Chilpancingo

PLANTEAN REFORMA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA DE MANERA VIRTUAL, ANTE LAS CONTINGENCIAS

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BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.,
18 de noviembre del 2020.

Para que las autoridades responsables del ámbito artístico y cultural en la entidad diseñen y desarrollen actividades, estrategias, programas y políticas públicas que promuevan la participación plena de la sociedad, de manera presencial y virtual, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez propuso adicionar la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado de Guerrero.

Al presentar su iniciativa, la diputada de Morena manifestó que de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, todas las personas tienen derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el estado.

Añadió que, si bien es cierto que la pandemia es un factor a considerar, no es un justificante del por qué los esfuerzos de las autoridades estatales han sido casi invisibles en la promoción de actividades culturales y las artes en Guerrero, aun cuando se le asignaron para este año a la Secretaría de Cultura estatal 72 millones de pesos, un incremento de casi de 30 millones de pesos comparado con el 2019.

Refirió que eventos como la Feria Nacional de la Plata, a celebrarse del 28 de noviembre al 5 de diciembre, tendrá este año un fuerte impacto debido a la pandemia, pues la afluencia de personas no puede ser igual que en otros años, además de que, a la fecha, cuenta con poca difusión por parte de las autoridades estatales, lo que también ocasionará pérdidas para los comerciantes.

Lamentó que también los 35 museos de la entidad se encuentran cerrados al público a consecuencia de la pandemia y,

desgraciadamente, ninguno de ellos cuenta con visitas virtuales, que es una alternativa implementada por algunos gobiernos del extranjero y por el federal, lo que es una oportunidad desaprovechada por las autoridades culturales estatales.

Dijo que en estos tiempos de pandemia las instituciones culturales del estado deben acelerar los proyectos y experiencias culturales virtuales, como la digitalización de las bibliotecas, visitas virtuales a los museos y conciertos de música, seminarios web, clubes digitales de lectura, obras de teatro para pequeñas audiencias conectadas, y bibliotecas digitales.

Por todo lo anterior, propone adicionar dicho ordenamiento para que las autoridades responsables de su aplicación tengan la obligación de diseñar y desarrollar actividades, estrategias, programas y políticas públicas culturales y artísticas, que promuevan la participación plena de la sociedad, de manera presencial o virtual, que previamente se tenga como plan de acción, ante alguna contingencia o emergencia sanitaria.

Marchan en Chilpancingo contra el cobro del alumbrado público en recibos de la CFE

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Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Gro.
18 de noviembre de 2020.

Integrantes del Frente de Resistencia por Guerrero marcharon nuevamente en Chilpancingo para exigir al Congreso del Estado rechazar las Leyes de Ingreso de los 81 Municipios, donde se pretende cobrar el alumbrado público en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Uno de los manifestantes, dijo que el 30 de septiembre de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia definitiva al Juicio de Acción de Inconstitucionalidad presentada en el mes de enero por la CNDH, en contra de los artículos 14 al 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Taxco de Alarcón, el cual quedó como primer antecedente.

En el punto 124 de la sentencia en consecuencia a los argumentos que virtió el Congreso del Estado de Guerrero señala que “esta autoridad carece de facultades para gravar el consumo de energía eléctrica, toda vez que es facultad exclusivamente del Congreso de la Unión”.

En el 127, indica que no le asiste la razón al Congreso del Estado sustentar que el poder legislativo local está facultado para determinar los porcentajes y tarifas que le corresponden a cada uno de los municipios por la prestación de los servicios públicos en materia de energía eléctrica.

“El establecimiento de este tipo de tarifas es facultad exclusiva del Congreso de la Unión en términos del Artículo 73, Fracción 29”, indicó.

Es por ello, dijeron los manifestantes, los y las diputadas sabiendo que no es su facultad determinar las tarifas del alumbrado público, están obligados a rechazar los artículos anticonstitucionales de las Leyes de Ingreso de los Municipios presentadas por los alcaldes.

Pidieron que los dictámenes presentados sean socializados, presentados en foros de consulta, que se revisen por especialistas en la materia, a fin de que las leyes aprobadas sean en beneficio de la ciudadanía.

Lamentaron que hasta ahora ninguna cámara empresarial se haya pronunciado en contra de estas leyes, y prefieren andar tomándose la foto con políticos y gobernantes, buscando sus propios intereses y no los colectivos.

Adelantaron que a partir del 01 de enero iniciarán la lucha jurídica de la mano de la CNDH para impugnar las 81 leyes de ingresos de los municipios ante la SCJN.

