De 2018 a la fecha han sido desplazadas mil 500 personas en Guerrero: Secretario de Gobierno

Juan Blanco/API
Chilpancingo, Gro. 05 de Febrero del 2020.- 
El gobierno del estado tiene un registro de mil 500 personas desplazadas en Guerrero de 2018 a la fecha a causa de la violencia, aunque hay más, reveló el titular de la Secretaría General del Gobierno del estado, Florencio Salazar Adame, quien aseguró que cuentan con estrategias para brindarles seguridad.

Entrevistado este miércoles luego de presidir la ceremonia oficial por el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en esta ciudad, el funcionario detalló que la mayoría de las personas desplazadas son del municipio de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Zitlala, Zirándaro de los Chávez y Coyuca de Benítez.

Tan sólo de Zihuaquio, ubicado en este último municipio de la zona de la Tierra Caliente, fueron unos 100 pobladores, entre niños y adultos mayores, los que abandonaron sus hogares y se refugiaron en la disputada comunidad de Vallecitos de Zaragoza, en Zihuatanejo, situado en la Costa Grande del estado, el pasado miércoles 29 de enero.

El encargado de la política interna dijo que el gobierno estatal tiene registro de mil 500 personas desplazadas pues son a las que se les han brindado apoyo, pero admitió que la cifra es mayor. “Hay un desplazamiento que nosotros desconocemos. Hay personas que de pronto salen de sus lugares de origen y que por su cuenta se van”.

Tras las críticas de la Iglesia Católica en el sentido de que el Estado no tiene una estrategia para resolver el desplazamiento masivo, Salazar Adame respondió que sí cuentan con ellas y que muestra de ello son primeramente los censos que realizan de las familias afectadas a quienes, además, presumió, se les apoya con despensas y colchonetas.

En relación a los recientes desplazamientos, indicó, el gobierno estatal está analizando implementar un mecanismo de seguridad en caso de que estos deseen retornar a sus lugares de origen, “o bien darles una ubicación permanente en coordinación con el Gobierno Federal”. 

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