JUSTICIA

Morena pide justicia para el diputado suplente asesinado en Acapulco

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***También solicita “garantizar el proceso electoral”

Juan Blanco/API
Chilpancingo, Gro.
10 de Septiembre del 2020.

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), exigió al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barilla, investigar el asesinato del diputado local suplente de este instituto político en el Congreso local, Alejandro Toledo Morales.

Además, pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores garantice la seguridad de la militancia del partido y pueblo en general para evitar un proceso electoral violento.

Este jueves, integrantes del CEE de Morena ofrecieron una conferencia de prensa en sus oficinas para reiterar su llamado a la militancia, simpatizantes y sociedad guerrerense a seguir respetando las medidas sanitarias anti Covid-19, a efecto de disminuir los contagios y fallecimientos por esta enfermedad viral.

También, les insistieron participar con sus firmas en el proceso para llevar a juicio a los ex presidentes de la República, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Pelipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Respecto al asesinato a balazos de Toledo Morales, suplente del lejislador de Morena en el Congreso local, Moisés Reyes Sandoval, ocurrido ayer en Acapulco, el secretario general del CEE, Marcial Rodríguez Saldaña lamentó el crimen y exigió al “Fiscal del Estado la inmediata investigación de los hechos y sanción a los responsables”.

El dirigente condenó que este hecho se haya suscitado en medio del inicio del proceso electoral en Guerrero, decretado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el estado.

Dijo que con Toledo Morales, serían dos los integrantes de las filas de Morena ejecutados a balazos en lo que va del año. El primero es el ex candidato a la presidencial municipal de Arcelia, Herón Sarabia Mendoza, quien fue privado de la vida en el municipio de Tlapehuala, el sábado 22 de agosto de este año.

Ante lo anterior, Rodríguez Saldaña demandó a Astudillo Flores establecer todas las medidas de seguridad para la militancia, simpatizantes de Morena y para la población en general, en este proceso electoral 2020-2021.

Sobre esto último, el CEE dijo estar preparado para participar y “se plantea ganar la mayoría de Presidencias Municipales, la mayoría calificada en el Congreso del Estado, la totalidad de diputaciones federales y la gubernatura del Estado, con un proyecto alternativo para instaurar la Carta Transformación en Guerrero”.

Llama diputado a autoridades a dar con el paradero de los asesinos de su suplente.

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Karla Sosa/NOTYMAS
Acapulco, Gro.,
9 de Septiembre de2020 

El diputado local de Morena, Moisés Reyes Sandoval llamó a autoridades estatales a investigar el asesinato del  diputado suplente, Alejandro Toledo Morales.

En entrevista, a fuera de las instalaciones de la Fiscalía regional en Acapulco, Reyes Sandoval dijo confiar en las autoridades del gobierno del estado quiénes ya investigan los motivos del crimen.

“Confío totalmente en las investigaciones que se encuentra realizando la Fiscalía General de Guerrero, hago un llamado para que haya justicia y para que pronto se sepan los actos que comienzan a inturviar el proceso electoral que precisamente hoy inicia”, expresó Reyes Sandoval.

Por último, dijo que espera haya resultados muy pronto por parte de las autoridades correspondientes y que se de con el paradero de los responsables del crimen. 

Familiares y amigos de diputado suplente asesinado, exigen justicia en la FGE

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API
Acapulco, Gro.
09 de Septiembre del 2020.

Familiares y amigos del diputado suplente del Distrito 07 de Acapulco, Alejandro Toledo Morales, se reunieron a las afueras de la Fiscalía Regional de Acapulco, para demandar justicia por el homicidio.

Es un grupo de al menos 30 personas que llegaron con pancartas en mano, solicitando una reunión con el titular de esta dependencia para exigirle el pronto esclarecimiento del caso y, la detención de los responsables.

Alejandro Toledo Morales, suplente del diputado Moisés Reyes Sandoval, fue asesinado la mañana de este miércoles y su cuerpo hallado en las inmediaciones de un club de Golf de Playa Bonfil en la zona Diamante del puerto.

Hasta el momento el Gobierno de Guerrero, la Fiscalía o el Gobierno de Acapulco no han emitido una postura al respecto. Solo el diputado morenista Reyes Sandoval envió a través de redes sociales sus condolencias a la familia y, por la misma vía exigió justicia. 

