PROPONE DIPUTADA PROTEGER DATOS PERSONALES DE MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Boletín| Congreso del Estado| Chilpancingo, Gro.|28 de marzo de 2025

Con el propósito fundamental de garantizar el cuidado de los datos personales de las mujeres que son víctimas de violencia, la diputada Leticia Mosso Hernández propone adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero.

En su propuesta, expone que la violencia contra las mujeres es un problema grave y persistente en la sociedad y que la protección de sus datos personales es crucial para garantizar su privacidad, seguridad y bienestar.

Y es que refiere que la violencia digital y mediática hacia las mujeres se ha convertido en un problema creciente y preocupante, y que de acuerdo con la ONU- Mujeres la violencia de género contra las mujeres y las niñas en línea es una forma universal de discriminación basada en el género y una violación de los derechos humanos, impulsada por los desequilibrios de poder, el patriarcado y la misoginia.

“Las tecnologías de la información y la comunicación y la violencia de género en línea agravan las formas existentes de violencia, como el acoso sexual y la violencia de pareja, y además han introducido nuevas formas de violencia de género facilitadas por la tecnología”, dijo.

Asimismo, añadió que se ha señalado que la violencia digital contra las mujeres y niñas causa graves daños y sufrimientos psicológicos, físicos, sexuales y/o económicos, además, puede tener un efecto paralizador al impedir la participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida pública, lo que entraña graves repercusiones sanitarias, sociales y económicas en todos los ámbitos de su vida.

Además, la legisladora refiere que la exposición de mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia pueden revictimizarlas y aumentar su vulnerabilidad y la difusión de sus datos personales sin su consentimiento puede generar consecuencias graves como: revictimización, ya que la exposición pública puede reactivar el trauma y la ansiedad; violencia digital y mediática, porque la difusión de información personal puede atraer acosos, amenazas y violencia en línea.

Pérdida de privacidad, porque la exposición pública puede comprometer la privacidad y la seguridad de la víctima; estigmatización, porque la difusión de información personal puede perpetuar estereotipos y prejuicios contra las víctimas.

En ese sentido, Leticia Mosso aseguró que es fundamental que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, y las personas que utilicen los medios de comunicación tomen medidas para proteger la privacidad y la seguridad de las víctimas, porque la privacidad y la seguridad de las víctimas de violencia son derechos fundamentales que deben ser respetados y protegidos.

Por ello, propone establecer que es responsabilidad del Estado, de los poderes legalmente constituidos y de los municipios, en los ámbitos de sus respectivas competencias, adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer.

Por lo que deberán garantizar la confidencialidad de los datos personales de las mujeres víctimas de violencia y evitar transferencia de registros de sus datos personales en todos aquellos libros, archivos, expedientes u otro sistema que puedan ser susceptibles de apropiación de la información por parte de terceros.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

Gobierno de Guerrero inicia reuniones con el poder Legislativo para impulsar la estrategia integral en materia de desaparición forzada

Boletín| Gobierno del Estado|Chilpancingo, Gro.| 27 de marzo de 2025.

Con el objetivo de consolidar una propuesta legislativa robusta y eficaz, que permita impulsar una estrategia integral en materia de desaparición forzada en el estado, el gobierno de Guerrero participó en una reunión de trabajo interinstitucional en el Congreso del Estado de Guerrero, en el marco de las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, presentadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso de la Unión.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que en esta reunión, en la que participaron representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como al Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado de Guerrero, Jesús Urióstegui García, se abordó la importancia de enriquecer la propuesta legislativa que se elevará desde el estado de Guerrero.

Rodríguez Cisneros, indicó que la nueva legislación permitirá optimizar la capacidad de respuesta de las autoridades ante casos de desaparición, además, señaló el carácter prioritario de esta agenda para el gobierno estatal y reiteró el compromiso de construir una ley que integre las perspectivas y necesidades de todos los actores sociales involucrados y reconoció la colaboración de Urióstegui García en estos diálogos constantes con los colectivos.

