Congreso

PROPONEN REFORMA PARA QUE AYUNTAMIENTOS GARANTICEN LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA ASIGNACIÓN DE CARGOS

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BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.
30 de octubre del 2020.

El diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para que dentro de la estructura de los ayuntamientos -secretarías, direcciones y departamentos- se implemente el principio de paridad de género a la hora de designar sus titulares.

La propuesta que fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación pretende generar un equilibrio entre los diferentes cargos administrativos, para que la mujer no sólo pueda estar al frente de los ayuntamientos, sino que también, a través del Cabildo Municipal, sean designadas en la Secretaría General, Oficialía Mayor, Tesorería, Obras Públicas, entre otros cargos al interior de la administración municipal.

Cabada Arias refirió que se ha avanzado en el tema de paridad de género para que hoy en día exista un equilibrio de casi 50 por ciento para ambos sexos; sin embargo, aún hay muchos temas en el tintero para lograr tener una equidad de género sustantiva y las políticas en el tema lleguen a otras instituciones del estado, para que se reconfigure el concepto de participación política y la lucha de las mujeres.

El diputado enfatizó la importancia de adicionar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para que dentro de la estructura de los ayuntamientos en las distintas secretarías o direcciones se considere la paridad de género como un derecho y no sólo les sea asignada la Secretaría de la Mujer; es decir, que se garanticen los espacios en igualdad de porcentaje para mujeres y hombres.

Por lo anterior, hizo un llamado a sus homólogos a crear conciencia sobre los estereotipos y borrar ideas erróneas sobre

que las mujeres no pueden ocupar cargos importantes, y seguir trabajando en leyes para que los partidos políticos y las instituciones electorales garanticen que la paridad de género sea una realidad en todos los ámbitos.

EXHORTAN A GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPALES PARA QUE IMPLEMENTEN ACCIONES EN FAVOR DE LA PRODUCCIÓN DEL COCOTERO EN GUERRERO

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BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.
29 de octubre del 2020.

La LXII Legislatura exhortó al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; a los 80 ayuntamientos y al Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres, para que fortalezcan la cadena productiva del coco a través de una investigación científica y tecnológica, que incluya producción, procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización, y englobe proyectos de valor agregado del producto.

Esto a propuesta de los diputados Ossiel Pacheco Salas, Alfredo Sánchez Esquivel (Morena) y Arturo López Sugía (MC), quienes en el documento señalan que el cocotero tiene años en una situación de apremio, con sus altas y bajas en la producción y costos, y con una baja en su extensión o cantidad de palmeras.

Manifiestan que México es el principal productor de copra en América, con 202.6 mil toneladas al año y un valor de la producción de alrededor de 79 millones de dólares; esto a pesar de que, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la superficie de cocotero en México hace 40 años era de 200,000 hectáreas y actualmente es de 80,000.

Apuntaron que el estado de Guerrero cuenta con casi el 50 por ciento del total nacional, y que la Costa Grande, Costa Chica y Acapulco son los mayores productores de coco, y abundaron que, sin embargo, la baja productividad y el crecimiento de este sector encierran varios factores, como el envejecimiento de las

palmeras, falta de replantación y las plagas que atacan a las palmeras.

Refieren que al paso de los años este producto se ha estancado tanto en su mejora de sembradío, cuidado fitosanitario, producción y diversidad en el agregado de sus productos que aumenten su mejoramiento en todos esos rubros; calidad y mejora en el valor, y que aunque el Gobierno del Estado expidió el Programa de Renovación de Plantaciones de Cocotero para el Ejercicio Fiscal 2019, éste es noble pero limitado, y ayuda en poco a las necesidades de los productores guerrerenses.

Puntualizan que se requiere y urge tener una vocación agroindustrial que sirva de palanca de desarrollo e impulso a todo el sector agrícola, con desarrollo científico y tecnológico que permita crear oportunidades de desarrollo, con nuevas infraestructuras y recursos alineados con los sectores productivos de la entidad.

El exhorto a las dependencias federales y estatales, así como los ayuntamientos de las regiones de la Costa Chica, Costa Grande, Acapulco y al Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres, además de fortalecer la cadena productiva del coco a través de una investigación científica y tecnológica, es para que apoyen a los productores mediante programas de renovación y mejoramiento de palmeras; monitoreo y combate de plagas y enfermedades en las plantas, que les permita obtener una mayor cantidad y calidad de producto, en beneficio de los campesinos y sus familias.