Piden justicia para tres vecinos de Rio Iguapa; llevan más de tres meses detenidos injustamente

por

**Bruno Placido somete a la CRAC-PC acusan

**Amenaza Bruno Placido Valerio con detener a todos los testigos que favorezcan a los acusados.

**Ya interpusieron denuncia en el ministerio publico contra Bruno Placido, pero no hay avances

**Las amenazas provocaron el desplazo forzado de Rodrigo Cano, Hijo y hermano de los detenidos, que lucha por su liberación

Redacción
San Luis Acatlán, Gro.
1 de julio de 2020

Ante la delegación de derechos humanos de la Costa Chica, acudió el indígena mixteco Rodrigo Cano Pablo para denunciar la privación ilegal de la libertad de su padre y hermanos, por parte de la CRAC-PC y Bruno Placido Valerio.

Cano Pablo detalló que a su padre José Cano Hernández fue detenido el pasado 24 de marzo en una asamblea celebrada en Arroyo Faisán de Rio Iguapa, reunión donde se trataba la muerte violenta del comisario de esa comunidad Andrés Cano Simón, tío del denunciante, y que en esa reunión a la hija del occiso, Lorenzo Cano Vicente señaló a José Cano como presunto homicida de su padre, sin presentar ninguna prueba, y solo hace la afirmación por que al momento del homicidio el culpado no se le encontró en la comunidad.

Cano explicó que al día siguiente 25 de marzo, a su domicilio se introdujeron elementos de la Policía Comunitaria CRAC-PC de la comunidad de Buenavista, deteniendo a sus dos hermanos, Benito y Francisco, acusándolos también del homicidio del comisario de Río Iguapa, Adres Cano Simón, asesinato ocurrido en la comunidad el pasado 23 de marzo de este año.

Tanto su papá como sus hermanos fueron trasladados a Buenavista donde permanecieron incomunicados por un mes, pero reciente a su detención no les dieron comida y agua por dos o tres días, por órdenes de Bruno placido Valerio como parte de las torturas que aplica para que se declararan culpables.

Respecto a los argumentos de que su papá no estaba en su casa cuando sucedió el homicidio del comisario, precisó que fue debido a la enfermedad que padecía su mamá, Leobigilda Pablo Olmedo, que murió también el 23 de marzo, misma fecha del homicidio del comisario de Rio Iguapa.

Explicando que cuando fue el homicidio del comisario Andrés, su papá y mamá estaban en Buenavista buscando un curandero para que atendiera a su mamá, y pasaron un buen rato con el suegro de su hermano Benito, incluso acudieron a la iglesia de Buenavista para que le rezara a su mamá que se encontraba grave de salud.

Rodrigo Cano aseguró que a mediados de mayo los coordinadores le pidieron que integrantes de la familia acudieran a la casa de justicia de El Tamarindo para pedir la liberación de los detenidos, proponiendo los coordinadores que liberarían a los dos hermanos y quedaría detenido solo José Cano Hernández en lo que terminaba la investigación.

Ante esta opción, Bruno Placido Valerio estalló pidiendo a los coordinadores de la CRAC no liberar a nadie, incluso ha amenazado con detener a todo aquel que quiera testificar a favor de los detenidos injustamente, y en las comunidades de Buenavista y Rio Iguapa ha dicho que la CRAC le obedece a él, por lo que si alguien llega a denunciarlo este inmediatamente lo va detener, causando miedo con los pobladores.
Estas amenazas provocaron el desplazo de Rodrigo Cano Pablo, que huyó de su comunidad de origen y desde fuera lucha por conseguir la libertad de sus familiares, acudiendo ante las autoridades, pero lamentó que el sistema de justicia responda a los intereses de Bruno Placido, debido a que también ya se presentó al ministerio público de San Luis Acatlán y hasta el momento no hay ningún avance de las investigaciones, también se refirió a la Comisión de Derechos Humanos, donde debido a la contingencia por Covid-19 no pudo interponer su queja en contra del ministerio público y en contra de Bruno Placido, ya que como comisario privó ilegalmente a sus familiares y ha amenazado a otros.

En Gobierno de AMLO no ha habido justicia para Aguas Blancas: sobreviviente

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Edgar de Jesús/API
Coyuca de Benítez, Gro.
29 de Junio del 2020.
 
Para Mauro Hernández Lozano, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, recordar lo ocurrido el 28 de Junio de 1995 es revivir el suceso que enlutó a 17 familias campesinas. 