Por su parte, Urióstegui García reafirmó la disposición del Poder Legislativo local para avanzar en esta materia, destacando los diálogos previos sostenidos entre colectivos y la Secretaría de Gobernación (SEGOB). “Nos constituimos como aliados estratégicos en este proceso de construcción participativa, lo cual representa un avance significativo”, puntualizó.

Durante su participación, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán, acordó brindar acompañamiento técnico y jurídico durante todo el proceso, enfatizando la imperiosa necesidad de salvaguardar los derechos de las víctimas, mientras que los colectivos presentes manifestaron su reconocimiento a la apertura y disposición del Ejecutivo Estatal para establecer un canal de comunicación directo.

ANALIZAN EXHORTO A SICT Y CAPUFE A SUSPENDER EL COBRO EN LA AUTOPISTA DEL SOL DURANTE SEMANA SANTA

Boletín| Congreso del Estado|Chilpancingo, Gro.| 27 de marzo de 2025

Las Comisiones Unidas de Turismo y de Hacienda del Congreso del Estado de Guerrero analizan un exhorto a la titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y al director General de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), a realizar las gestiones para continuar con la suspensión del cobro de peaje en las tres casetas de la Autopista del Sol, en el tramo de Paso Morelos-Acapulco, durante el periodo vacacional que concluye próximo el 25 de abril.

 

La propuesta la presentó la diputada María Irene Montiel Servín (PAN) y contó con la adhesión de la diputada Leticia Mosso Hernández (PT), el Grupo Parlamentario del PRI y la Representación del Partido Movimiento Ciudadano, expone que luego del paso de los huracanes Otis y John, en el 2023 y 2024, el Gobierno federal anunció la suspensión del pago de peaje en la Autopista del Sol, lo que fue un acierto porque se contribuyó a reactivar la economía de las familias acapulqueñas.

 

Señala que de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, en el periodo vacacional de Semana Santa en 2024 llegaron 277 mil turistas, con una ocupación hotelera del 72.7 por ciento y una derrama económica de más de 2 mil millones de pesos en Guerrero; y en el pasado puente vacacional del 16 al 18 de este mes hubo una derrama económica de 623 millones de pesos y una ocupación del 83.77 por ciento, de los cuales Acapulco captó 390 millones, con una ocupación del 85.88 por ciento y una afluencia de 62 mil 199 visitantes.

 

Sin embargo, el 20 de marzo CAPUFE anunció que a partir del 22 de marzo se reanudaría el pago de peaje por concluir la emergencia técnica–operativa, además se anunció un incremento que elevaría el costo del trayecto hasta el puerto.

 

La legisladora señaló que las próximas vacaciones de Semana Santa serán una gran oportunidad de recibir a miles de turistas nacionales que dejarán una gran derrama económica, y el ahorro del pago de las casetas servirá para el consumo en negocios medianos y pequeños del puerto y que este ingreso llegue a los bolsillos de las familias acapulqueñas.

 

Por ello, proponen exhortar a la SICT y al director de CAPUFE para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realicen las gestiones necesarias para continuar y extender la suspensión del cobro de peaje en las tres casetas de cobro de la vía en el tramo de Paso Morelos hasta Acapulco durante el periodo vacacional que concluye el 25 de abril.

 

Asimismo, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realicen las acciones para analizar y establecer tarifas especiales a bajo costo en las casetas que ocupan la vía en el tramo de Paso Morelos hasta Acapulco durante el periodo que se desarrolle el programa “Acapulco se Transforma Contigo”

RECONOCE PRESIDENTE DE JUCOPO VISIÓN Y COMPROMISO DE GOBERNADORA POR IMPULSO DE LEY CAMILA

*La nueva legislación fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes en el estado

Boletín| Gobierno del Estado| Chilpancingo de los Bravo, Gro.| 27 de marzo de 2025

Este miércoles, con el respaldo unánime de las diputadas y diputados del Congreso de Guerrero, fue aprobada la Ley Camila, iniciativa preferente impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García, resaltó que la propuesta de reforma fue un esfuerzo directo de la mandataria estatal, quien ha demostrado su compromiso con este sector de la población.