Chilpancingo y Zihuatanejo comienzan a estabilizar el Covid-19; a Acapulco le falta: Salud

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Juan Blanco/API
Chilpancingo, Gro.
18 de noviembre de 2020.

Guerrero sumó, al corte del mediodía de este miércoles, 23 mil 94 contagios de Covid-19, con 2 mil 409 decesos acumulados, informó el titular de la Secretaría de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, durante su transmisión de hoy.

Tan sólo en las últimas 24 horas se registraron 34 nuevos casos positivos, es decir, 1.4 cada 60 minutos, lo que representa un incremento en la incidencia del 0.1 por ciento con respecto al día anterior.

Estos recientes contagios vienen a sumar 936 en lo que va del mes de noviembre, lo que indica que en promedio se suscitan 52 diarios.

El funcionario agregó que en Guerrero hay 281 casos activos de esta enfermedad viral. De estos, 246 se concentran en 15 municipios encabezados por Acapulco, Chilpancingo e Iguala, que representa el 88 por ciento del total.

Aseguró que la capital guerrerense y Zihuatanejo están entrando a una estabilización del virus, mientras que a la ciudad porteña “le falta un mayor esfuerzo para lograrlo”.

En cuanto a los decesos, el estado acumula 2 mil 409, 69 de los cuales se han suscitado en los últimos 18 días del mes de noviembre.

El doctor De la Peña Pintos también informó que en los diferentes nosocomios del estado hay 142 personas internadas por Covid-19. De estos, 70 están estables, 38 se reportan graves y 34 se encuentran intubadas.

Lo anterior representa una ocupación hospitalaria del 26 por ciento que sitúa a Guerrero en el lugar número 15 a nivel nacional, mientras que en el caso de ventiladores ocupa el lugar número 19 con el 17 por ciento de utilización.

El estado aún está en semáforo naranja, por lo que las autoridades se han visto obligadas a suspender varios eventos conmemorativos, entre estos, el desfile cívico-militar por el Día de la Revolución Mexicana.

Cierran y toman trabajadores el Ayuntamiento de Chilpancingo; exigen pagos

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Juan Blanco/API
Chilpancingo, Gro.
18 de noviembre de 2020.

 Trabajadores de base del Ayuntamiento de Chilpancingo, agremiados a la sección 28 del SUSPEG, tomaron este miércoles el Palacio Municipal, ante la negativa del alcalde Antonio Gaspar Beltrán de pagarles la primera quincena de noviembre.

Alrededor de las 7:30 de la mañana de hoy, unos 50 empleados llegaron y cerraron con cadena y candado el acceso principal del inmueble que se encuentra sobre la avenida Ignacio Ramírez, en el centro de la ciudad; también fue obstaculizada la entrada que conduce al estacionamiento.

Entrevistado en el lugar, el dirigente de esa fracción del SUSPEG, Pedro Martínez Martínez dijo que al menos cinco empleados de base siguen sin recibir su salario correspondiente a la primera quincena de este mes, lo que ha afectado severamente la economía de sus familias.

Además, exigió el pago de prestaciones como despensas, fondo de previsión social, fondo de aportación voluntaria, cuotas y pagos de marcha a familiares de al menos 50 compañeros fallecidos; también, el pago de seguro de vida, el cual no se ha otorgado desde hace cuatro años.

De acuerdo con el dirigente, el monto adeudado por esos conceptos asciende a más de 30 millones de pesos, mismos que ya están etiquetados en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, pero que el munícipe se niega a liberar, acusó.

No obstante, hasta las 9:00 de la mañana los manifestantes continuaban apostados afuera del edificio edilicio ante la falta de respuesta de las autoridades locales.

PLANTEAN DAR MAYOR CERTEZA JURÍDICA AL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

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BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.,
17 de noviembre del 2020.

Para contar con un nuevo ordenamiento que dé continuidad al trabajo y prestación de servicios a cargo de las administraciones municipal y estatal, mediante un proceso de entrega–recepción transparente, ordenado y completo, el diputado Jesús Villanueva Vega propuso abrogar la Ley de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero y crear la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de Guerrero.

Al presentar dicha propuesta, el legislador de Morena expuso que luego de que se elige al gobernador y ayuntamientos, se lleva a cabo el proceso de entrega-recepción en que los servidores públicos salientes entregan un informe de gestión con los recursos materiales, financieros y humanos, así como detalles del presupuesto, programas, proyectos y obras públicas en proceso.