Intervenciones

Al participar en relación con la comparecencia de los secretarios de Despacho con motivo del Quinto Informe de Gobierno, el diputado Carlos Cruz López (Morena) dijo que pese a la pandemia sanitaria, dicho acto debería ser de manera presencial ante el Pleno o comisiones legislativas, cuidando de implementar todas las medidas de seguridad y protocolos de

cuidado que garanticen la seguridad del compareciente, su personal y los mismos legisladores.

Refirió que esta actividad es de suma importancia para que los funcionarios den a conocer el estado que guarda la administración pública y con ello dar cumplimento al principio de transparencia, como un acto democrático de rendición de cuentas, de cara a la población, respecto a las acciones y programas implementados y lo que falta por hacer.

En relación con el tema, la diputada Nilsan Hilario Mendoza (Morena) se sumó al llamado de realizar las comparecencias de manera presencial, para que además de cumplir con la estricta rendición de cuentas, se propicie el debate público respecto de las acciones realizadas por el gobierno estatal.

EXHORTA EL CONGRESO A GOBIERNOS PARA QUE INSTALEN BASE PERMANENTE DE LA GUARDIA NACIONAL Y POLICÍA ESTATAL EN MALINALTEPEC, POR VIOLENTO CONFLICTO DE TIERRAS

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BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.
29 de octubre del 2020.

El Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal para que, en coordinación con el Gobierno estatal, instalen una base permanente de la Guardia Nacional y Policía del Estado en los límites de Alacatlatzala y Malinaltepec, Guerrero, en salvaguarda de la integridad y la vida de sus habitantes, por el conflicto agrario que existe entre ambas localidad.

Lo anterior, a propuesta de la diputada Erika Valencia Cardona (Morena), quien expuso que actualmente en Guerrero existen más de 50 conflictos agrarios, de los cuales al menos 15 son de alto riesgo. Refirió que uno de estos es el que persiste entre la comunidad de Alacatlatzala y la cabecera de Malinaltepec, que inició desde 1950 y en diferentes momentos ha tenido alta tensión, derivando en confrontación armada y obstrucción de caminos.

Resaltó que a partir de mayo de este año, el conflicto se ha reavivado, llegando a la confrontación armada, desestabilización social y económica con el cierre de carreteras y caminos rurales, e intimidación permanente de la ciudadanía, llegando al grado de hacerse disparos con armas de fuego entre ambos pueblos, resultando heridas de gravedad varias personas.

La legisladora subrayó que aun cuando está en trámite un juicio ante el Tribunal Agrario para resolver por la vía legal este conflicto, y se han instalado mesas de trabajo y se han firmado acuerdos y minutas por las partes para no confrontarse y aceptar

los resultados del juicio, existe el peligro latente de que en cualquier momento haya una confrontación de mayor magnitud.

Con el propósito de evitar el derramamiento de sangre, Valencia Cardona propone la instalación permanente de una base de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal en el punto conocido como “El Mesón”, anexo a la comunidad de La Ciénega”, y que, como se ha hecho en otros conflictos agrarios, se realicen recorridos de seguridad y se instalen filtros de seguridad en la carretera estatal Tlapa–Marquelia, en tanto que las autoridades jurisdiccionales competentes resuelven en definitiva el juicio agrario.

En el mismo, tema el diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena) también propuso un exhorto al gobernador del estado, la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública para que implementen mesas de diálogo y estrategias de solución al problema de inseguridad generado por el conflicto agrario entre las localidades de Malinaltepec y Alacatlatzala, que permita garantizar la integridad y la vida de los pobladores.

Dicho exhorto se turnó a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

Acuerdos

En otro punto del orden de día, las y los diputados aprobaron exhortar a los Ejecutivos federal y estatal para que, en coordinación con los ayuntamientos, consideren la realización de convenios con las diferentes compañías de Internet, con el propósito de habilitar puntos de acceso gratuito en parques, jardines, plazas y otros espacios públicos, que permita a la población realizar trámites diversos y ampliar la oportunidad de desarrollo para los estudiantes.