“La Ley Camila es un tema de suma importancia, y quiero reconocer a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por impulsar esta iniciativa en favor de la infancia. Como Congreso, nuestro deber es respaldar estas acciones que fortalecen los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Guerrero”, expresó Urióstegui García.

El legislador hizo un llamado a los diversos actores sociales y políticos a evitar la politización del tema y enfocarse en el objetivo central: brindar mayor seguridad y protección a la niñez guerrerense.

Además, destacó que el Congreso trabaja en la armonización de diversas reformas constitucionales en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como en otros temas de interés social, entre ellos, las reformas al Poder Judicial.

Finalmente, Urióstegui García reconoció la responsabilidad de todas las diputadas y diputados que respaldaron la Ley Camila y reiteró la importancia de continuar trabajando en unidad para mejorar las condiciones de vida en Guerrero.

APRUEBA CONGRESO DE GUERRERO REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA INDÍGENA Y AFROMEXICANA

Boletín| Congreso del Estado| Chilpancingo, Gro.|26 de marzo de 2025

El Congreso de Guerrero aprobó la reforma a la Constitución Política del Estado en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que establece su reconocimiento como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En la segunda sesión de la jornada legislativa de este miércoles, la presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, diputada Citlali Calixto Jiménez, presentó el dictamen con el que se homologa la Constitución estatal con la federal, luego de la reforma de septiembre de 2024.

Señaló que el dictamen presentado al pleno del Congreso local permite “resarcir la gran deuda histórica e iniciar la restitución de la justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos”.

“Esta Iniciativa no solo es una reforma, es el reconocimiento de la grandeza de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, quienes han sido guardianes de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad como Estado y como Nación”.

El 30 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas, la que mandataba a las entidades federativas a realizar las adecuaciones pertinentes a su marco jurídico local.

La Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas presentó la iniciativa de reforma a la Constitución local, la que fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, que elaboró el dictamen sometido a votación.

La reforma aprobada por el Pleno de la LXIV Legislatura considera el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como reconoce el rol y derechos de las mujeres, niñez y juventud de dichos pueblos y comunidades.

Garantiza su autonomía y libre determinación dentro del marco establecido por la Constitución federal y la estatal, así como de las leyes que derivan de éstas, protegiendo sus territorios, recursos naturales, cultura, lenguas y tradiciones, estableció en su intervención Calixto Jiménez, quien preside la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

La reforma reconoce sus sistemas normativos internos, así como el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, para que ninguna decisión que afecte sus derechos tanto en lo individual como en lo colectivo se tome sin conocer su opinión.

Fortalece también su representación política, el derecho de elegir representantes ante los ayuntamientos y participar plenamente en la toma de decisiones políticas, la propiedad intelectual colectiva de su patrimonio material e inmaterial, el derecho a la educación intercultural y plurilingüe.

Fomenta el desarrollo, práctica, fortalecimiento y promoción de su medicina tradicional y la partería, al tiempo que asegura el acceso a la tierra, el territorio y los recursos naturales, respetando su cultura y cosmovisión.

La reforma constitucional asegura a las personas indígenas y afromexicanas el derecho a ser asistidas y asesoradas por intérpretes, peritos traductores, defensores y peritos

especializados en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, diversidad cultural y lingüística.

De acuerdo con el proceso legislativo, la reforma aprobada se turnará a los Ayuntamientos para que los cabildos otorguen su aval. Al lograr la mitad más uno de avales municipales será promulgada por la Gobernadora Constitucional, Evelyn Salgado Pineda, y se publicará en el Periódico Oficial del Estado para que inicie su vigencia.

Acuerdos

El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) presentó un punto de acuerdo por el que la LXIV Legislatura exhorta a los 84 Ayuntamientos y al Consejo Municipal de Ayutla de los Libres, para que sus instalaciones eliminen las barreras arquitectónicas y cuenten con elementos de accesibilidad universal para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la movilidad. Fue turnado a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Atención a las Personas con Discapacidad.