“La importancia de este acto radica en que ayuda a la continuidad del funcionamiento de la administración pública municipal, documenta la transmisión del patrimonio público y, sobre todo, brinda certeza jurídica del resguardo del patrimonio municipal, por lo que se promueve la rendición de cuentas”, abundó.

Sin embargo, el legislador señaló que pesar de la importancia de este acto, en el 2018 se registró un número alto de inconsistencias en la entrega-recepción de la mayoría de los municipios, como dejar sin recursos las arcas, altas deudas, patrullas policiacas y camiones de basura inservibles, luminarias

en mal estado, finanzas quebradas, entre otros; todo por la deficiencia de la actual Ley.

En ese sentido, consideró se carece de mecanismos que permitan un proceso transparente, legal, continuo y debidamente supervisado, ante lo cual propuso un nuevo ordenamiento que permitirá proveer a los órganos de administración pública de mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas por parte de los servidores públicos salientes, que dé certeza jurídica y patrimonial a la administración entrante.

Recalcó que es urgente proporcionar a las próximas administraciones una ley que identifique en forma clara y precisa a los destinatarios de la misma, así como sus obligaciones, plazos y requisitos que dentro del acto administrativo de entrega-recepción deberán observar los funcionarios públicos con motivo de su separación del empleo, cargo o comisión.

Además, refirió que con este nuevo ordenamiento se pretende asegurar la continuidad del trabajo y prestación de servicios, bajo una entrega–recepción transparente, ordenada y completa de los asuntos, archivos, programas, recursos y demás medios asignados para el cumplimiento de la función; esto a través del órgano superior de control del estado, como lo es la Auditoría Superior del Estado.

Iniciativas

El diputado Carlos Cruz López (Morena) presentó dos iniciativas de adición a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, para que los servidores públicos tengan la obligación de concluir, dar mantenimiento y reparar las obras públicas iniciadas por sus antecesores, evitando con eso el abandono o deterioro de las mismas, en detrimento de la hacienda y patrimonio del ente público.

Estas iniciativas se turnaron a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos y a la Comisión de Justicia, respectivamente.

Y para dar mayor certeza jurídica, transparencia y equidad en el concurso licitatorio y calidad en la obra pública, así como erradicar el tráfico de influencias y el conflicto de intereses, el diputado Antonio Helguera Jiménez (Morena) propuso una iniciativa de adiciones a la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, misma que fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para su análisis y dictaminación.

APRUEBAN ESTABLECER COMO FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE LA OBSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES ESTATAL Y MUNICIPALES

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BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.
17 de noviembre del 2020.

El Congreso local aprobó adicionar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado para establecer como falta administrativa grave que los servidores públicos obstruyan, impidan o se nieguen a realizar el proceso de entrega-recepción, así como ocultar o no proporcionar la información correspondiente durante dicho procedimiento de las administraciones públicas del estado y municipios de Guerrero.

Al fundamentar el dictamen en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Omar Jalil Flores Majul destacó que con estas adiciones se fortalece la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia en los asuntos públicos, y se garantiza que el proceso de entrega recepción se realicé como lo determina la Ley de la materia.

Dijo que es relevante el establecer en esta Ley que los servidores públicos deberán proporcionar la información y documentación que le requieran los titulares de las áreas administrativas para preparar su entrega-recepción final, quienes revisarán el contenido de la información bajo la supervisión de la secretaría u órgano de control correspondiente.

También se plasma que es responsabilidad de los servidores públicos el proporcionar la información y documentación para la preparación de la entrega-recepción final del encargo en la función administrativa, no debiendo existir retraso, omisión o dilación para su desarrollo.

Acuerdos

Por unanimidad de votos, diputadas y diputados locales exhortaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, y a las Comisiones Reguladora de Energía y Nacional del Agua, para que realicen los estudios pertinentes que permitan reclasificar la tarifa eléctrica en los municipios de Guerrero -de la 1B a la 1F- conforme al acuerdo 123/2017 modificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, mediante el cual se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos.

Para razonar su voto a favor de este exhorto intervino el diputado Jorge Salgado Parra (PRI), quien mencionó que el 28 de mayo del 2019 presentó un exhorto similar para revertir dicha problemática, y pidió que se analice una reforma a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad para dotar de legalidad y seguridad jurídica a este ordenamiento, por el bien de los usuarios del servicio, garantizando un cobro transparente y honesto.

