***Piden la intervención de López Obrador y Astudillo…
**Un Septuagenario y sus dos hijos están detenidos y encadenados y son torturados en Río Valero, municipio de Ayutla de los Libres, denuncian sus familiares
**El ministerio público de Ayutla a favor de Bruno Placido; no investiga detención y tortura de tres personas
**Los presuntos comunitarios están armados y dispuestos a enfrentarse contra policías
Redacción
Ayutla de los Libres, Gro.
1 de julio de 2020.
Habitantes de la localidad de Río Valero, municipio de Ayutla de los Libres, denunciaron que dos hombres de 36 y 22 años de edad y un anciano de 70 años de edad se encuentran encadenados, privados de su libertad y son torturados por elementos de la policía de la autodefensa perteneciente a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), desde hace más de tres meses, por un delito que no cometieron, por lo que piden la intervención del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, del gobernador Héctor Astudillo Flores así como de Ramón Navarrete Magdaleno, en su calidad de presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum).
En conferencia de prensa celebrada en Ayutla, los familiares de las personas detenidas informaron que desde hace más de tres meses tienen privados de la libertad y amarrados con cadenas a nuestros hermanos Rodolfo 36 años de edad e Ignacio 22 años de edad de apellidos Soto Dircio; así como al señor Eleuterio Soto Guadalupe, papá de ellos, persona de la tercera edad con 70 años, señalando que, “están en manos de esos delincuentes, los están torturando, mi padre es un anciano, en cualquier momento va a perder la vida por los golpes y el hambre que está pasando, está muy enfermo”.
Ante los hechos pidieron al presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador ayuda, “que nos ayude y termine con toda esta banda de delincuentes, si dice que no solapa corruptos, queremos que nos haga justicia, estas personas han destruido nuestras viviendas, se han llevado nuestras pertenencias, ante ello, presentamos denuncias ante el órgano investigador”.
Afirmaron que “el señor Titular del Ministerio Publico de Ayutla de los Libres, Carlos Betancourt Cruz, no investiga nuestras denuncias, está enfocado en perjudicar a nuestros familiares, los acusa de un homicidio que no cometieron, es una vil mentira, prueba de ello es que, el juez de control y enjuiciamiento penal con residencia en Ometepec, le ha negado la orden de aprehensión tal y como el mismo señor Arturo Gatica Prisciliano, lo declaró ante el medio de comunicación escrita denominado EL SUR, PERIODICO DE GUERRERO, EN FECHA 22 DE MAYO DEL AÑO 2020”.
Asimismo, denunciaron que “el servidor público del estado (Carlos Betancourt) sigue inventado y manipulando datos de pruebas en contra de nuestra gente, se preocupa por culpar a inocentes pero no investiga nuestras denuncias por lo que señor gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, donde está su orden y paz que prometió al pueblo de Guerrero, su fiscal y vicefiscal están solapando actos arbitrarios y contrarios a la legalidad y la honradez”.
“Pedimos también a través de los medios de comunicación aquí presentes al Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, atienda nuestra queja que presentamos ante esa Comisión de Derechos Humanos del Estado hace más de tres meses y a la fecha no han atendido, han hecho caso omiso a nuestra denuncia, aun y cuando es evidente que nuestros familiares son víctimas de tortura y tratos crueles e inhumanos por parte de los insensibles ciudadanos de rio velero, UPOEG, y Consejeros de la Casa de los Pueblo de Ayutla de los Libres”, indicaron.
Afirmaron que “En virtud de lo anterior, y toda vez que los señores Rodolfo Soto Dircio, Ignacio Soto Dircio y Eleuterio Soto Guadalupe son víctimas de una detención ilegal, arbitraria, además de ser torturados e incomunicados, en fecha 25 de marzo del año que transcurre, se presentó una demanda de amparo indirecto a favor de los detenidos en la ciudad y puerto de Acapulco”.
