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Organizaciones feministas denunciaron que la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero, pretende presentar este lunes 26 de octubre una iniciativa de aborto por violación “regresiva, retrograda y violatoria” que violentaría la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes al condicionar la causal de interrupción por violación hasta las 12 semanas, requerir que la víctima de violencia sexual cuente con el aval del Ministerio Público y pedir que las niñas y adolescentes vayan acompañadas por sus padres.

 

Integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (Obvio Guerrero), Justicia, Derechos Humanos y Género y Católicas por el Derecho a Decidir protestaron este domingo por la tarde en la entrada del Congreso de Guerrero ubicado en el municipio de Chilpancingo, contra la iniciativa que discuten diputados de la Comisión de Justicia integrada por su presidente, el legislador priista, Omar Jalil Flores Majul; Moisés Reyes Sandoval, Secretario por Morena; Servando de Jesús Salgado Guzmán, Vocal; Guadalupe González Suástegui, Vocal por el PAN y Ossiel Pacheco Salas, Vocal por Morena.

 

La iniciativa que las feministas califican como “retrograda porque en vez de que sea a favor de las mujeres ponen más trabas”, consistiría en condicionar la interrupción por violación a las 12 semanas, cuando los estándares internacionales establecen que en el caso de violación no puede restringirse el tiempo, debido a que es difícil que las mujeres, adolescentes y niñas acudan a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por temor, porque se encuentran en lugares lejanos, porque no cuentan con los recursos necesarios, por vivir en contextos de pobreza o por ser menores de edad.

 

Además, la iniciativa de los legisladores que integran la Comisión de Justicia condicionaría la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a la denuncia penal, requiriendo que una mujer, niña o adolescente víctima de violencia sexual cuente con el aval del Ministerio Público antes de que la interrupción le sea practicada.

 

Las feministas señalaron que la mayoría de las mujeres no presentan la denuncia por temas de estigma, o desconfianza en las autoridades. 

 

Aunado a ello, condicionaría a que las niñas y adolescentes deberán ser acompañadas por sus padres, extendiendo la edad no solo para las menores sino a las jóvenes de hasta los 18 años, para que acudan ante las autoridades acompañadas de sus padres, sin tomar en cuenta que, en la mayoría de las violaciones sexuales cometidas contra menores de edad, los agresores son sus propios familiares. 

 

Señalaron que la iniciativa impulsada por la Comisión de Justicia, es contraria a la sentencia federal emitida por la Jueza Iliana Fabricia Contreras Perales del Juzgado Séptimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, el 1 de junio de 2018, relacionada con el caso de Valentina Rosendo Cantú, en el que establece el valor probatorio del testimonio de las víctimas de violación sexual.

 

Asimismo, añadieron que es contrario a las recomendaciones internacionales, como es el caso del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), quien en las Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México manifestó su preocupación por las “disposiciones de las leyes penales estatales que restringen el acceso al aborto legal y siguen obligando a las mujeres y a las niñas a someterse a abortos en condiciones de riesgo que ponen en peligro su salud y su vida”.

 

Como organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio comparado en Guerrero y defensoras de los derechos de las mujeres llamaron a los diputados que integran la Comisión de Justicia y al pleno de la 62 legislatura del congreso, “respeten los derechos de las mujeres ya consagrados y busquen la progresividad y la garantía del ejercicio a través de propuestas que estén a la altura de la legislación internacional en materia de derechos humanos” de las mujeres que son menores de edad, adolescentes, con discapacidad, en extrema pobreza y en contextos de violencia por el crimen organizado. 

 

Convocaron a un parlamento abierto en el que se escuchen las voces de las víctimas, de las organizaciones peticionarias, de personas expertas y organizaciones de la sociedad civil y que se garanticen los derechos de las mujeres y la legislación sea no bajo las creencias religiosas o de la postura de grupos conservadores.

 

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a julio del 2020 se registraron en Guerrero, 350 casos de violación, 452 casos de abuso sexual y 13 denuncias por aborto, sin embargo, la propuesta impulsada no contempla el contexto de violencia que viven las mujeres en el estado.

 

Las organizaciones afirmaron que el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial del estado “tienen una deuda histórica” con las mujeres guerrerenses, luego de haber recibido recomendaciones específicas por parte del Grupo de Trabajo de la CONAVIM, que pudieron haber cumplido durante un lapso de seis meses para que no fuera decretada la AVG por agravio comparado, sin embargo, al no realizarlas, en junio de este año Guerrero se convirtió en el segundo estado con dos Alertas de Género, una por feminicidio y otra por agravio comparado.