BOLETÍN|DCS
Chilpancingo, Gro.
16 de marzo del 2021.
Para garantizar sus derechos conforme a lo que establecen las constituciones políticas federal y estatal, así como los instrumentos internacionales de que México forma parte, la diputada Fabiola Rafael Dircio presentó una iniciativa de Ley de Protección, Hospitalidad y Apoyo a los Migrantes y sus Familias del Estado de Guerrero.
En la propuesta que se turnó a la Comisión de Atención a Migrantes para su análisis y emisión del dictamen respectivo, la legisladora expone que la emigración es un fenómeno social que afecta de manera considerable a las familias del estado de Guerrero, por el constante desplazamiento geográfico de su masa poblacional, tanto individual como grupal.
Abundó que entre las causas sociales que generan el desplazamiento están la inseguridad, los altos índices de desempleo y la pobreza extrema, que se compaginan con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se indica que el 66.5 por ciento de los habitantes de esta entidad viven en pobreza, ocupando el segundo lugar a nivel nacional, únicamente superado por el estado de Chiapas, con 74.7 por ciento.
Externó que dicha situación trae como consecuencia que nuestros paisanos se vean obligados a emigrar a otros estados como Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, para trabajar como jornaleros agrícolas, o en muchos de los casos a países del norte del continente, específicamente Estados Unidos de América y Canadá, algo que usualmente hacen de manera ilegal y que pone en riesgo su integridad física.
Por todo lo anterior es que Rafael Dircio resalta la importancia de una coordinación interinstitucional entre dependencias federales, estatales y municipales, con el involucramiento de los sectores sociales, para un programa de estímulos que permitan al migrante retornado las facilidades necesarias para su reincorporación a la vida social, laboral, económica y cultural en la entidad.
Además, plantea la implementación de acciones que permitan que los migrantes puedan realizar la certificación de sus habilidades adquiridas durante su internamiento en otro país o estado, con la finalidad de que se sientan incluidos y aceptados por los órganos de gobierno y la sociedad civil.