Esto a propuesta de la diputada Blanca Celene Armenta Piza (Morena), con una adición del diputado Alberto Catalán Bastida (PRD) para que los Gobiernos federal y estatal, en coordinación con las 81 administraciones municipales, inicien en 2021 los

trabajos e inversión para que el programa “Internet Para Todos” se aplique en Guerrero.

Además, aprobaron por unanimidad un acuerdo propuesto por la Comisión de Hacienda y leído por el diputado Adalid Pérez Galeana, por el que se emiten los criterios que se deberán observar al momento de analizar y aprobar, en su caso, las iniciativas de Leyes de Ingresos y Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción de los municipios del estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2021, tomando en consideración los efectos de la pandemia por Covid-19.

PROPONEN UNA LEY DE ARANCEL DEL NOTARIO PÚBLICO, QUE EVITE COBROS EXCESIVOS POR EL SERVICIO

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BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.
29 de octubre del 2020.

Para establecer un tabulador de honorarios profesionales que garantice a toda la población el acceso al servicio notarial, sin que se violen sus derechos humanos con el cobro de tarifas excesivas, el diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de Ley de Arancel del Notario Público del Estado de Guerrero.

Al presentar su propuesta, el diputado de Morena señaló que el notario es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado, que ejerce su función con independencia del poder público y de particulares, y quien recibe, interpreta, redacta y da forma legal a la voluntad de los comparecientes, plasmándola en un instrumento público redactado bajo su responsabilidad como una escritura; da fe de un acto jurídico, contrato, acta notarial, y certifica un hecho jurídico o material, una notificación o fe de hechos.

Explicó que el arancel notarial está regulado por el Gobierno y debe aplicarse a todos los notarios; sin embargo, el precio que establecen puede ser más barato, según las tarifas de las pólizas o escrituras y los descuentos que pueden aplicarse.

Agregó que la Ley del Notariado vigente omite regular lo relativo al cobro de honorarios de los fedatarios, pero que en el tercer artículo transitorio señala que el Colegio de Notarios del Estado tenía un plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de esa Ley -que fue en marzo de 1999- para presentar al Ejecutivo estatal el Proyecto de Arancel para el cobro de honorarios por la prestación de servicios de fe. “Sin embargo, ya han transcurrido 21 años sin que exista dicha tabla de costos, con el claro propósito de seguir mermando la economía del ciudadano”, lamentó.

El legislador dijo también que desde el año pasado solicitó a la presidenta del Colegio de Notarios del Estado de Guerrero y al Ejecutivo estatal la información referente a los cobros por estos servicios, pero a la fecha no ha recibido respuesta, por lo que es necesario que se fije un tabulador que permita darle certidumbre a la población en general que requiere de los mismos.

Cruz López destacó que esta Ley es una necesidad para el estado de Guerrero, porque fija las tarifas o aranceles a los cuales se tienen que ajustar los notarios, cerrando el paso al abuso en el cobro por este servicio de buena fe, de la cual se encuentran investidos.

La propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

Iniciativas

A la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación se turnó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero propuesta por la diputada Teófila Platero Avilés (Morena), para que los ayuntamientos establezcan depósitos preventivos de Tránsito Municipal, que serán los encargados de resguardar los vehículos que violen el reglamento vial y ameriten su arrastre, guarda o custodia por un periodo de 24 horas; y si el infractor no pagase la multa impuesta en ese plazo, deberá existir un convenio para remitirlo a un particular.

Y con el propósito de obligar a los ayuntamiento a contar con contenedores adecuados para el depósito de todo tipo de baterías y residuos electrónicos, para su correcto manejo y traslado, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de residuos peligrosos, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez (Morena) presentó una iniciativa de adición a la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado, misma que se turnó a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.

PRESENTAN INICIATIVA PARA TIPIFICAR COMO DELITO EL USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCI

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BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.
29 de octubre del 2020.

Con el propósito de tipificar el delito de “Uso Indebido de los Servicios de Emergencia” y que se castigue con tres meses y hasta 2 años de prisión y de 50 a 100 días multa a quien solicite auxilio o alerte sobre hechos falsos, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez propuso adicionar el Código Penal del Estado de Guerrero.

