PIDE DIPUTADA NORMA OTILIA HERNÁNDEZ QUE SE OTORGUEN CONCESIONES A LOS AUTÉNTICOS TRABAJADORES DEL VOLANTE

BOLETIN|DCS
Chilpancingo, Gro.
22 de febrero del 2021.

La Comisión de Transporte del Congreso del Estado analiza un acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal a efecto de que instruya al jefe de la Oficina del Gobernador y al director de Transporte y Vialidad, para que implementen un estudio técnico integral del transporte público en la entidad, que permita conocer a los trabajadores que cumplieron con los requisitos y la antigüedad para ser beneficiados con una concesión de transporte.

Esto a propuesta de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, quien en el documento expresa que el problema del transporte es añejo y se ha venido profundizando y agravando en los últimos años.

Indicó que no se puede culpar a nadie, sino tomar decisiones firmes y acertadas en beneficio de los trabajadores del transporte público, pero también a favor de las necesidades colectivas de las y los guerrerenses.

Indicó que los transportistas han señalado que al final de cada sexenio se otorgan las concesiones sin estudio técnico y que, en muchas ocasiones, no corresponden a lo estipulado con la Ley, por lo cual hizo un llamado al Ejecutivo estatal para que estos permisos se otorguen en igualdad de condiciones y con base a la Ley y el Reglamento de Transporte y Vialidad de la entidad, teniendo como prioridad a los verdaderos trabajadores del volante.

Para ello, Hernández Martínez manifestó que es indispensable que la Dirección Técnica de Transporte y Vialidad elabore un estudio técnico integral que permita conocer a quienes cumplieron con los requisitos y la antigüedad para ser

beneficiados con una concesión de transporte público, ya que en muchas ocasiones se otorgan a personas que no son trabajadores, y peor aún, no cumplen con los requisitos señalados por la Ley y el Reglamento. “Es importante apegarnos a los principios de legalidad, honestidad y transparencia en beneficio de los trabajadores del transporte”, apuntó.

EXHORTAN A MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA QUE RESPETEN EL ESCALAFÓN EN PROMOCIONES Y ASCENSOS DE TRABAJADORES

BOLETIN|DCS
Chilpancingo, Gro.
17 de febrero del 2021.

A la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo se turnó un exhorto a los 80 ayuntamientos del estado y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, para que apliquen el escalafón en igualdad de condiciones para las promociones y ascensos de trabajadores de base, buscando siempre el bien común, equidad, legalidad, certeza, imparcialidad, salvaguardando los derechos laborales y factores escalafonarios previstos en la Ley y el Reglamento.

Esto a propuesta de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez (Morena), quien refirió que una práctica recurrente es que en el último año de administración, los ayuntamientos otorgan ascensos a trabajadores que no cumplen a cabalidad con las bases establecidas en la Ley, dejando en la indefensión a los que sí cumplen con lo señalado en la normativa.

Explicó que la Ley Número 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, señala claramente los requisitos para que se les pueda otorgar un beneficio los trabajadores.

Por esto, Hernández Martínez considera necesario solicitar a las autoridades municipales que respeten los procedimientos escalafonarios para efectuar los ascensos de los trabajadores de base.

Acuerdos

A la Junta de Coordinación Política se turnó un Punto de Acuerdo propuesto por el diputado Carlos Cruz López (Morena) para citar

a comparecer ante el Congreso al secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado y a las presidentas de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje y de Justicia Administrativa, a efecto de que rindan un informe del estado que guardan dichas instancias jurisdiccionales.

En el acuerdo, el legislador señala que, a pesar de que los juzgados locales y federales que están en el estado, así como los de otras entidades están en funciones desde hace más de diez meses, respetando las debidas medidas y protocolos sanitarios, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal y Juntas laborales siguen cerradas, no admiten demandas, no señalan fechas para desahogo de pruebas y mucho menos ejecutan sentencia ni laudos que ya causaron ejecutoria.

Estas omisiones, agregó provocan una terrible violación a los derechos humanos de los justiciables, por negarles el acceso a la justicia, lo que se traduce en una inobservancia a la Carta Magna y a los pactos internacionales que el Estado Mexicano ha celebrado.