La diputada Diana Bernabé Vega (Morena) presentó un punto de acuerdo por el que la LXIV Legislatura exhorta a los 84 Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Ayutla de los Libres, a que expidan su reglamento en materia de presupuesto participativo en términos de lo dispuesto por los artículos 46 y demás relativos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a fin de que la ciudadanía de Guerrero pueda acceder a este instrumento de participación ciudadana. Fue turnada a la Comisión de Participación Ciudadana.

El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, a que se instale una “Oficina de la Defensa del Consumidor” (Odeco) en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, para atender a las y los ciudadanos de la región Centro y sean respetados sus derechos como consumidores. Fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.

La diputada Citlali Tellez Castillo (Morena) presentó un punto de acuerdo por el que la LXIV Legislatura exhorta a los delegados titulares, encargados, coordinadores o representantes en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que refuercen de manera inmediata el acceso periódico a los estudios de Papanicolaou y Colposcopía, y se vuelvan a implementar de manera urgente pruebas de PCR en todas sus unidades médicas en el Estado. Fue turnado a la Comisión de Salud.

Intervenciones

El diputado Joaquín Badillo Escamilla intervino con el tema “saneamiento de la Bahía de Acapulco de Juárez, Guerrero, después del Huracán Otis”.

La diputada Leticia Rodríguez Armenta habló sobre la “Discapacidad no debería ser sinónimo de aislamiento”.

APRUEBA CONGRESO REFORMA QUE SANCIONA HASTA CON 40 AÑOS DE PRISIÓN DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES

Boletín| Congreso del Estado|Chilpancingo, Gro.| 26 de marzo de 2025

Por unanimidad, diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron reformas al Código Penal del Estado para aumentar la penalidad hasta en 40 años de prisión para quienes cometan delitos sexuales y de privación ilegal de la libertad contra niñas, niños y adolescentes.

Este dictamen de reformas a los artículos 179, 181, 184, 186 y 191 del Código Penal del Estado, es derivado de una iniciativa enviada por la Gobernadora del Estado, maestra Evelyn Salgado Pineda, y busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, al aumentar las penas para quienes cometan dichos delitos, asegurando un marco normativo que reconozca sus derechos de manera integral y garantice su dignidad y protección efectiva.

Al fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Justicia la diputada Luissana Ramos Pineda señaló que estas reformas representan un avance firme para garantizar sanciones más severas y efectivas contra quienes vulneren la integridad de la infancia y la juventud guerrerense.

Agregó que con estas modificaciones se fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes, ya que agrava las penas por delitos sexuales y privación ilegal de la libertad contra estos, y con ello se reafirma el compromiso por consolidar sus derechos y dar certeza jurídica.

“Este decreto no solo fortalece el marco legal de Guerrero sino que también envía un mensaje claro e inquebrantable que en el Estado no hay cabida para la impunidad”, apuntó la diputada, vocal de la Comisión.

 

Con estas reformas también se fortalece el marco de prevención, se asegura el acceso a la justicia y servicios de apoyo efectivos para las víctimas y armoniza el lenguaje normativo con los principios de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en materia de derechos de la infancia.

Las reformas establecen penas por violación equiparada de 12 a 40 años de prisión; por abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, penas de 12 a 17 años de prisión y multas de 500 a 950 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), más la reparación del daño.

En el caso de hostigamiento sexual contra niñas, niños y adolescentes, penas de cuatro a 10 años de prisión y multas de 150 a 500 días de UMA, y si el responsable es servidor público será destituido e inhabilitado por un periodo igual al de la pena impuesta; contra el delito de acoso sexual se impondrán penas de cuatro a 10 años de prisión y multas de 100 a 400 días de UMA.

En la privación ilegal de la libertad (agravantes) si excede 24 horas se incrementa un mes de prisión por cada día adicional; si se usa violencia física o moral o la víctima no puede comprender el hecho, la pena será de tres a siete años y seis meses de prisión y hasta 375 días de multa y si la víctima es menor de 18 años, la pena será de cuatro a 10 años de prisión y hasta 500 días de multa.

