decreto es inconstitucional por haber sido dictado de manera unilateral por el presidente de la República y no por el Congreso de la Unión.
· Los Tratados Internacionales obligan a mantener un mando estrictamente civil, lo que no ocurre en los hechos ni en el decreto publicado el pasado lunes.
Chilpancingo, Gro., mayo 13 del 2020 (NOTYMAS).-La Diputada Local Guadalupe González (PAN) expuso la ilegalidad del Decreto firmado por el Presidente López Obrador al disponer de las Fuerzas Armadas de manera permanente para tareas de seguridad pública, sin sujetarse a un mando civil que proteja los Derechos Humanos de los Mexicanos.
“Durante muchos años, el presidente López Obrador cuestionó sin descanso la intervención del Ejército Mexicano en labores de Seguridad Pública y sustentó la tesis de “abrazos no balazos”; sin embargo, en el presente sexenio, tan sólo en 2019, el saldo de asesinatos ascendió a 34,582, siendo el 2019, el año más sangriento comparado a sexenios anteriores” dijo en sesión virtual del Congreso del Estado.
Así mismo, explicó que el presidente de la República, dispondrá de manera arbitraria de la intervención de las Fuerzas Armadas durante cinco años, es decir, todo su sexenio, incumpliendo con su promesa de campaña de regresar al Ejército a sus cuarteles. Manifestó que el presidente incumple con las condiciones que imponen los Tratados Internacionales desde el 2018, que obliga a los Gobiernos a establecer controles en el despliegue de Fuerzas Armadas, y sólo de manera temporal y subordinados a un mando civil, lo que no ocurre ni con la Guardia Nacional ni se establece en el “Decreto” publicado.
Al respecto, informó que el PAN acudirá a las figuras de justicia constitucional en contra del “Acuerdo del Presidente” por ser deficiente, atentatorio de derechos humanos, de la división de poderes y de las facultades legislativas del Congreso de la Unión.