Boletín | DCS
Congreso del Estado
Chilpancingo., Gro.
8 de mayo de 2020
A la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación se turnó un exhorto a los Ayuntamientos y al Consejo Municipal de Ayutla para que, ante la contingencia por el Covid-19, se abstengan de bloquear los accesos a sus demarcaciones, decreten confinamiento o cuarentena obligatoria, o algún acto privativo de las garantías constitucionales de los guerrerenses o de quienes transitan por la entidad.
Esta proposición del diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) señala que luego de la implementación de medidas para prevenir y controlar los contagios por el Covid-19, en municipios de la entidad, como San Marcos, Ayutla, Copala, Florencio Villarreal, Marquelia, Ometepec, San Luis Acatlán, Cuautepec, Alcozauca y Copanatoyac, se han anunciado cuarentenas o confinamientos domiciliarios obligatorios a determinadas horas, además de bloquear el acceso para entrar o salir. Incluso, dijo, en existen registros de agresiones a ciudadanos por parte de la Policía Municipal.
Señaló que para establecer un “estado de excepción” es necesario que el presidente de la República haga la petición al Congreso de la Unión, que es el único facultado para solicitar una medida de esa naturaleza, y se activa única y exclusivamente en casos de extrema emergencia o frente a situaciones extraordinarias.
Cabada Arias recalcó que ninguna autoridad municipal tiene facultades para decretar la restricción de libertad de tránsito o alguna otra garantía que concede la Carta Magna, y que si bien
es cierto la población no ha atendido del todo las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias respecto al “confinamiento voluntario”, los ayuntamientos sólo pueden hacer recomendaciones o invitaciones a la consciencia del ciudadano para quedarse en casa.
Manifestó que aquellos presidentes municipales o cabildos que determinen bloquear los accesos a sus demarcaciones territoriales, o los que decreten confinamiento o cuarentena obligatoria, tendrán que asumir las consecuencias que de estas acciones se generen, pues traen consigo la violación de las garantías constitucionales.
En ese sentido, planteó que es necesario exhortar a los ayuntamientos para que se abstengan de todo lo anterior, además de que el Congreso se constituya en vigilante y salvaguarda de las garantías constitucionales.