En la sesión de este jueves, al presentar su propuesta, el legislador del PRI indicó que desde el 2017 en Guerrero opera el Número 911 con la finalidad de dar una respuesta más rápida a los llamados de emergencia, para proteger la vida de las personas, su patrimonio y su entorno ante contingencias que implican un riesgo.

Sin embargo, dijo que de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por medio del Centro Nacional de Información, se reportaron a nivel nacional, dentro del primer semestre del año, más de 33 millones de llamadas y que ocho de cada diez fueron falsas alarmas.

En esta entidad, agregó, se hicieron un millón de llamadas, de las cuales 9 de 10 fueron falsas. “Por eso es importante concientizar a las organizaciones civiles, padres de familia, maestros, medios de comunicación y población en general sobre el uso responsable de este sistema de emergencia, que amerita un uso apropiado”, manifestó.

Apuntó que se debe regular el uso del sistema de emergencias y castigar a quienes, a través de llamadas telefónicas o cualquier otro medio de comunicación electrónico, solicite auxilio, dé aviso

o alerte sobre hechos falsos que provoquen la movilización o presencia de personal de Seguridad Pública, de Protección Civil, de Bomberos, de los Servicios de Salud o cualquier otro destinado al auxilio de las personas.

Iniciativas

En otros asuntos, el diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero para que dentro de la estructura de los ayuntamientos, en las distintas secretarías, direcciones o departamentos que lo conforman, se implemente el principio de Paridad de Género en la designación de sus titulares. Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

APRUEBA CONGRESO REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA JUVENTUD

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CONGRESO/BOLETIN
Chilpancingo, Gro.,
28 de octubre del 2020.

Para que el Estado promueva el desarrollo integral de los jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país, diputadas y diputados locales aprobaron la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Juventud.

Esto en un dictamen que emitió la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, derivado de una minuta con proyecto de decreto para reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Al fundamentar el dictamen a nombre de la citada Comisión, la diputada Celeste Mora Eguiluz refirió que la población joven de entre 18 y 29 años de edad en breve constituirá la principal fuente en que se cimiente el desarrollo nacional, por eso la atención a sus necesidades debe darse dentro de un escenario que propicie mejores oportunidades de superación en diversos ámbitos.

Añadió que “el sector de la juventud tiene que ser atendido como una prioridad del Estado Mexicano y las legislaturas deben asumir las actividades de los jóvenes como asuntos prioritarios de la agenda legislativa”.

Resaltó que los vértices de la reforma se encuentran en la obligación del Estado para promover el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país; y por otro lado, en la

reglamentación de estos propósitos a través de una ley general que establecerá la concurrencia de la Federación, estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

En resumen, la diputada aseveró que esta reforma generará oportunidades en acciones concretas en materia de inclusión y educación financiera, seguridad, salud mental, participación laboral que tanto se requiere, y será el aliado principal para una superación personal y profesional que detone el desarrollo en los jóvenes, así como la absorción educativa.

PROPONEN LEY DE AMNISTÍA PARA EL ESTADO DE GUERRERO

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BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.
28 de octubre del 2020.

El diputado Moisés Reyes Sandoval propuso una iniciativa de Ley de Amnistía del Estado de Guerrero, que establece las bases para decretar amnistía en favor de las personas que hayan cumplido la mitad de su sentencia en casos de delitos no graves, en una coyuntura de pacificación y regeneración nacional, y ante la situación de emergencia por la epidemia del Covid-19 y los riesgos que representa para la sobrepoblación carcelaria.

En su propuesta, el legislador de Morena también plantea que sean beneficiadas las personas encarceladas por delitos políticos, interrupción del embarazo o legítima defensa cometidos por adolescentes, mujeres, personas en situación de pobreza y de vulnerabilidad, con discapacidad permanente o alguna enfermedad terminal o crónico-degenerativa.

Refiere que la amnistía es un acto del Poder Legislativo mediante el cual se ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo los procesos o penas; es decir, el perdón de conductas punibles, y que se ha utilizado desde hace varios siglos como una forma de solucionar conflictos y restablecer la paz entre diversos grupos.

