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Chilpancingo, Gro. 19 de Marzo del 2020.- La irrupción de integrantes del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) en las comunidades El Balzamar y Carrizal, en la zona serrana del municipio de Leonardo Bravo, provocó el desplazamiento de familias en este último poblado.
Algunos de los afectados, quienes este jueves se trasladaron a Chilpancingo para solicitar la intervención de Derechos Humanos, no precisaron el número de personas que se vieron forzadas a huir, pero informaron que ya se refugian en la cabecera municipal Chichihualco.
Dijeron que en Carrizal habitan alrededor de 3 mil personas, a algunas de las cuales están saqueando y robando sus pertenencias por parte de esa organización armada, acusada de estar al servicio de una célula delictiva que controla el corredor Xochipala-Filo de Caballos.
Los señores, quienes pidieron no ser fotografiados por temor de ser asesinados, acusaron que no hay presencia del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal en la zona del conflicto.
Pobladores reportaron este miércoles la irrupción de gente armada en El Balzamar y Carrizal de Bravo, lo que derivó en un enfrentamiento contra sicarios del Cártel del Sur. Se presume que habría tres muertos.
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Ante avance de grupo armado hacia Leonardo Bravo, desplazados de la Sierra se trasladarán a la capital
Bernardo Torres/API
Leonardo Bravo, Gro. 18 de Marzo del 2020.- Ante el avance del grupo armado autodenominado Policía Comunitaria de Tlacotepec, hacia la cabecera municipal de Leonardo Bravo, desplazados de 12 comunidades, adelantaron que avanzarán a la capital del Estado, para instalarse en Palacio de Gobierno o la sede de la Comisión de Derechos Humanos.
Esto luego de que la policía comunitaria, avanzara la mañana de este miércoles a las comunidades de El Carrizal de Bravo y El Balzamar, donde durante el día se reportaron enfrentamientos armados con otro grupo con quien se disputan el control de la zona.
Por la tarde, los desplazados ofrecieron una conferencia de prensa, donde exigieron al Gobierno Federal, un despliegue efectivo de la Guardia Nacional que frene el avance de dicho grupo, pues temen por la integridad de las 120 familias que se encuentran en Chichihualco.
Maricela Cástulo Guzmán, originaria de la comunidad de Los Morros, y también desplazada, lamentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya incumplido uno de los temas prioritarios, que era la seguridad, y la instalación de filtros de la GN en los tres principales accesos a la cabecera.
Reprochó que a más de un año del desplazamiento forzado del que fueron víctimas, los responsables sigan operando impunemente y hasta con la complicidad de las autoridades y los desplazados no tengan la mínima esperanza de regresar a sus hogares.
Dijo que tienen temor de que se cumpla la amenaza, pues los últimos enfrentamientos se han registrado a escasos 40 minutos de la cabecera municipal, “casi a nada de llegar”, mientras la presencia de las autoridades es nula.
Dijeron que desde que se enteraron de los movimientos por la mañana, dieron parte al subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas y al subsecretario de Seguridad y Combate al Delito, Miguel Ángel Urrutia, pero hasta cerca de las 16:00 horas aún no había presencia policiaca.
En esta conferencia estuvo presente el director del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, quien reprochó el abandono al que el gobierno estatal y federal han sometido a los desplazados, sin apoyo para la renta, alimentación y sin seguridad.
Advirtió que de no ser atendida esta crisis de seguridad, está misma semana podrían tener otras dos comunidades desplazadas, además de que las 120 familias que permanecen en Chichihualco bajarían hasta la capital e instalarse en la sede de la CDHEG, incluso en Palacio de Gobierno.