onmemoran

 

 

A 25 años de la masacre de campesinos perpetrada en el 1995, organizaciones sociales conmemoraron el hecho ocurrido en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, región Costa Grande.

Desde las 09:00 horas de este domingo, familiares de los campesinos asesinados empezaron a llegar para colocar ofrendas florales en las cruces que se encuentran ubicadas en el monumento de Aguas Blancas. 

A las 10:00 de la mañana, organizaciones sociales entre las que destacan la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y profesores de la Preparatoria Popular de El Quemado en Atoyac de Álvarez, arribaron y por su cuenta colocaron coronas de flores. 

Recriminaron al Gobierno la falta de ayuda para las víctimas sobrevivientes y sus familias, así como la falta de justicia. 

Colocaron veladoras en cada una de las cruces situadas en el monumento con los nombres de los 17 campesinos asesinados a manos de la Policía Motorizada y Policía Judicial (PJ).

Con cubrebocas puestos, ante más de 26 personas entre los que había uno de los sobrevivientes, en punto de las 10:38 horas (hora en que fueron masacrados los campesinos), se dio lectura al comunicado oficial por parte de la OCSS, encabezada por la luchadora social Norma Mesino Mesino. 

Aseguró que a 25 años de opacidad e injusticia no hay apoyo para las familias de las víctimas y los sobrevivientes. 

Culpó al ex gobernador priista Rubén Figueroa Alcocer de haber dado la orden de detener a los campesinos que se trasladaban al municipio de Atoyac de Álvarez en apoyo a una manifestación. 

“Hoy en día los autores materiales fueron liberados y exonerados con diferentes colores partidarios, pero con la misma esencia corruptos. Los asesinos fueron mantenidos en el poder, mientras una parte del poder se olvidó de las víctimas de Aguas Blancas”.

Mesino Mesino agregó que “el gobierno guerrerense declara que la masacre es cosa juzgada, condicionando al silencio de algunas víctimas y deudos al entregarles anualmente tres mil pesos por abogados corruptos, coludidos con el gobierno”.

 

A este comunicado se agregó la postura de la docente de la Preparatoria Popular de El Quemado, Juanita Guzmán Reyna, quien expresó que a 25 años del asesinato de los campesinos, la sociedad se encuentra indolente al burocratismo, en la impartición de justicia. 

Urgió al Gobierno de México a que dé cabal cumplimiento a la sentencia emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).