Es Originario de la localidad de Atoyaquillo en el municipio de Coyuca de Benítez, desde donde este día se traslado al vado de Aguas Blancas donde ocurrieron los hechos. 

En entrevista, explica que ha pasado su vida, a 25 años de la masacre, marcado por las secuelas de este terrible hecho ejecutado por las propias autoridades.

Declaró que desde el año 1995 ha luchado con sus propios medios económicos, así las familias cuyo familiar perdieron la vida, para que el Gobierno de la República y estatal, hagan válida la reparación del daño. 

“Hasta ahorita he visto que el gobierno no ha querido hacer caso a las peticiones que le hacen las organizaciones y sobrevivientes también, y no ha querido –el gobierno- hacer nada, hemos metido muchos documentos al gobierno, pero no ha contestado si sí o no”.

Hernández Lozano cuenta que él fue el conductor de la urvan que transportaba a los campesinos, en el momento en que fueron atacados por policías motorizados y judiciales. 

“Nosotros lo que pedimos es la reparación del daño para todos y yo como chofer de la camioneta –pasajera-, perdí mi trabajo y he estado exigiendo al gobierno que me tome en cuenta la pérdida de mi trabajo que era el transporte”, detalló. 

Aseguró que desde la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien era Presidente de la República durante el período en que ocurrió la masacre, así como en los sexenios panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa y el priista de Enrique Peña Nieto, no hubo respuesta a sus solicitudes de apoyos económicos, despensas y en materia de salud para las víctimas y sus familias. 

“Hicimos peticiones y peticiones y como que no, ni respuesta de nada”; lamentó, agregando que a casi dos años del Gobierno del Gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tampoco ha habido ni apoyo ni justicia. 

Lamento que hasta el momento no hay castigo para los autores intelectuales de la masacre de Aguas Blancas, “pues estos gobiernos, ni el que está ahorita ha dado solución de nada”. 

El pueblo pide justicia: Yoloxóchitl

por

***Piden que se castiguen a los asesinos de una pareja en agosto de 2016

***Confirman que fueron cuatro los detenidos, y solo uno se identificó como coordinador de la CRAC, por lo que quedaron como civiles armados

***Les decomisaron un rifle M1, una pistola calibre 38 súper, una pistola calibre 38 especial, y unja pistola calibre 9 milímetros y el automóvil con reporte de robo.

Redacción

San Luis Acatlán, Gro.

25 de marzo de 2020

Después de que el periódico El Faro publicara la información del conflicto de Yoloxóchitl con la CRAC, autoridades de esa comunidad se comunicaron vía telefónica a este medio de comunicación para señalar que lo publicado por ese medio era mentira, tendencioso y se inclinaba a favor del gobierno municipal, por lo que pidieron un espacio para hacer algunas precisiones de los hechos que se suscitaron el pasado viernes 20 y sábado 21.

Lo primero que confirmaron es que fueros cuatro los detenidos por la comunidad de Yoloxóchitl, y para ellos eran civiles armados, ya que no portaban credenciales que los acreditaran como Policías Comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, excepto el coordinador Vicente González.

Señalaron que los hechos se registraron alrededor de las 20:40 horas del viernes 20, en un puesto de revisión que instalaron los policías de la comunidad en la entrada del pueblo, para revisar a los automovilistas que circulan por allí, principalmente para evitar que pobladores se introduzcan bebidas alcohólicas a la comunidad, debido a que existe un acuerdo en la comunidad para comprar solo cervezas en la comunidad, esto por una aportación que la cervecera hizo por la exclusividad de venta en Yoloxóchitl.

Dijeron que al revisar el vehículo tipo Tsuru les encontraron varias armas, un rifle M1, una pistola calibre 38 súper, una pistola calibre 38 especial, y unja pistola calibre 9 milímetros, por lo que procedieron a detenerlos por identificarse plenamente, y posteriormente corroboraron que el vehículo en el que viajaban presentaba reporte de robo.

Los detenidos fueron identificados como Vicente González Lauro, como coordinador de la CRAC- PC, originario de Cuanacaxtitlán, Julián Díaz Vázquez originario de Horcasitas, Cecilio Severiano Merino originario de El Carmen, Rafael Oropeza Castro originario de Arroyo Mixtecolapa.