Iniciativas

La diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena) presentó una iniciativa por la que se deroga el Art. 432 del Código Civil del Estado de Guerrero para garantizar la igualdad entre cónyuges, eliminando la restricción que exige autorización judicial para celebrar contratos entre ellos, y así proteger la autonomía de la voluntad y evitar la discriminación por estado civil. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, con el fin de fortalecer la protección a las víctimas y garantizar su reparación integral, incluyendo medidas para asegurar el acceso a la información sobre los procesos legales, la mediación en casos de violaciones

de sus derechos humanos, para que las víctimas sean informadas sobre el avance de las investigaciones y se les tome en cuenta para emitir las recomendaciones. Fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos.

El diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena) presentó una iniciativa de reforma y adiciones a la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de simplificación orgánica del Gobierno estatal y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, alineando las disposiciones locales con la Reforma constitucional federal en la misma materia. Esta reforma propone la modificación de 15 artículos de la Constitución Política local, con la cual dota de atribuciones a las Contralorías del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos y autoridades municipales en la entidad, para garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, así como optimizar los recursos destinados a la transparencia y protección de datos personales. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

APRUEBA CONGRESO DE GUERRERO HASTA 18 AÑOS DE PRISIÓN CONTRA PORNOGRAFÍA INFANTIL

Boletín| Congreso del Estado|Chilpancingo, Gro.| 26 de marzo de 2025

Diputadas y diputados integrantes de la LXIV Legislatura aprobaron reformas y adiciones al Código Penal para el Estado de Guerrero para aumentar la penalidad hasta 18 años de prisión por el delito de pornografía infantil en la entidad.

De acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión de Justicia, derivado de una propuesta realizada por la diputada Diana Bernabé Vega, el objetivo de estas modificaciones es garantizar los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes a una vida digna, libre de violencia y explotación sexual, debido a los altos índices del delito de pornografía infantil.

Al fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión, el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez dijo que este delito lacera la dignidad de las víctimas, deja secuelas permanentes y con el uso de tecnologías se ha convertido en una amenaza creciente y global.

Al aumentar la penalidad por estos delitos se responde a una necesidad, ya que de acuerdo con datos del INEGI en el 2022 se registraron 15 mil 100 casos de abusos contra menores, de los cuales 10 mil 300 corresponden a pornografía infantil, que ha sido facilitada en gran medida por el uso de la tecnología, por lo que es necesario endurecer las sanciones para evitar este comportamiento.

De esta manera, con la reforma al artículo 173 al Código Penal del Estado, se establece que se impondrá pena de 12 a 16 años de prisión y de mil 200 a mil 600 días de multa para quienes induzcan, procuren, faciliten, fijen por cualquier medio a una persona menor de edad o que no tenga capacidad para

comprender el significado del hecho, a realizar actos de índole sexual o de exhibicionismo corporal real o simulados, con el fin de grabarlos, audiograbarlos, videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describa a través de anuncios.

Además, se impondrá de 14 a 18 años de prisión y de mil 400 a mil 800 días de multa para quienes comercialicen material con contenido pornográfico de menores, es decir, a quien posea, financie, reproduzca, ofrezca, almacene, distribuya, venda, compre, rente, exponga, publique, transmita, importe o exporte por cualquier medio grabaciones, audiograbaciones, videograbaciones, fotografías, filmes o descripciones.

Con estas modificaciones, “se envía el mensaje claro de que en Guerrero no hay lugar para quienes atenten contra la infancia, no habrá impunidad para los depredadores sexuales ni para quienes lucran con el dolor ajeno”, expresó el legislador.

Dictámenes

El Congreso del Estado de Guerrero aprobó un dictamen de reforma al Art. 70 de Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y al Art. 39 de la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, para eliminar las restricciones que limitan la libertad sindical, específicamente la exigencia de contar con la mayoría absoluta de trabajadores para obtener el registro de un sindicato, estableciendo el mínimo de 20 trabajadores para hacer válido su registro ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Fundamentó la diputada Araceli Ocampo Manzanares como integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.