Y a la Junta de Coordinación Política se turnó un punto de acuerdo propuesto por el diputado Adalid Pérez Galeana para remover del cargo a la titular de la Dirección de Comunicación del Congreso del Estado, propuesta que fue enviada a la Junta de Coordinación Política para su trámite conducente.

PLANTEAN REFORMA A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA TRANSPARENTAR Y MEJORAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

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BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.
17 de noviembre del 2020.

Con el objeto de lograr mayor certeza jurídica, transparencia y equidad en el concurso licitatorio y calidad en la obra pública, así como erradicar el tráfico de influencias y el conflicto de intereses, el diputado Antonio Helguera Jiménez propuso adicionar diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y sus servicios del Estado de Guerrero.

En la propuesta que se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su análisis y dictaminación respectivas, el diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena dijo que con estas adiciones se pretende tener mejores proyectos y una competencia que derive en menores costos, sin detrimento de la calidad y de las condiciones de seguridad de los mismos.

También una oportunidad de obtener contratos de ejecución de obra pública para las personas físicas y morales; usar el presupuesto con mayor transparencia, de rendición de cuentas en términos de la Ley, donde participen instancias gubernamentales como la Contraloría General del Estado y el Congreso local, a través de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado.

Para lograr estos objetivos, el legislador propone dar facultades a la Comisión Consultiva de la Obra Pública, como establecer los mecanismos y lineamientos necesarios para alcanzar la transparencia y rendición de cuentas durante el proceso de licitación y ejecución de la obra pública, proponer normas de transparencia y rendición de cuentas, para que sean éstas el eje transversal durante la ejecución de las obras públicas.

Asimismo, definir lineamientos para evidenciar y advertir que los contratistas no sean beneficiarios de algún conflicto de intereses, y de la participación de cualquier servidor público durante el proceso de licitación y ejecución de la obra pública; elaborar y presentar informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto aprobado para el desarrollo de la obra pública ante la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso, la cual en caso de detectar alguna posible irregularidad, deberá informar al Ejecutivo estatal y a la Contraloría General del Estado para que realicen las investigaciones correspondientes.

Plantea, además, que se investigue la autenticidad de las personas físicas o morales que se acrediten en el Padrón de Contratistas de Obra Pública y definir los lineamientos necesarios para que la ejecución de los programas y presupuestos de las obras se ajusten a lo establecido por la Secretaría de Finanzas y Administración.

De la misma forma, se deben remitir al Sistema Estatal Anticorrupción los procedimientos de contratación de obras públicas y sus servicios correspondientes a las convocatorias y bases de las licitaciones y, en su caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de visita a la instalaciones; los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de los contratos adjudicados, sean por licitación, invitación o adjudicación directa.

Con su propuesta, Helguera Jiménez también busca otorgar facultades adicionales a los Comités de Obras Públicas, que deberán establecer los mecanismos necesarios de transparencia y rendición de cuentas durante el proceso de licitación y ejecución de la obra pública.

Iniciativas

En la misma sesión, el diputado Moisés Reyes Sandoval (Morena) propuso reformar la Ley de Propiedad en Condominio del Estado, para actualizar el ordenamiento invocado y poder contar con un marco legal idóneo que regule, ordene y favorezca la sana convivencia en dichas unidades habitacionales, estableciendo

su capacidad jurídica, los requisitos para ser administrador, la transparencia en el manejo de cuotas de mantenimiento, la prevención de daños en la construcción, la legitimidad de las reuniones de la Asamblea General de los condominios y la creación de la Procuraduría Condominal Municipal. La propuesta se turnó a la Comisión de Vivienda para su análisis y dictamen correspondiente.

Y a la Comisión de Cultura se turnó una iniciativa de adición a la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado propuesta por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez (Morena), para que las autoridades responsables del ramo tengan la obligación de diseñar y desarrollar actividades, estrategias, programas y políticas públicas culturales y artísticas que promuevan la participación plena de la sociedad, considerando un plan de acción específico para tiempos de contingencia o emergencia sanitaria como los que se viven actualmente, en que las experiencias culturales se puedan desarrollar de manera virtual.

APRUEBAN REMITIR INICIATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE CÉDULA PROFESIONAL SIRVA COMO DOCUMENTO OFICIAL

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BOLETIN/CONGRSO
Chilpancingo, Gro.
17 de noviembre del 2020.

El Congreso del Estado aprobó un dictamen por el que se remite iniciativa al Congreso de la Unión para adicionar un párrafo segundo al Artículo 3° de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, para que la Cédula Profesional sirva como un documento de identificación oficial.

