BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.
24 de septiembre del 2020.
Diputadas y diputados de los distintos grupos y fracciones parlamentarias representadas en el Congreso del Estado reiteraron el compromiso de seguir abiertos al diálogo con los movimientos sociales, en un ámbito de respeto y tolerancia, y se pronunciaron en favor de que finalmente se dé a conocer lo ocurrido hace seis años y se haga justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Norma Rural de Ayotzinapa.
Inicialmente, el diputado de Movimiento Ciudadano, Arturo López Sugía, resaltó que las manifestaciones de violencia, aunque no se justifican, reflejan los resabios de la corrupción, del poco compromiso para investigar debidamente, de la manipulación de documentos, de los errores del pasado que han costado vidas, de la vigente impunidad y las injusticias.
Dijo que a través de la Comisión Especial de seguimiento el Congreso ha coadyuvado con el esclarecimiento del caso, aunque lamentó que no tengan facultades de investigación, pero sí dedicación y esmero para darles seguimiento.
Al final se sumó a la exigencia de justicia y confió en que el Gobierno Federal proporcione respuestas que satisfagan a los padres de los normalistas, porque “a casi 6 años de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes, a Guerrero le sigue doliendo; necesita justicia y todos nos unimos a ese clamor”.
A nombre del Partido Acción Nacional, la diputada Guadalupe González Suástegui aseguró que aunque la herida social por la desaparición de los 43 estudiantes permanece abierta, no es motivo para la institucionalización de la violencia por quienes exigen justicia, y manifestó que su partido continuará
pronunciándose por la tutela jurisdiccional y el acceso a la justicia es este caso.
La legisladora confió también en el presidente de la República brinde el próximo 26 de septiembre un informe técnico y serio que realmente ayude a esclarecer los hechos, y reiteró que el Congreso estará atento y mantiene extendida la mano,” sin odios y sin violencia, dentro de los parámetros de la ley, para el seguimiento y búsqueda de la justicia”.
En su intervención, la diputada del Partido del Trabajo, Leticia Mosso Hernández, refirió que sin duda alguna la forma de manifestarse no es la correcta; sin embargo, “esto debe sensibilizarnos para ponernos en su lugar y saber que es su desesperación por no haber resultados en la investigación del caso que les dé una esperanza de encontrar con vida a sus familiares”.
Mosso Hernández hizo un llamado a las autoridades involucradas para que asuman con responsabilidad el cargo que les fue conferido y que de acuerdo a sus atribuciones, los diputados hagan lo propio para coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos y garantizar el derecho de los hoy manifestantes a conocer la verdad y sancionar a los responsables.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Manuel Quiñónez Cortés destacó que el Caso Ayotzinapa ha tocado las fibras más sensibles y profundas de la mayoría de los mexicanos, y que la indignación, repudio y coraje se han hecho presentes en las manifestaciones de reclamo en el estado, en México y en el mundo.
El legislador reconoció que la única verdad aceptada será aquella que investigue y esclarezca hasta sus últimas consecuencias estos lamentables hechos, con pulcritud, transparencia, precisión y sin intentar endilgarle a la sociedad mentiras y engaños.
Por último, dijo que la bandera de justicia y de lucha por el esclarecimiento del caso es indudablemente legítima, pero no se
debe desvirtuar con la ruta de la confrontación y la violencia, “porque hoy más que nunca Guerrero necesita de la unidad y de actuar con responsabilidad y compromiso social”.
El diputado Bernardo Ortega Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, señaló por su parte que los legisladores guerrerenses “no hemos hecho oídos sordos ante el reclamo de justicia; hemos manifestado nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento, pero con responsabilidad y atendiendo los ámbitos de competencia, porque el asunto está en la esfera de la Fiscalía General de la República, y quien tiene la facultad para resolver sus demandas es el Ejecutivo federal”.
Sin embargo, precisó que el Congreso seguirá participando como mediador en las demandas del movimiento, pero basados en el diálogo y el sano entendimiento.
“La herida que tiene Guerrero y México por los hechos trágicos ocurridos en Iguala hace seis años sigue abierta y seguirá siendo un oprobio a la justicia. Sin embargo, reiteramos que a través de diálogo todo, con la violencia nada; a través de manifestaciones violentas no se podrá obtener justicia”, refirió.
Del Partido Revolucionario Institucional, su coordinador, el diputado Héctor Apreza Patrón, urgió resultados de las investigaciones correspondientes para encontrar a los autores intelectuales y materiales de los hechos de Iguala, aunque recalcó que esto no justifica ningún tipo de violencia, lo cual es reprobable, porque “primero está el diálogo”.
Han pasado ya seis años y es imperante que se obtengan resultados que otorguen paz a los afectados, dijo, “pero en un acto de responsabilidad, los actores políticos no deben alentar la confrontación para generar más crisis. Yo confió que las autoridades federales ofrezcan este sábado respuestas satisfactorias que ayuden a la impartición de justicia”, concluyó.
Por último, el diputado Jesús Villanueva Vega, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, indicó que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un acontecimiento que puso
de manifiesto el alto grado de violencia, impunidad y violación de los derechos humanos que privaba en el régimen anterior.
Aseguró que su fracción se ha conducido de manera congruente con sus principios y compromiso con los movimientos sociales, e hizo pública su posición de aliados ante un movimiento justo y legítimo, a pesar de que el Congreso no es la autoridad competente.
“No se justifican sus actitudes, pero las entendemos”, dijo, y ofreció seguir abiertos al diálogo y al entendimiento, basados en el respeto y la tolerancia, reiterando su disposición de acompañar y coadyuvar en el ámbito estatal o f