Dijo que de acuerdo con cifras del INEGI, en el 2018 se registró que el 69 por ciento de la población recluida únicamente tenía preescolar, primaria y/o secundaria, y que de acuerdo a ese nivel de escolaridad, el ingreso promedio era de alrededor de 2 mil 842 pesos mensuales, lo que muestra que existe una correlación entre la escolaridad y los ingresos que dicho sector poblacional percibe.

“Quienes menos tienen, suelen ser quienes más pueden incurrir en robo y, a su vez, quienes más posibilidades tienen de ser procesados”, apuntó.

El legislador explicó que los Centro de Reclusión administrados por los estados, según la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, desde 2011 y hasta 2017 alojan -la mayoría- más gente de la que pueden acoger, excediendo en un 10 por ciento del total de su ocupación.

Argumenta el diputado que es necesario aprobar dicha Ley por la situación de emergencia derivada de la epidemia del Covid-19 y la preocupación por el foco de infección que representaría la sobrepoblación carcelaria.

Además, asegura que con esta Ley de Amnistía se beneficiará a los grupos poblacionales más vulnerables y que, bajo ninguna circunstancia, se otorgará a quienes hayan cometido algún delito mayor o grave, sean reincidentes o delincan con habitualidad, porque también se está comprometido con la protección a las víctimas y evitar a toda costa la revictimización.

Dicha iniciativa con proyecto de decreto se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

PLANTEAN CAPACITACIÓN Y APOYO TÉCNICO A DEFENSORES DE OFICIO, EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.
28 de octubre del 2020.

La diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Defensoría Pública y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para que operadores jurídicos de este Poder y la Defensoría Pública estatal reciban de forma permanente la capacitación necesaria que les permita atender a personas con discapacidad, con el objeto de darles un trato adecuado y una efectiva impartición de justicia.

Con estas reformas, expuso la legisladora del Partido del Trabajo, se pretende que en los procesos judiciales el defensor o asesor haga uso de los medios tecnológicos y apoyo necesarios para que el servicio que presta sea adecuado y acorde a la discapacidad del usuario, que le permita comprender e interactuar en el proceso y procedimiento para asegurar el acceso a la justicia en igualdad y equilibrio procesal.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos refirió que a pesar de que a nivel local se cuenta con la Ley para las Personas con Discapacidad y la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación, las cuales establecen las bases para la inclusión en un marco de igualdad y/o equiparación de oportunidades, respetar, proteger, garantizar, prevenir, investigar, sancionar, reparar y eliminar todas las formas de discriminación, la brecha de accesibilidad de personas con discapacidad aún es latente, por lo que se deben reformar diferentes ordenamientos jurídicos para garantizar los derechos de este sector.

Agregó que el derecho de acudir ante los tribunales está consagrado en la Constitución, pactos y tratados internacionales, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 10 establece: “Toda

persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella”.

Expuso que pese a que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 señala que el 8.7 por ciento de la población de Guerrero tiene una o más discapacidades, y el 16.9 por ciento cuenta con una limitación, la realidad pone de manifiesto que el derecho a la justicia difícilmente se garantiza, debido a las limitaciones que presentan las instancias y a las barreras sociales y jurídicas que permean para no garantizar sus derechos a la seguridad jurídica en un plano de igualdad.

Estas propuestas de reforma y adiciones fueron turnadas a la Comisión de Justicia para ser analizadas y dictaminadas

DECLARAN IMPROCEDENTE LA REFORMA AL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO RELATIVA A LOS MATRIMONIOS IGUALITARIOS

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BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.
27 de octubre del 2020.

Diputadas y diputados aprobaron el dictamen de no procedencia de reformas y adiciones al Código Civil del Estado de Guerrero en relación con el “matrimonio igualitario”, por considerar que la institución del matrimonio ha quedado establecida en dicho Código como la regulación jurídica de la unión en parejas de heterosexuales, por su especial y propia naturaleza, perteneciendo a su propia esfera y condición.

Al dar lectura a la fundamentación del dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, el diputado Omar Jalil Flores Majul resaltó que una vez recibida la propuesta que presentó el diputado Moisés reyes Sandoval, se realizaron diversas consultas para recibir opiniones sobre el tema, donde participaron de forma abierta, pública y libre, expresiones, grupos y personas que se manifestaron en torno al asunto.

