Boletín/ Congreso
LXII Legislatura
Chilpancingo, Gro.
20 de Agosto del 2020
Para establecer el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una alimentación saludable, con la prohibición de la venta, distribución o suministro de comida y bebida “chatarra” a menores de edad, el diputado Marco Antonio Cabada Arias propuso reformar las leyes en esta materia.
Al presentar las iniciativas, el legislador de Morena señaló que en los últimos cinco años en esta entidad se ha detectado que arriba de 14 mil menores de 20 años tienen diabetes, esto a consecuencia de los malos hábitos alimenticios, la falta de actividad física y obesidad.
Refirió que bebidas que contienen azúcares añadidos como la sacarosa y el jarabe de maíz alto en fructosa, se asocian con un mayor riesgo de aumento de peso y obesidad, así como otras enfermedades cardiovasculares, como la diabetes, síndrome metabólico e hipertensión, y que su consumo ha sustituido la ingesta de leche, disminuyendo los niveles de calcio y otros nutrientes.
Cabada Arias aseguró que desde los años 80 los niños han tenido la inclinación por consumir alimentos denominados como “comida rápida”, que consiste en hamburguesas, pizzas, hot dogs, pollo frito, entre otros, o buscan otro sabor que disfrutar, como las papas fritas, el pan dulce procesado, empaquetado o envasado.
En ese sentido, consideró imperante legislar para erradicar estos problemas de salud, como ya se está haciendo en otras entidades del país.
“No es que sea un tema de moda, es una preocupación de carácter general y no deben distraernos las presiones de grupos
de interés económico que, confundiendo a la sociedad respecto a la interpretación o la visión de la iniciativa, busca obstaculizar el esfuerzo legislativo en favor de la salud de nuestras niñas, niños y adolescentes”, abundó.
Por eso planteó adicionar un capítulo a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, denominado “Derecho a la Alimentación”, y establecer en el Código Penal la prohibición, venta, distribución, donación, regalo o suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calorífico a niñas, niños y adolescentes menores de edad, conforme a los que establece la norma estatal de la Secretaría de Salud.
La medida aplicaría también en instituciones de educación públicas o privadas de nivel básico y medio superior, y a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras.
Iniciativas
La diputada Blanca Celene Armenta Piza (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero para establecer como fecha límite el 30 de septiembre de cada año para la presentación del informe anual de las y los legisladores ante la Mesa Directiva, y en el año de la renovación de la Legislatura, a más tardar el 15 de agosto, sin perjuicio de que puedan hacerlo ante la ciudadanía. La propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Por su parte, el legislador Carlos Cruz López (Morena) planteó reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado para que se apliquen sanciones a los servidores públicos que, omitiendo lo estipulado en las Constituciones federal y estatal, así como los códigos vigentes, se abstengan o evadan cumplir un mandato de autoridad dentro de los plazos establecidos y en perjuicio de la sociedad. La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
El diputado Moisés Reyes Sandoval presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guerrero para que se castigue con uno y hasta cuatro años de prisión a quien, con o sin conocimiento de que padece una enfermedad contagiosa, evite sujetarse a las medidas sanitarias específicas para el control
del respectivo padecimiento, mismas medidas que deberán ser establecidas por las autoridades de Salud estatal y federal.
Asimismo, para establecer en el delito de peculado que, cuando los recursos materia de éste sean aportaciones para los fines de seguridad pública y/o salud, se aplicará hasta un tercio más de las penas establecidas.
También propuso adicionar el Código Penal del estado para que las conductas dolosas en contra del personal de Salud que presta sus servicios en un contexto de emergencia sanitaria, merezcan sanciones mayores a las de un contexto ordinario.
Las propuestas del legislador de Morena se turnaron a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
