Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Gro. 09 de Diciembre del 2019.
Durante al menos 10 años, autoridades estatales y federales han ocultado la información real sobre la ola de violencia que se vive en el municipio, mientras la población se encuentra viviendo “un verdadero infierno”, manifestó en días pasados el presidente municipal, Gregorio Portillo Mendoza.
Fue hasta hace un mes, que finalmente el alcalde zirandarense hizo pública la situación en que se encontraba el municipio; decenas de muertos, comunidades desplazadas dispuestas a armarse para hacer frente a los grupos criminales que se disputan el territorio.
La crisis de seguridad no es nueva, dijo; durante los últimos 10 años más de 10 mil personas han sido desplazadas de manera forzada por células de la delincuencia organizada de más de 40 comunidades, algunas han quedado convertidas en auténticos pueblos fantasma.
El dato más burdo, señaló, es que la federación ha registrado sólo un homicidio en tres años, mientras que de acuerdo con cifras del municipio han sido más de 400 asesinatos, además de personas desaparecidas que en el mayor de los casos, terminan en fosas clandestinas.
Las cifras alteradas, han impedido que el municipio reciba la atención del Gobierno Federal en materia de seguridad, pues al llegar a las Mesas Territoriales, no ha datos oficiales que den cuenta de la inseguridad y violencia que se viven todos los días.
Esta semana, mientras en la cabecera municipal se llevaba a cabo una marcha por la paz, en la comunidad de San Rafael se libraba un enfrentamiento entre sicarios, un grupo de autodefensa y elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, que tampoco fue informado.
Hace unas semanas, el alcalde se retiró de las mesas regionales de seguridad que tenían lugar en el Batallón del Ejército de Ciudad Altamirano por cuestiones de seguridad, además de que sus propuestas eran ignoradas y no se estaban atendiendo sus demandas.
El desplazamiento forzado, ha sido el tiro de gracia, como lo manifestó durante su intervención tras la marcha por la paz, y ha impactado en el sector más productivo, que es la ganadería, donde cientos de ganaderos han tenido que vender barato su ganado y huir del municipio.
Sin la solidaridad de los municipios vecinos, insistió, la violencia se ha intensificado, provocando pérdidas en la ganadería de hasta un 70 por ciento, muy lejos de las un millón de cabezas que se vendían cada año.
Expuso que hace unas semanas, se dio un enfrentamiento en la comunidad de los Alacranes, que dejó un saldo de al menos 14 personas muertas, sin embargo los cuerpos fueron levantados por sus compañeros y probablemente sepultados en una fosa clandestina que tienen en Patambo, municipio de Coyuca de Catalán.
También recordó que en 2013, se registró una masacre de nueve presuntos sicarios en la comunidad de El Cóbano, donde el Ejército llegó y los acribilló mientras nadaban en un río, desarmados, a quienes responsabilizaba del asesinato de 11 militares, casos que no aparecen en las bitácoras de las autoridades.
La presencia de por lo menos seis células delictivas impiden que las corporaciones policiacas lleguen a las comunidades, y por lo tanto están a merced de los grupos armados.
Gregorio Portillo, ha advertido que ahora más que nunca seguirá denunciando los hechos de violencia y exigir con esto el restablecimiento de la seguridad, el retorno de los desplazados a sus comunidades, y que no se vuelva a minimizar la situación en su municipio.
Gracias a que hizo públicas las amenazas de muerte en su contra, la seguridad en la cabecera municipal ha sido reforzada con 60 elementos de la Guardia Nacional, de 225 que fueron desplegados para toda la Región de Tierra Caliente, además de que se le ha dotado de seguridad personal para desplazarse a reuniones. (Agencia Periodística de Investigación)