Asimismo, indicaron que la “demanda que por turno le tocó conocer al Juzgado Octavo de Distrito, Juzgado que admitió la demanda y otorgó la suspensión de plano a favor de los quejosos, y con la finalidad de dar cumplimiento a la suspensión, el tribunal vía despacho telegráfico solicitó al juez mixto de primera instancia del distrito judicial de Allende para que designará al personal de su adscripción a fin de que notificara la suspensión a los particulares y a las autoridades señaladas como responsables y éstos a su vez dieran cumplimiento con dicha determinación y pusieran a los detenidos a disposición del ministerio público, esto, en caso de que su detención haya sido durante la comisión de un delito flagrante y en caso contrario, los liberaran de manera inmediata”.
Informaron que “Con motivo de lo anterior, el secretario de acuerdos del juzgado de primera instancia del distrito judicial de Allende en funciones de actuario, en fecha dos de abril del presente año, se constituyó a la comunidad de Río Velero con la finalidad de notificar a la autoridad responsable la suspensión de plano otorgada a favor de los quejosos, una vez estando en dicha comunidad se entrevistó con una persona que dijo ser comisario municipal de nombre Ramón Rafael Morales y el señor Arturo Gatica Prisciliano (líder del pueblo), el actuario les explicó a las personas citadas el motivo de su visita, las cuales manifestaron haber detenido a los quejosos, y la persona de nombre Arturo Gatica Prisciliano manifestó que no liberarán a los detenidos y que respecto a su detención ya tenía conocimiento el titular del ministerio público con sede en Ayutla de los Libres y que solo estaban esperando que éste les llevara una orden de aprehensión para entregarle a los detenidos. Lo anterior fue asentado por el actuario judicial e informado al juez octavo de distrito”.
Cabe mencionar que “El juzgado octavo al recibir el despacho diligenciado por el juez mixto de primera instancia del distrito judicial de Allende, solicitó auxilio al secretario de seguridad pública del estado con la finalidad de que éste, designara al personal necesario para que en coordinación con el actuario judicial, se constituyeran de nueva cuenta a la localidad de Río Velero y dieran cumplimiento a la suspensión de plano otorgada a los quejosos”.
No obstante, “al estar en dicha localidad en fecha 20 de mayo del año que transcurre, el señor Arturo Gatica Prisciliano y el comisario municipal Ramón Rafael Morales le manifestaron al actuario que no liberarán a los quejosos y de nueva cuenta manifestaron que ya los estaban esperando toda vez que el titular del ministerio público de Ayutla de los Libres les había avisado que irían policías y un personal del juzgado a requerir la liberación de los impetrantes del amparo”.
Afirmaron que “Por esa razón ellos estaban armados y que estaban dispuestos a pelear con los policías que acompañaban al actuario, por último manifestaron que el titular del Ministerio Publico de Ayutla de los Libres, Carlos Betancourt Cruz les dijo que ya pronto tendría la orden de aprehensión en contra de los quejosos; ante tal situación el actuario judicial para evitar un posible enfrentamiento, se retiró del lugar junto con los policías que lo acompañaban”.
Manifestaron que “El secretario de acuerdos en funciones de actuario, informó lo anterior al Juez Octavo de Distrito, quien a través del servicio de comunicación estafeta solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional, al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y al comandante de la Guardia Nacional, asignan seguridad al actuario judicial para poder dar cumplimiento a la suspensión otorgada a los quejosos; sin embargo, éstas autoridades se han negado a brindar el apoyo solicitado por el Juez Federal”.
Finalmente, comentaron que “hasta la fecha han transcurrido tres meses y los quejosos siguen detenidos en la celda municipal de la localidad de Río Velero, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, en condiciones totalmente inhumanas, incomunicados, siendo víctimas de tortura, sin que las autoridades ni tribunales del estado ni la federación, adopten medidas realmente efectivas para lograr su liberación, violando de manera flagrante sus derechos humanos”