Asimismo, aprobó un dictamen para exhortar a los Ayuntamientos de: Acapulco de Juárez; Chilpancingo de los Bravo; Taxco de Alarcón; Iguala de la Independencia; Tixtla de Guerrero; Leonardo Bravo; Atoyac de Álvarez; Ometepec; Cuajinicuilapa; Eduardo Neri; Ayutla de los Libres; San Marcos; Arcelia; Técpan de Galeana; Benito Juárez; Copala; Mártir de Cuilapan; Tecoanapa; Huamuxtitlán; así como los Organismos Públicos Descentralizados: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA); Sistema de Desarrollo Infantil y Familiar (DIF) Acapulco; Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala de la

Independencia (CAPAMI); Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tixtla (SIMAPA), para que de manera inmediata paguen el adeudo de las cuotas descontadas a los trabajadores públicos y las aportaciones al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), y se garantice el derecho humano a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. Fundamentó el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón en su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.

También, El Pleno de la LXIV Legislatura aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Marina y a la Comisión Nacional del Agua en Guerrero, para que, en coordinación con los municipios de Atoyac de Álvarez y Benito Juárez realicen el dragado del río Atoyac para prevenir desbordamientos e inundaciones futuras.

Asimismo, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó un exhorto a las y los titulares de las Secretarías de Planeación y Desarrollo Regional; de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; de la Comisión del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero; de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, para que en coordinación con el Ayuntamiento de Acapulco y en el ámbito de sus competencias, elaboren un diagnóstico sobre la problemática que causan los fenómenos meteorológicos en Acapulco, donde se reevalúe la zonificación de áreas vulnerables, contemplando las zonas propensas a inundaciones por lluvias ordinarias y extraordinarias, y por deslizamientos de tierra; además se prevea la implementación de un programa de manejo integral de encauzamiento, construyendo infraestructura que pueda resistir eventos climáticos.

APRUEBA EL CONGRESO DE GUERRERO MINUTA PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DIGITALIZACIÓN PARA REDUCIR LA BUROCRACIA Y FORTALECER LA TRANSPARENCIA

Boletín| Congreso del Estado|Chilpancingo, Gro.| 25 de marzo de 2025

El Congreso del Estado de Guerrero aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa y digitalización.

Se señala que con esta reforma se busca reducir la burocracia, homologar procesos y fortalecer la transparencia, mediante la digitalización administrativa en todos los niveles de gobierno, en beneficio de la ciudadanía.

La fundamentación refiere que la digitalización de trámites facilitará los procesos y reducirá costos y tiempo de espera, permitiendo una gestión pública más accesible y efectiva, además, se protege y promueve el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, garantizando que la ciudadanía acceda a servicios esenciales de manera eficaz y eficiente.

También destaca que la inclusión digital es una herramienta indispensable para garantizar la equidad y la participación de todos los sectores de la sociedad en la vida política y económica del país, y contribuye a la mejora de la calidad regulatoria, la reducción de costos y aplicación eficiente de los recursos públicos.

Con esta reforma se fortalece la atención ciudadana, al fomentar la interacción directa entre esta y las instituciones públicas, a través del uso de plataformas digitales y se garantiza

que el uso de las tecnologías de la información sirva como motor para desarrollo y bienestar de las personas y grupos humanos, con perspectiva económica y social.

“Estas reformas conllevan el beneficio adicional de reducir la corrupción, al suprimir organismos y crear un marco más claro y transparente con mejores mecanismos de control y supervisión, además, se reduce la duplicidad de funciones, se optimizan los recursos y tiempos haciendo que el gobierno pueda responder de manera más ágil a las necesidades y demandas de la ciudadanía”, apuntó la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez al fundamentar el dictamen en su calidad de presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

Asimismo, se señala que estas modificaciones no solo responden a la necesidad de modernización gubernamental sino que protege y fortalece derechos fundamentales, como el acceso a la información, participación ciudadana, transparencia gubernamental e igualdad de oportunidades y se faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley Nacional que establezca los principios y obligaciones en dicha materia impulsando las buenas prácticas regulatorias, el desarrollo y fortalecimiento de capacidades públicas.

