• Personal directivo del Ayuntamiento presenta propuestas
Boletín | Ayuntamiento | Marquelia, Gro. | 28 de octubre del 2022.
En representación del Gobierno de Marquelia 2021-2024, personal directivo del Ayuntamiento participó este viernes en el Foro de consulta para la elaboración del Diagnóstico y Programa estatal de Derechos Humanos, convocado por la Secretaría General de Gobierno.
Estos foros regionales son la segunda etapa del Plan Estatal de Desarrollo de la administración que encabeza la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, y por el cual se definirán las acciones a realizar para el desarrollo de las diferentes regiones del estado de Guerrero.
En esta ocasión, se contó con la presencia del presidente municipal Lincer Casiano Clemente; Gretel Dávila Vargas, delegada regional de Derechos Humanos en Costa Chica; Germán Herrera Clemente, delegado regional de Gobernación estatal; Miguel Flores, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, y Jesús Marcial Liborio, subdirector de Derechos Humanos y Enlace Legislativo de la Secretaría de Salud Guerrero.
Por parte del Ayuntamiento acudieron la síndica procuradora, Selene Irra López, así como Abigail Sandoval Hernández, regidora de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Érika Hernández Hernández, regidora de Equidad de Género, Participación de la Mujer y Fomento al Empleo, así como directoras y directores municipales.
Entre las participaciones cabe resaltar las que hicieron la síndica procuradora, Selene Irra López, la directora de Desarrollo Social, Rubí Janet Rodríguez Castañeda, y quien funge como asesora jurídica, Lucía Salinas Rodríguez, propuestas interesantes sobre el tema de los derechos humanos y enfocado a la población afrodescendiente de nuestra región.
En su propuesta, Rubí Rodríguez se enfocó a los derechos humanos de la población afrodescendiente, para la cual expuso que se debe garantizar “el derecho a la propiedad, al uso y protección de tierras que se hayan ocupado, es decir que no haya una persona afro sin un espacio donde vivir, que sea suyo”, además de que se debe garantizar “el derecho a la identidad cultural y salvaguardar su modo de vida, así como sus formas de organización económica y social”.
Agregó que “se deben implementar laboratorios que promuevan el uso de la herbolaria, la medicina tradicional, retomar la forma de curación de nuestros ancestros; garantizar el derecho a la consulta cuando se tomen decisiones que puedan afectar nuestros derechos, impulsar proyectos productivos de combate a la pobreza, impulsar la participación de afrodescendientes en los espacios políticos y económicos, que se fomente el acceso a la justicia, y sobre todo que las instituciones reconozcan también la existencia del pueblo afro” para que tengan acceso a los programas sociales.
Por su parte, Lucía Salinas expuso como propuestas en primer término que se debe “concientizar a las autoridades, para que brinden atención al usuario, tomando en cuenta las perspectivas, empatía y calidez humana”.
Se debe “capacitar al personal que labora en las dependencias, para que cada una, en el ámbito de sus competencias, brinde atención integral, personalizada y profesional a los usuarios; certificación en materia de derechos humanos, con la finalidad de que el servidor público comprenda la importancia que conlleva el salvaguardar los derechos humanos del usuario, así como también que conozca las responsabilidades en caso de omisión”.
Y por último propuso “la creación de módulos en los diversos municipios con personal certificado para acercar la institución al ciudadano y donde se informen, se reciban quejas, investiguen, resuelvan y orienten y en su caso vinculen a los infractores, así como den seguimiento a dichos procesos.
Esto en atención a que en la Costa Chica se tiene que acudir hasta Ometepec para realizar las denuncias”.
De suma importancia fue la aportación de la síndica Selene Irra López, quien puntualizó la necesidad de que “las quejas contra violación a los derechos humanos sean de oficio, que exista personal capacitado para acercar la justicia a los ciudadanos que van a presentar una queja, que las recomendaciones se ejecuten, que existan campañas de información sobre los derechos humanos y se fomente la cultura de la denuncia”.
