PROPONEN REFORMA A LA LEY DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA AMPLIAR LICENCIA DE PATERNIDAD DE 5 A 20 DÍAS CON GOCE DE SUELDO

Boletín  DCS
Congreso del estado
Chilpancingo, Gro.
 12 de octubre del 2020.

La diputada Erika Valencia Cardona presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero con el objeto de aumentar la licencia de paternidad de 5 a 20 días y con goce de sueldo, cuando la esposa o concubina del trabajador tenga un parto.

Al fundamentar el documento, la legisladora de Morena argumentó que el periodo de 5 días de licencia de paternidad que en la actualidad prevé la Legislación burocrática estatal, es demasiado corto en comparación con el promedio de 8 semanas de los países que integran la OCDE y en comparación con el periodo que se les concede a las madres, que es de un mes antes del parto y dos meses después.

Dijo que para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y una sociedad más justa y equilibrada, es necesaria la adopción de una nueva masculinidad en la que los hombres asuman una paternidad afectiva y asumiendo plena participación en el cuidado de los hijos y en las tareas domésticas.

Refirió que cada día son más los padres que participan activamente en la crianza, además de que buscan mediante la convivencia de los primeros días establecer un fuerte vínculo emotivo con sus hijos, y asumen con responsabilidad la nueva organización familiar que el recién nacido introduce al hogar.

Por ello, Valencia Cardona considera viable ampliar a 20 días el periodo de licencia de paternidad a los trabajadores burocráticos, bajo la perspectiva de igualdad y equidad entre el

hombre y la mujer en materia de trabajo, ya que es un tema que ha venido trabajando la Comisión de Conciliación del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero.

Concluyó diciendo que es fundamental hacer notar que la licencia de paternidad no debe ser concebida como un simple periodo de descanso vacacional, sino para crear un vínculo más cercano entre padre e hijo y redistribuir las actividades no remuneradas que se realizan en el hogar.

La propuesta que reforma a la Fracción II del artículo 24 bis de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado es analizada en la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.

ANALIZA CONGRESO INICIATIVA PARA SANCIONAR A SERVIDORES PÚBLICOS AGRESORES DE LAS MUJERES

Boletín/ Congreso
LXII Legislatura
Chilpancingo, Gro.
21 de Agosto del 2020

La Comisión Para la Igualdad de Género del Congreso del Estado analiza una iniciativa de adición a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, para establecer como falta grave y hacer responsable al servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa violencia contra las mujeres.

La propuesta fue presentada en la reciente sesión de la Comisión Permanente por la diputada Norma Otilia Hernández, quien plantea adicionar el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, para contar con los instrumentos jurídicos que permitan sancionar a los servidores públicos que al amparo de su cargo exacerban su conducta hacia las mujeres y posteriormente contra sus parejas, sin que sean castigados.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena expone que pese a un gran número de ordenamientos legales como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras, no se ha logrado garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, siendo una de las principales razones el propio sistema de justicia.

Esta situación, explicó, trae consigo un alto número de casos de violencia contra la mujer, ya que de acuerdo al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), en México se registraron 508 mil 186 casos de violencia contra la mujer, mientras que en el estado de Guerrero se registró un total de 5 mil 16 casos en el año 2019.

Agregó que la violencia psicológica es la más común en Guerrero, con alrededor de 2 mil 300 casos registrados; la

segunda es económica, con mil 500 expedientes iniciados, y posteriormente la física, con mil 200 casos, seguida de la violencia matrimonial y sexual.

Ante esta serie de manifestaciones de violencia hacia las mujeres, Hernández Martínez considera importante seguir reformando las leyes en la materia para atender y proteger a las víctimas, y garantizar que el estado cuente con los instrumentos jurídicos necesarios que permitan sancionar a los agresores, en este caso quienes funjan como servidores públicos.

Por culpa se servidores de la nación cientos de campesinos quedaron fuera del programa del fertilizante.

Baldemar Gómez/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro.
junio 17 del 2020

Integrantes del Movimiento Campesino Guerrerense demandaron que agremiados a sus organizaciones quedaron fuera del programa de fertilizante gratuito, por culpa de los Servidores de la Nación, debido que están usando con fines políticos la entrega del insumo, todo a complacencia de su delegado federal. Donde anunciaron seguir con sus protestas en los próximos días.

En conferencia de prensa, los integrantes de MCG, aclararon que trabajan en bienestar de los campesinos, sin colores o fines partidistas; todo es por intereses de manera colectiva, “en el campo no se puede distinguir a los campesinos por partido políticos; aunque algunos funcionarios lo estén señalando. Somos gestores de los campesinos del estado”.