A nombre de las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Estudios Constitucionales y Jurídicos, el diputado Ricardo Castillo Peña fundamentó el dictamen, derivado de una iniciativa propuesta por el diputado Carlos Cruz López.

La propuesta precisa que la anterior Cédula Profesional era elaborada por Talleres Gráficos de México y contaba con innovadoras características, mayores medidas de seguridad y autenticidad, que permitían que la sociedad identificara plenamente al profesionista y, a su vez, se utilizara como un medio de identificación de validez oficial.

Explicó que en el 2018 se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, modificando los trámites para la expedición de las cédulas profesionales, y que éstas se realicen en forma electrónica o digital.

El argumento es que con esta nueva modalidad, entre otras cosas, los profesionales no tienen que trasladarse para obtener el

duplicado de su Cédula Profesional, no hacen filas ni utilizan intermediarios, ya que se puede obtener desde cualquier lugar y dispositivo con acceso a Internet, los 365 días del año y las 24 horas del día.

Sin embargo, el diputado subraya que al imprimirse dicho documento tiene un parecido al formato del Acta de Nacimiento, por sus dimensiones en hoja tamaño carta, además de que carece de la fotografía del titular de la cédula. Esto plantea la necesidad de otro documento oficial con fotografía para constatar que el titular de la cédula es la misma persona.

Pero sobre todo, dijo, es evidente que éste ya no es un documento oficial que sirva para identificarse ante las autoridades gubernamentales o judiciales, mucho menos ante las instituciones bancarias.

Por lo anterior se propone que la Cédula Profesional sea utilizada para el ejercicio profesional y sirva como un documento de identificación oficial.

Intervenciones

La diputada Guadalupe González Suástegui (PAN) intervino con el tema “La participación de las mujeres en la vida pública del país”, refiriendo que el pasado 6 de noviembre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos que ordenan a los partidos políticos postular candidatas mujeres en al menos 7 de las 15 gubernaturas en juego para el proceso electoral 2021.

Lamentó que los partidos políticos únicamente han implementado mecanismos de paridad en cuanto a los puestos de elección popular de órganos colegiados, no así en lo referente a los puestos “unipersonales”, como las gubernaturas, donde históricamente ha predominado la preferencia de los hombres, al grado de que, en la actualidad, de las 32 entidades

federativas, únicamente en dos (Sonora y Ciudad de México) gobiernan mujeres.

Sobre el mismo tema habló la diputada Erika Valencia Cardona (Morena), quien reprochó la resistencia que ha habido por parte de los partidos políticos para la designación de mujeres en cargos públicos, pese a los lineamientos que ha dado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para postular candidatas mujeres y garantizar sus derechos políticos por los que han luchado por más de un siglo.

Al intervenir en relación con el Covid-19 y el trabajo del Congreso del Estado, el diputado Héctor Apreza Patrón (PRI) dijo que garantizar las medidas sanitarias al interior del Poder Legislativo es una gran responsabilidad que tienen como representantes populares, por eso hizo un llamado a sus homólogos a hacer lo conducente para que los protocolos aprobados por el Pleno se respeten en las diferentes áreas de la institución, y también se haga uso de las plataformas tecnológicas para continuar con los trabajos legislativos, con el propósito de disminuir el índice de contagios.

APRUEBAN FORMATO Y CALENDARIO PARA LAS COMPARECENCIAS DE SECRETARIOS DEL GABINETE ESTATAL

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BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.
17 de noviembre del 2020.

El próximo miércoles 25 de noviembre, de manera presencial y virtual, inician las comparecencias de los secretarios de Despacho del Gobierno del Estado, para ampliar la información expuesta en el Quinto Informe del gobernador Héctor Astudillo Flores.

Al dar lectura al acuerdo, a nombre de la Junta de Coordinación Política, la diputada Guadalupe González Suástegui señaló que el objetivo de las comparecencias es que Congreso del Estado realice el seguimiento puntual de los asuntos de que se trate y haga las evaluaciones precisas, analizando y emitiendo aportaciones que impulsen el buen desempeño de la administración pública, buscando siempre el progreso y desarrollo de los guerrerenses.

Indicó que las comparecencias iniciarán de manera presencial el miércoles 25 con los secretarios General de Gobierno y de Finanzas y Administración, para continuar de manera virtual con los secretarios de Salud y de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, el jueves 26 de noviembre.

Mientras que las comparecencias ante comisiones, de manera presencial, serán del secretario de Seguridad Pública, y manera virtual los secretarios de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, y Turismo, el viernes 27, y el sábado 28 la del secretario de Educación.

