BOLETIN
Chilpancingo, Gro.
26 de octubre del 2020.
La Comisión de Justicia analiza una iniciativa de reforma al Código Penal de Guerrero para redefinir el tipo penal de “incumplimiento de la obligación alimentaria”, con el objeto de castigar de uno a cinco años de prisión a quien incumpla con esta obligación, y cuando el acreedor alimentario sea una persona con discapacidad o persona adulta mayor, las sanciones aumentarán hasta en una tercera parte.
La propuesta de reforma fue presentada por el diputado Carlos Cruz López, de Morena, quien refirió que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya están establecidas las prerrogativas necesarias para garantizar el acceso y disfrute de los derechos humanos, entre ellos tener una vida digna y el derecho a recibir alimentos suficientes que garanticen un sano desarrollo.
Señaló que a pesar de lo anterior, dicho ordenamiento legal resulta insuficiente porque diariamente se registran casos de personas con discapacidad o adultos mayores en el completo descuido y abandono de sus propios familiares, actos que deben ser castigados, resaltó.
Cruz López informó que de acuerdo con datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 7.7 millones de personas con alguna discapacidad, de las cuales 1.2 millones son menores de edad.
Ante este panorama, el diputado considera importante legislar de manera integral para establecer medidas que incluyan la detección, prevención, atención, protección, reparación y
sanción de la violencia patrimonial contra los acreedores alimentarios.
Y es que -destacó- cuando la persona con discapacidad o persona adulta mayor es la afectada, se está frente a un claro agravante en esta figura típica, considerando que la mayor parte de estos grupos vulnerables no cuentan con acceso a una pensión o apoyo económico gubernamental, y en el caso de tenerlo, no les es suficiente, porque ésta no cubre las necesidades básicas para llevar una vida digna.