Por otro lado también confirmaron la detención por parte de la CRAC-PC del hermano del alcalde, Noé Ricardo Morales, el cual supuestamente fue golpeado, al mismo tiempo que afirmaron que impidieron el paso de un sacerdote que acudía a la comunidad a realzar un enlace matrimonial, y también a unos integrantes de un grupo musical.

Respecto a la negociación señalaron que iniciaron desde las 11:30 de la mañana del día sábado 21 y terminó ya cerca de las 21 horas, asistiendo a las negociaciones los comisarios de Buenavista, Zoyatlán, Horcasitas, Nejapa, El Carmen y Jolotichán.

Sobre estas negociaciones señalaron que acordaron la liberación de los detenidos y del carro, el cual fue entregado a los coordinadores de la CRAC-PC, con la intención que lo entreguen a la fiscalía para que lo reclame su legítimo dueño, aseguraron que las armas no fueron entregadas y quedaron a cargo de la comisaría de Yoloxóchitl.

Petición de Justicia

Expusieron que los ciudadanos exigen justicia por el asesinato del matrimonio conformado por Joaquín Sotero Mateo y Prudencia García Federico, en manos de elementos de la Policía Comunitaria el pasado 15 de agosto de 2016.

“El pueblo pide justicia por la muerte de nuestros vecinos, la CRAC está protegiendo a los asesinos” señalaron, al aclarar que el pueblo sigue esperando que sean castigados los responsables, pero sin embargo hasta este 2020 no se tiene ninguna investigación del caso.

No se retirarán órdenes de aprehensión contra la CRAC-PF y Paz y Justicia: Astudillo

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Bernardo Torres/API 
 
El Jagüey, Gro. 03 de Febrero del 2020.- Al visitar las comunidades de Alcozacán y El Jagüey, el gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, advirtió que no se retirarán las órdenes de aprehensión que hay en contra de miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC), y la Policía Comunitaria por La Paz y la Justicia.
 
Esto, luego de en la comunidad de El Jagüey, municipio de Chilapa, el coordinador del grupo armado, denominado “Paz y Justicia”, reprochara al mandatario estatal el apoyo que está brindando a la CRAC tras el asesinato de cuatro músicos.
 
A esta localidad, acudió el gobernador, con su esposa Mercedes Calvo y secretarios de Estado, para entregar diversos apoyos sociales y proyectos productivos para diferentes localidades, donde fue encarado por el dirigente del grupo “Paz y Justicia”, Severino Tlacotempa.
 
En su intervención, pidió al gobernador que no haya impunidad en los asesinatos que ha dejado esta confrontación, que de ese lado ha dejado 21 familias en el desamparo, y le exigieron que se ejecuten las 80 órdenes de aprehensión contra miembros de la CRAC.
 
Criticaron que hasta en dos ocasiones, el gobernador ha visitado la localidad de Alcozacán, y al resto de las comunidades las tenía olvidadas, y demandaron que haya apoyos de manera igualitaria, y que nadie se haga víctima por los hechos ocurridos.
 
Específicamente, pidió que a las familias de los 21 caídos que tiene su organización, se les construyan viviendas, como se hará con las familias de los 10 músicos asesinados, exigencia a la que el mandatario accedió.
 
En el Jagüey, Astudillo Flores, dijo ser consciente del conflicto armado que tienen las dos organizaciones, y los llamó a frenar las agresiones, a recobrar la paz, y a la vez buscar el desarrollo de los pueblos.
 
En respuesta a la demanda del coordinador de Paz y Justicia, señaló; “quiero dejar claro que no me eh comprometido con nadie a dejar sin efecto las órdenes de aprehensión, eso no me corresponde, tiene que hacerlo en todo caso la Fiscalia General del Estado o el Poder Judicial”.
 
También manifestó en ambos poblados, que como titular del Ejecutivo Estatal no va a tomar partido por ninguna organización, pues su función como gobernador es garantizar la paz para todas las comunidades.
 
En Alcozacán, donde tuvo lugar el primer acto, el gobernador hizo un llamado a las comunidades en conflicto a evitar los pleitos y confrontaciones, “los enemigos no son los pueblos, los enemigos son la pobreza y quienes están fuera de la ley, los pueblos son hermanos”.
 
En ambas comunidades, reiteró “no olvido que hubo un crimen, y se está trabajando para encontrar y castigar a los responsables”, dijo ante los reclamos de justicia de los pobladores.