*Acuerdos*

El diputado Juan Valenzo Villanueva (Morena) presentó un punto de acuerdo por el que la LXIV Legislatura exhorta a los 84 Ayuntamientos del Estado y al Concejo Municipal de Ayutla de los Libres a que revisen y garanticen la accesibilidad de las vías públicas para las personas con discapacidad, y eliminen cualquier obstrucción que dificulte su libre tránsito. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Transporte y de Atención a las Personas con Discapacidad.

La diputada María Irene Montiel Servín (PAN), a nombre también de la diputada Leticia Mosso Hernández (PT) y del Grupo Parlamentario del PRI, presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como al director general de Caminos y Puentes Federales, a realizar las gestiones necesarias para continuar y extender la suspensión del cobro de peaje en las tres casetas de la Autopista del Sol, en el tramo de Paso Morelos hasta Acapulco, durante el periodo vacacional que

concluye el 25 de abril. A dicho exhorto se sumó la Representación del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso de Guerrero. Fue turnado a la Comisiones Unidas de Turismo y de Hacienda.

El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, a nombre también de la diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero a que informe a esta Soberanía si existen datos específicos sobre gremios de personas artesanas que producen pirotecnia en los diferentes municipios del estado, de conformidad con la Fracción I del Artículo 105 de la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado de Guerrero. Fue turnada a la Comisión de Cultura.

*Intervenciones*

Los diputados Joaquín Badillo Escamilla y Araceli Ocampo Manzanares intervinieron sobre los beneficios de los taxis marítimos en el Puerto de Acapulco.

PRESENTAN INICIATIVA PARA HOMOLOGACIÓN CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS

Boletín| Congreso del Estado| Chilpancingo, Gro.|25 de marzo de 2025.

El diputado Pánfilo Sánchez Almazán, a nombre de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma y adiciones a la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

 

Al leer la propuesta en tribuna, el legislador señaló que esta iniciativa deriva de la reforma al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, aprobada por el Congreso de la Unión el 30 de septiembre del 2024, y tiene como finalidad armonizar el marco jurídico constitucional estatal con el federal.

 

Refirió que los pueblos indígenas y afromexicanos requieren de una mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, que han luchado por su inclusión en la agenda pública para el desarrollo, y que han sido persistentes en la exigencia del reconocimiento de sus derechos y cultura.

 

Sánchez Almazán dijo que es fundamental reconocer que la discriminación estructural que durante siglos han enfrentado, ha limitado el ejercicio pleno de sus derechos y las oportunidades para acceder a la salud, educación, vivienda, desarrollo social, cultural, seguridad y a la justicia pronta y expedita.

Por ello, dijo que “hoy se tiene la oportunidad de resarcir la gran deuda histórica, de iniciar la restitución de la justicia de estos

pueblos, y que esta iniciativa no solo es una reforma sino el reconocimiento de la grandeza de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, quienes han sido guardianes de la cultura, la historia y la identidad como Estado y como Nación”.

 

Explicó que con esta reforma se pretende que sean reconocidos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, garantizar su voz y voto en las decisiones que los afectan, que sus instituciones y sistemas normativos sean respetados y se garantiza su autonomía y libre determinación, protegiendo su territorio, recursos naturales, cultura, lengua y tradiciones.

 

Agregó que con esta propuesta se visibilizan y priorizan los derechos para que las mujeres indígenas y afromexicanas que han enfrentado históricamente múltiples barreras para acceder a la educación, salud, propiedad y participación política, sean parte activa en la toma de decisiones de sus comunidades y del Estado.

 

El legislador dijo que para las juventudes indígenas y afromexicanas se asegura su acceso a una educación de calidad, intercultural y que fortalezca su desarrollo profesional y cultural.

 

Además, se establecen obligaciones para que el Estado y los municipios asignen presupuestos justos y equitativos para que los pueblos y comunidades los administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia, para garantizar el acceso a la salud, educación, vías de comunicación, vivienda, y desarrollo, siempre con inclusión intercultural.

