Vanessa Cuevas/API
Chilpancingo, Gro.- La Comisión permanente del Congreso local aprobó por unanimidad exhortar al gobierno estatal y a los Ayuntamientos para que de manera integral atiendan el problema del desplazamiento forzado en Guerrero, luego de que la situación de vulnerabilidad de las víctimas se agudiza.
En la sesión de esté miércoles, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Leticia Mosso Hernández dio lectura al dictamen emitido por su comisión en el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a los Municipios tomar acciones por los casos de desplazamiento forzado, los cuales estén acompañados por los programas gubernamentales necesarios que permitan la restitución de los derechos de las familias y tengan una vida libre de violencia.
El Congreso también exhorta a los Municipios que presentan “el fenómeno” de desplazamiento forzado interno a brindar protección a las víctimas para evitar que sean receptores de más amenazas.
De acuerdo a la fundamentación del dictamen emitido por la Comisión, la situación de vulnerabilidad de los desplazados se agudiza más porque el gobierno de Guerrero se resiste a aceptar esta realidad de desplazamiento forzado, dejándolos en estado de indefensión, que nada tiene que ver con el fenómeno migrante.
“En Guerrero, las historias de estos hechos son una constante como la indiferencia del gobierno local para resolverlo al no observarse voluntad plena para que así suceda, atacando las causas que originan el desplazamiento forzado que se presenta en todas las regiones del estado donde existen estos eventos de desplazados de comunidades de la sierra de los municipios de San Miguel Totolapan, Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Apaxtla de Castrejón y Chilapa de Álvarez, que dicen los guerrerenses haber huido de sus lugares de origen o residencia ante la extorsión de organizaciones de criminales, quienes les cobraban cuotas por todo y los amenazan de muerte cuando ya no podían pagarles, y otros más tuvieron peor suerte, fueron asesinados”, señala el dictamen.
Las iniciativas y los oficios provenientes de la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, tienen por objeto además de que estas Legislatura realice en caso de ser necesario las reformas legislativas necesarias a efecto de cumplir con la misma finalidad.
De acuerdo al Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, informó que habría más de 6 mil personas desplazadas en el estado.
Manifestando que a pesar de que el gobierno de Guerrero asegura que los desplazados de Filo de Caballos, los Morros y Campo de Aviación se les han brindado servicios médicos, y enseres domésticos desde su arribo a Chichihualco el 12 de noviembre pasado, esto no es suficiente, porque ha sido temporal, cuando se requiere atención y apoyo permanente y más amplio, debe ser de carácter integral.
“Lo que pone de manifiesto que el gobierno del estado de Guerrero, no hace lo necesario sino lo mero urgente, para atender a los guerrerenses a los que la violencia ha desplazado, con esta actitud pareciera que hay un gesto permisivo e indolente al no atacar el problema de raíz”, detalla el documento.
El una entrevista el secretario General de Gobierno Florencio Salazar Adame, informó que en Guerrero se tienen a alrededor de mil 500 personas desplazadas por la violencia, entre ellas, los últimos grupos que salieron de localidades en el municipio de Zirándaro y de la comunidad de Zihuaquio.
Sin embargo, dichas cifras contrastan con con la expresada por víctimas o autoridades. Solo en el municipio de Zirándaro hay alrededor de 2 mil personas desplazadas, de acuerdo con el presidente municipal, Gregorio Portillo Mendoza. En noviembre del 2018, pobladores de al menos 8 comunidades de Leonardo Bravo huyeron tras la irrupción del Frente de Policías Comunitarios del Estado de Guerrero. En esa ocasión las víctimas reportaron alrededor de 1 600 desplazados.
