APRUEBAN DIPUTADOS MAYOR INTERLOCUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE LAS MINERAS EN GUERRERO

BOLETÍN|DCS
Chilpancingo, Gro.
6 de julio del 2021.

El diputado Alfredo Sánchez Esquivel presentó un acuerdo parlamentario para dar seguimiento a los trabajos de las mineras en el estado y establecer interlocución entre el Poder Legislativo y las mismas que permitan allegarse de información y comunicación actualizada, para favorecer a la legislación de una minería responsable y generar un desarrollo sustentable en Guerrero.

En la sesión de este jueves, el legislador señaló que la minería está regulada por varias leyes, reglamentos y normas oficiales, desde el ámbito federal, estatal y en algunos casos hasta municipal, lo que hace que sea una actividad muy vigilada.

Indicó que esta industria crea micro-regiones o polos de desarrollo por el impacto económico que por su naturaleza requiere para su operación, y se dinamiza como un sector para la captación de divisas, inversión directa, generación de empleos, impuestos, y también de observancia de organismos internacionales para conservar y respetar los derechos humanos y salvaguardar los recursos naturales del territorio.

Manifestó que actualmente se ha visto cómo las comunidades están evolucionando de su perfil tradicional de actividades agropecuarias hacia actividades de servicios, así como en la cantidad y calidad de empleos que demanda la industria minera, por lo que se requiere que esta actividad se realice de manera responsable, y para ello, se deben construir consensos sociales que signifiquen beneficios importantes para las comunidades donde operan las compañías mineras.

“Las empresas mineras deben brindar en todo momento certidumbre jurídica y respeto a los derechos humanos, por lo que es importante vigilar que se establezcan y respeten acuerdos justos en las gestiones del acceso a las tierras, sobre todo cuando las contrapartes de las empresas sean ejidos y comunidades; es decir, que la relación entre iguales es indispensable para prevenir conflictos y sobre todo hacer acuerdos duraderos entre las partes”, abundó.

Para ello, aseguró que la obligación de informar debe ser un punto de acuerdo entre lo público y lo privado, conocer cómo se hace y quién hace los monitoreos y sus resultados, para tener certeza de que se respeta la legislación, reglamentos y normas, y de esta manera los representantes populares den cuenta de que están haciendo las cosas adecuadamente.

Consideró que es importante que exista una interlocución entre el Poder Legislativo y las mineras para prevenir conflictos y ayudar a mantener un estado con plena gobernabilidad. “Cuidar la salud, la biodiversidad y el respeto a los derechos humanos es una premisa fundamental de esta Soberanía”, apuntó.

Licencias

El Pleno del Congreso aprobó los dictámenes que dejan sin efecto las licencias de Ruperta Nicolás Hilario y Marcos Efrén Parra Gómez, y se autoriza su reincorporación al cargo de presidenta y presidente de los ayuntamientos de Iliatenco y Taxco de Alarcón, respectivamente.

Asimismo, las reincorporaciones de Delfa Thalia Rodríguez Rodríguez, Luis Manrique Reséndiz Torres, Bartolo Valle Pérez, Pedro Marbán Bahena, José de Jesús Quevedo Cabrera, Carlos Lenin Marchán Reza y Beny Saligán Navarrete, síndica y regidores de los municipios de Taxco, Coyuca de Benítez, Zihuatanejo, Huitzuco y Benito Juárez, respectivamente, y se ratificó la entrada en funciones de Francisco Arroyo Sotelo como presidente municipal de Arcelia.

TRABAJA CONGRESO EN ADECUACIONES AL MARCO JURÍDICO PARA ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS Y LOS MATRIMONIOS FORZADOS

BOLETIN|DCS
Chilpancingo, Gro.
25 de mayo del 2021.

Para garantizar la integridad y el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes guerrerenses, el Congreso del Estado trabaja en una serie de reformas para prevenir, erradicar y sancionar la trata de personas en las comunidades originarias del estado de Guerrero, mismas que contemplan la prohibición del matrimonio forzado y la práctica de la “dote” como negocio.

En las propuestas de reforma y adiciones a distintos ordenamientos se expone que la trata de personas es un fenómeno delictivo muy extendido en todo el mundo, y en el que México figura como el segundo país con más víctimas, siendo el estado de Guerrero el principal ejemplo, donde en localidades de La Montaña, derivado de la marginación y la pobreza extrema, algunos padres o tutores entregan a sus hijas cuando apenas cumplieron los 12 años, a cambio de dinero.

Por lo anterior, en el Poder Legislativo de Guerrero se analiza una propuesta para que la Asamblea de los Pueblos, de acuerdo con sus usos y costumbres, participe en las tareas de prevención y erradicación de la trata de personas en las comunidades originarias, y que evite los matrimonios forzados.

Además, para contribuir en la erradicación de dicha problemática se plantearon reformas al Código Penal del estado para imponer penalidades de dos a seis años de prisión y de 100 a 800 días de multa al oficial del Registro Civil o cualquier otra autoridad que autorice el matrimonio de una persona menor de 18 años.

Lo que se plantea que no sólo se realicen reformas para que los padres o tutores obliguen a sus hijas a contraer matrimonio y la práctica de “dote” como negocio , sino que también las autoridades garanticen el respeto y los derechos de la niñez y la adolescencia.

Cabe mencionar que en el 2019 se reformó el Código Civil federal para establecer la edad mínima de 18 años para poder contraer matrimonio, mientras que en Guerrero se reformó el Código Civil para prohibir el matrimonio con menores de 18 años. Sin embargo, estas pautas jurídicas no han sido suficientes, pues se siguen presentando casos en comunidades donde padres o tutores venden a sus hijas bajo el amparo de la figura del matrimonio, con el argumento de que se rigen por sus usos y costumbres.

Es por ello que legisladoras y legisladores del Congreso de Guerrero han planteado diversas reformas en la materia que son de vital importancia para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, quienes constituyen la tercera parte de la población.

Se indica en las propuestas legislativas que el acceso y ejercicio de los derechos de este sector se ve limitado por una visión social que los concibe como “objetos de protección”, excluyéndolos de la participación y toma de decisiones sobre su propia vida, e incluso justificando la violencia que se ejerce en su contra.