Subrayaron que 40 mil productores, no han tenido respuesta de la Secretaria de Agricultura de Desarrollo Rural (SADER), en el cual se encuentran en riesgo de no producir sus tierras por falta del insumo, “hemos entregados las listas de los productores en tiempo y forma; mismo que se ha buscado una audiencia con el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballestero, es la fecha no han tenido respuesta alguna”.

Añadieron que los campesinos que forman parte de este bloque, han sido marginados por parte de los funcionarios que son los Servidores de la Nación, donde un programa que es muy noble, es muy lamentable que lo estén usando con fines electorales para la próxima contienda que se avecina de 2021, “les están dando mal uso los encargados del área de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) y los Servidores de la Nación”.

Recalcaron, “están condicionando las entregas, los Servidores de la Nación son unos funcionarios nefastos”, que no ayudan al pueblo, al contrario, ahora se dedican a rasurar padrones de los beneficiarios de fertilizante, “ya estamos hasta madres que esos funcionarios sigan lucrando, con nosotros como campesinos”.

El representante de Antorcha Campesina, José Juan Bautista Hernández, reclamó que el gobierno federal ha dicho que ninguna organización debe de participar en el programa, pero están protegiendo y trabajando con la Coordinadora de Comisarios Ejidales y Comunales del Estado que usa el programa con fines políticos.  Durante la atención que se dieron representantes de la delegación los ánimos se subieron de tono ante la desesperación por no tener respuestas claras. Y que no es justo que criminalice a las manifestaciones.

Mismo porque hace más de un mes y medio que no tiene respuesta de Pablo Amílcar a quien le solicitaron de manera formal, que la Secretaría de Bien Estar a través de Segalmex y Diconsa otorgaron maíz para habitantes de la periferia de ciudades de Guerrero, quienes carecen de trabajo ante la alerta del Covid 19, y “cero respuestas, por parte de estos funcionarios”.

Dijo el líder Antorchista que el 2020 como en el 2019, los productores sembrarán sin los incentivos que en años anteriores el gobierno les otorgaba con el objetivo de alcanzar una mayor productividad.  Ya que el presidente López Obrador eliminó los apoyos para adquirir semilla mejorada, herbicidas, fungicidas, implementos y maquinaria agrícola, dejando solo el programa de fertilizante que se entrega en pequeñas cantidades y fuera de tiempo a través de la estructura política de la Secretaría de Bienestar, dejando sin apoyo a muchos productores que no son de su afinidad política.

Mismo que los productores guerrerenses se enfrentan ahora a mayores problemas para cultivar, y en esta emergencia por el Covid-19, la situación se agrava porque las autoridades se amparan en esta circunstancia y no responden a las solicitudes de ayuda para hacer producir efectivamente al campo y tampoco responden de ayuda alimentaria a los campesinos que se encuentran aislados en sus comunidades y a los miles de habitantes que viven en las colonias populares de las ciudades que han perdido sus empleos a causa del cierre de los negocios donde laboraban.

Por su parte representante de la UNTA, Marco Antonio Reyes Campos, reclamó que los “Servidores de la Nación” estén dejando fuera a campesinos que sí siembran e incluso señaló a los trabajadores de perder 600 expedientes de pobladores de San Luis Acatlán. Dijo que en Acapulco, Ometepec e Iguala están obligando a los campesinos a ir a las cabeceras municipal donde los fotografían con los fertilizantes, pero que no llegan a sus comunidades.

Subrayaron que los campesinos se encuentran en el proceso de preparación de tierras, muchos ya están desesperados al desconocer si recibirán el insumo agrícola que requieren para obtener una buena cosecha, “en junio deben tener ya su fertilizante, de lo contrario el traslado a los pueblos más alejados de la Sierra y La Montaña se complica porque los caminos se vuelven intransitables en casi todas las regiones del estado”.

Los campesinos, informaron que hace un año fueron beneficiado con el programa de fertilizante para sembrar una hectárea de maíz y este 2020 fue excluido de la lista de beneficiados. En esa localidad, de los 1600 pequeños productores que recibieron el insumo agrícola el año pasado, hoy sólo la mitad apareció en la lista pre validada porque según las autoridades, cumplieron con los requisitos, incluido el comprobante de la posesión de tierra.

En el cual informaron que existen fertilizante disponible en 110 centros de distribución autorizados en el estado y que el programa de entrega de fertilizante ya se puso en marcha en 73 de los 81 municipios de Guerrero, 40 mil campesinos siguen en incertidumbre al no aparecer en los listados.