 

La iniciativa fue impulsada por quienes integran la Comisión legislativa: Catalina Apolinar Santiago, Edgar Ventura de la Cruz, Guadalupe García Villalva, Hilda Jennifer Ponce Mendoza y Pánfilo Sánchez Almazán, presidenta, secretario y vocales, respectivamente, y se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis, discusión y aprobación en su caso.

 

Iniciativas

La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC), a nombre también de la diputada Deyanira Uribe Cuevas (MC), presentó una iniciativa de reforma y adición a la Constitución Política del Estado de Guerrero para que se reconozca el derecho al cuidado como un derecho humano y se cree un Sistema Estatal de Cuidados con participación del estado, el sector privado y la sociedad.

 

Con esto se busca garantizar infraestructura y servicios de cuidado accesibles y de calidad, brindar apoyos económicos y laborales a las personas cuidadoras, fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el hogar e incluir la perspectiva de género en las políticas públicas.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

 

El diputado Edgar Ventura Cruz (PT) propuso reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para que los partidos políticos destinen el 15 por ciento de su financiamiento público a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, en lugar del 5, con esto se pretende fortalecer la participación juvenil en la política, garantizando espacios donde puedan expresar sus ideas y contribuir al desarrollo del estado.

 

La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia.

PROPONEN HASTA SIETE AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN USA LA IA PARA DAÑAR REPUTACIÓN DE LAS PERSONAS

Boletín| Congreso del Estado| Chilpancingo, Gro.|24 de marzo de 2025

El diputado Carlos Eduardo Bello Solano presentó una iniciativa de adición al Código Penal del Estado para sancionar con cuatro y hasta siete años de prisión el uso indebido de la Inteligencia Artificial para alterar videos, audios, rostros o escenarios, con la intención de hacerlos pasar como reales y afectar la reputación e integridad de las personas; la sanción se incrementará hasta en una mitad cuando afecte a menores de edad, personas con discapacidad o en estado de vulnerabilidad.

 

En el documento al que se adhirió el Grupo Parlamentario de Morena, el legislador refiere que, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2023, el 82 por ciento de la población tiene acceso a las tecnologías y con el paso de los años pasó de ser computadoras convencionales hasta los dispositivos móviles inteligentes avanzando en la era digital a través de la Inteligencia Artificial (IA).

 

Dijo que la inteligencia artificial es una herramienta que ayuda a realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, la solución de problemas, interacción lingüística y hasta la creatividad al ser utilizada en temas de salud, educación, entre otros, facilitando diferentes aspectos de la vida cotidiana.

 

Sin embargo, esta nueva era digital es preocupante al ser una herramienta a la que están recurriendo los ciberdelincuentes, que la han sumado para extorsionar, como es el caso del grooming, utilizado por un adulto que mediante engaños y

mentiras establece un tipo de amistad con una niña, niño o adolescente a través de internet, ya sea vía redes sociales con el fin de obtener imágenes o videos que están destinado al consumo de pederasta o redes de abuso sexual.

 

Mientras que el phishing es una técnica de ingeniería social que se utiliza para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta y así apropiarse de la identidad de las personas, los cuales envían correos electrónicos falsos a sus contactos para obtener contraseñas y datos personales valiosos. De esta manera se suplanta y roban identidad para cometer otros delitos.

 

Estas acciones resultan preocupantes porque nacen del potencial que tienen los sistemas de IA para poder incorporar prejuicios, dañar la reputación de las personas, su integridad, la moral, así como amenazar los derechos humanos de las personas.

 

Por lo anterior, el diputado Carlos Eduardo Bello dijo que hacer uso de la Inteligencia Artificial representa riesgos y desafíos, por lo que es importante trabajar en un marco regulatorio de estas nuevas tecnologías a pesar de que existen códigos de ética para el buen uso de la Inteligencia Artificial es importante que en el ámbito legislativo se modifique el Código Penal para sancionar a las personas que incurran al mal uso de la IA.

 

La iniciativa de adición al Código Penal fue turnada a la Comisión de Justicia para seguir con su trámite legislativo.