El legislador puntualizó que para la Comisión es fundamental ejercer la práctica, impulso y defensa de los derechos humanos universales, hecho por el cual, en el análisis de la iniciativa, se acordó reconocer el matrimonio establecido en el Código Civil del estado como la Institución que técnica, sociológica y jurídicamente, entre otras materias, regula los derechos y obligaciones de la unión y la vida en pareja de heterosexuales.

“Esta Comisión aboga por la defensa de la institución del matrimonio contemplada en el Código Civil vigente, y en cuya aplicación se han legitimado durante la vigencia del mismo múltiples matrimonios entre heterosexuales, adquiriendo fuerza y vigor en su legitimidad, y cuya institución posee derechos adquiridos en su pleno ejercicio. Además de que existe la garantía constitucional y derecho fundado en el artículo 14 de la

Carta Magna, que dispone que a ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, expuso el legislador.

Agregó que también se comparte y reconoce el ampliar y no restringir los derechos de la persona a partir de sus orientaciones sexuales. Por ello, dijo que no se puede negar o restringir a nadie un derecho con base a su orientación sexual, ni disminuirlos por esta razón a las personas heterosexuales, por lo cual deben ser protegidos y salvaguardados en la institución del matrimonio.

En el dictamen también se refiere que la Comisión reconoce los derechos legítimos y humanos de las personas homosexuales a establecer una unión legítima de carácter contractual, que otorgue derechos y obligaciones para vivir en pareja, y como efecto impacte en normas y acciones colaterales, pero no como un matrimonio, que es como se ha dicho, la institución evolucionada social y jurídicamente de parejas heterosexuales.

De esta manera, se aprobó por mayoría de votos el dictamen que desecha la iniciativa para reformar y adicionar los artículos 351, fracción V, 412, 430, 435 y 436 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, por considerar que la institución del matrimonio ha quedado establecida en el Código señalado como la regulación jurídica de la unión en parejas de heterosexuales, por su especial y propia naturaleza, perteneciendo a su propia esfera y condición.

Al razonar su voto en contra del dictamen, el diputado promovente, Moisés Reyes Sandoval, lamentó que en pleno siglo XXI aún se nieguen garantías y respeto a los derechos humanos de este sector de la población.

Señaló que las nuevas generaciones exigen garantizar el matrimonio igualitario y conminó a sus homólogos de otras fracciones parlamentarias y representaciones a apegarse a sus principios básicos y seguir el ejemplo de otros estados que ya han aprobado reformas a su Código Civil en la materia.

Intervinieron en relación con el dictamen, la diputada Guadalupe González Suástegui (PAN) y el diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena)

APRUEBA CONGRESO LOCAL REFORMAS A LA LEY DE MOVILIDAD

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BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.
27 de octubre del 2020.

Para establecer que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, diputadas y diputados de la LXII Legislatura local aprobaron un dictamen por el que se aprueba la minuta de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al fundamentar dicho dictamen, el diputado Moisés Reyes Sandoval, a nombre de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, manifestó que luego de analizar la minuta enviada por el Congreso de la Unión, se determinó aprobarla, por la importancia del tema.

Destacó que ante la problemática en materia de movilidad, es esencial instrumentar medidas, dentro del ámbito de competencia del Poder Legislativo federal, en coordinación con las legislaturas de los estados, para garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas, sin importar su clase, edad, grupo social u otro elemento que resulte discriminatorio.

Agregó que “el derecho a la movilidad desde la óptica colectiva debe entenderse como el derecho de todas las personas y de la sociedad a la coexistencia de una gran variedad de formas de movilidad que respondan a los diversos modos de vida y actividades que la conforman”.

Sin embargo, también reconoció que el problema no se solucionará del todo con estas modificaciones, sino que es importante aprobar una Ley General que establezca la concurrencia del Gobierno Federal, estados, municipios y

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de movilidad y seguridad vial.

En ese sentido, refirió que el Congreso de Guerrero estará atento al trabajo que realice el Congreso federal y, en su momento, hará lo propio dentro de su competencia.

Dictamen

También, las y los legisladores aprobaron un dictamen por el que se aprueba la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Juventud enviada por el Congreso de la Unión, para que el Estado promueva el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país.

A nombre de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, fundamentó el dictamen la diputada Celeste Mora Eguiluz.

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