BOLETIN/CONGRESO
Chilpancingo, Gro.
25 de septiembre de 2020.
Para tipificar el delito por “Disparo injustificado de arma de fuego” con una penalidad de ocho meses y hasta cinco años de prisión, y multas de 500 a 10 mil pesos, el diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) propuso adicionar el Código Penal del Estado de Guerrero.
En la propuesta que se turnó para su análisis a la Comisión de Justicia, el diputado señala que el fenómeno de las balas perdidas es producto de la violencia social, comunitaria o interpersonal, y que la persona que dispara al aire no tiene un respeto por los derechos de los demás, lo cual refleja una conducta violenta que afecta la armonía y la convivencia social.
Manifestó que, de acuerdo con el informe del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, México es el segundo país con más incidentes y víctimas a causa de balas perdidas, con un registro de 116 casos, apenas por debajo de los 197 que hubo en Brasil.
Dijo que estos casos generaron 132 víctimas, 55 personas muertas y 77 lesionadas, y agregó que en el 28 por ciento de los casos no se supo de dónde provino la bala; el 16 por ciento de situaciones por la violencia social; el 15 del crimen organizado, y el 14 restante de los llamados “tiros alegres”, aquéllos que se lanzan al aire en algún festejo.
Señaló de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, Guerrero está contemplado como uno de los estados donde ocurren muchos casos por esta problemática, y que al no tener cifras exactas de cuántas personas han sido lesionadas o heridas a causa de los disparos al aire, se vulnera el acceso a la información y da un mensaje de impunidad y falta de castigo para los responsables, ya que pese a no estar tipificado como
delito grave, el mal manejo de un arma puede provocar la muerte o una herida de gravedad.
Por lo anterior destacó que está iniciativa pretende reconocer como conducta típica, antijurídica, culpable y punible el disparo de arma de fuego sin causa justificada, ya que pone en riesgo bienes jurídicos importantes para la sociedad, como la paz y la seguridad pública, además de la vida y la integridad personal de los ciudadanos
