Boletin DCS
Congreso del Estado
Chilpancingo, Gro.
]18 de octubre del 2020.
La diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de adición al Código Penal del Estado para tipificar como delito el “acoso sexual callejero”, con la finalidad de erradicar este tipo de conductas que laceran la dignidad de las mujeres.
La legisladora del Partido del Trabajo (PT) propone que dicho delito se castigue con 3 y hasta 8 años de prisión, y si es cometido contra menores de edad, cuando exista la participación de dos o más agresores o la conducta sea realizada por servidores públicos, la penalidad referida se duplique.
Refirió que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la “Convención Belem do Para”, considera como violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado.
Explicó que en Guerrero la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en 2016, reflejó que 57.5% de las mujeres encuestadas indicaron haber sido víctimas de violencia de género y que uno de los espacios públicos donde mayormente se ejerció la violencia contra las mujeres es la calle, con 65.3%.
La legisladora se refirió a un hecho difundido a través de redes sociales en días pasados en Chilpancingo, donde un sujeto se masturbó dentro de una urvan del transporte público, lo cual refuerza la necesidad de legislar al respecto.
Mosso Hernández cuestionó que no ha sido suficiente que en los artículos que conforman la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado se establezcan el hostigamiento y acoso sexual como delitos, pues el acoso en espacios públicos, parques, calles y transporte, sigue siendo “invisibilizado”, a pesar de que frecuentemente se cometen y dañan la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres.
La propuesta que adiciona el artículo 186 Bis al Código Penal para el Estado fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