Acuerdos

A la Comisión de Hacienda se turnó un exhorto propuesto por el diputado Jorge Salgado Parra (PRI) para que la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público reconsidere eliminar el ajuste inflacionario del 7% al espectro radioeléctrico previsto para el próximo año, por lo que respecta a los servicios de internet y telefonía móvil, pues sin lugar a dudas en nada beneficiará a la reactivación de la economía nacional, y por el contrario, tendrá un fuerte impacto negativo en el bolsillo de millones de mexicanos.

Por su parte, el diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena) presentó una propuesta de exhorto al Consejo de Seguridad Nacional, a la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, al Tribunal Superior Agrario, al Fiscal General de la república, al Ejecutivo Estatal, a la Fiscalía del Estado, a los secretarios General de Gobierno y de Seguridad Pública, para que implementen mesas de diálogo y estrategias de solución al conflicto agrario y de seguridad entre las localidades de Malinaltepec y Alacatlatzala, que mantiene en riesgo la integridad y la vida de los habitantes.

El acuerdo se aprobó con modificaciones de los diputados Bernardo Ortega Jiménez y Heriberto Huicochea Vázquez, en el sentido de delimitar las esferas de competencia y exhortar a la autoridad municipal y al Consejo de Seguridad Nacional, a efecto de que, a través de la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, de manera coordinada con los otros niveles, coadyuven a la solución del problema.

EXHORTAN A SEGOB PARA GARANTIZAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FONDO PARA EX BRACEROS

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BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.
17 de noviembre del 2020

A propuesta del diputado Róbell Urióstegui Patiño, el Congreso de Guerrero exhortó al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que realice las gestiones necesarias para la transferencia de recursos existentes en el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, conocidos como ex braceros.

El exhorto plantea, además, que se establezcan las reglas a través de las cuales los ex braceros o sus herederos puedan acceder al beneficio que se les venía otorgando como resarcimiento del incumplimiento al reintegro de sus ahorros causado por los descuentos que se les hicieron a su salario, a través de los convenios de trabajo concertados con Estados Unidos en los años de 1942 a 1964.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD refirió que el pasado 6 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó reformas a diferentes fideicomisos, incluido el apoyo a ex braceros, ante lo cual el legislador consideró urgente realizar este exhorto.

Urióstegui Patiño reiteró la importancia de que la administración de este fideicomiso sea mediante reglas claras y límites tanto para beneficiarios como el Gobierno Federal, a fin de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo y destino de los recursos.

Iniciativas

A la Comisión de Justicia se turnó una iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal para reformar el Código Penal del Estado, con el objeto de que se contemple el tipo penal sobre “Delito cometido por informantes”, relativo al uso indebido de información de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y del sistema penitenciario, conocido como “halconeo”, ilícito que se castigará con dos y hasta 15 años de prisión.

El diputado Jesús Villanueva Vega (Morena) propuso adicionar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para dotar de las herramientas necesarias al personal operativo de dicha Institución, que permita la identificación precisa de las personas requeridas por la justicia, evitando casos de homonimia durante las órdenes de aprehensión o reaprehensión. Esta propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis dictaminación.

Por su parte, el diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) presentó una iniciativa de adición al Código Penal del Estado para considerar como delito de “fraude específico” el hecho de que, valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, se obtenga ventajas usurarias por medio de contratos o convenios que estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado. La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia.

Asimismo, a la Comisión de Justicia se turnó una iniciativa propuesta por el diputado Carlos Cruz López (Morena) para adicionar el Código Penal del Estado y contemplar el delito de “corrupción de personas menores de edad”, cuando a través de las redes sociales alguien engañe y se aproveche de un menor de 18 años, con discapacidad o que no comprende el significado del hecho, y los inciten a cometer actos de exhibicionismo corporal o sexual, prostitución, consumo de narcóticos, la comisión de un delito o formar parte de un grupo delictivo, actos que se castigarán de cuatro a 10 años de prisión.

Por su parte, la diputada Fabiola Rafael Dircio (PRD) propuso derogar el artículo 59 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, con el objeto de evitar que la impartición de justicia sea vulnerada a las partes dentro de los

procedimientos administrativos, derivado de la parcialidad con la que puede conducirse el personal (asesor jurídico) del Tribunal de Justicia Administrativa, y tomando en cuenta que ya existe una institución encargada de proporcionar asesoría jurídica gratuita, como lo es la Defensoría Pública, en favor de los particulares. La propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su dictaminación correspondiente.