Boletín | DCS | Congreso del Estado | Chilpancingo, Gro. | 31 de agosto de 2024.
En cumplimiento del firme compromiso establecido hace 3 años con sus representados, las diputadas y diputados integrantes de la LXIII Legislatura, hasta el último minuto de su ejercicio constitucional trabajaron y aprobaron la creación y reformas a distintos ordenamientos jurídicos en beneficio de las mujeres, niños y niñas y personas con capacidades diferentes, y en general de la sociedad guerrerense.
En un periodo extraordinario de sesiones, las y los legisladores aprobaron por unanimidad una reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero que establece las bases de coordinación y colaboración interinstitucional entre el estado y la federación, las entidades federativas, sus municipios, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
En este ámbito, con la aprobación de la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se regularán las tecnologías de la comunicación para prevenir, combatir y erradicar el crimen en Guerrero.
En tanto, con la Ley de Gobernanza Digital del Estado de Guerrero se busca elevar la calidad de los trámites y servicios gubernamentales, se agilizarán los procesos, la transparencia y el combate a la corrupción, a través de la integración de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en la administración pública estatal y municipios.
Otro de los ordenamientos jurídicos que aprobaron las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura es la Ley de Amnistía para el Estado, donde se establecen las bases para decretar el perdón a favor de personas que estén vinculadas a proceso o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común, por casos no graves.
De la misma forma, se aprobó la Ley de Atención a Desastres, Reconstrucción y Recuperación del Estado de Guerrero, que establece los mecanismos de acción y reacción que las autoridades estatales y municipales desarrollarán antes y durante una situación de emergencia ocasionada por algún fenómeno natural.
Asimismo, se aprobó la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Guerrero y Municipios, que plantea las bases, límites y procedimientos para regular el derecho a la indemnización del que gozan los particulares que sufren daños en sus bienes y derechos como consecuencia de actividad administrativa irregular.
También fue aprobada la Ley Registral del Estado de Guerrero propuesta por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a efecto de proteger el patrimonio de las familias, el fomento a la confianza en las transacciones inmobiliarias y el combate a la informalidad.
En beneficio de uno de los sectores más vulnerables se aprobó la Ley de Consulta a las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, para que sean tomadas en cuenta durante el proceso legislativo, pues son quienes viven de manera directa los efectos de las medidas que toma el Estado.
Igualmente, las y los integrantes de la LXIII legislatura aprobaron la Ley para la Atención, Inclusión y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que reconoce y garantiza la plena integración e inclusión de este sector vulnerable en la sociedad.
Asimismo, en favor de las juventudes se aprobó la Ley de Personas Jóvenes del Estado de Guerrero, que garantiza el reconocimiento, promoción, protección, respeto y defensa de los derechos humanos de este sector.
Igual se aprobó la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, que contempla 15 figuras para el involucramiento efectivo de la ciudadanía en la toma de decisiones colectivas, mayores mecanismos de control y diálogo abierto con los gobernantes y representantes populares, así como la Ley de Austeridad del Estado de Guerrero se pretende erradicar el derroche de recursos públicos y redirigir los ahorros en favor de las personas más necesitadas de la entidad.
Mientras que con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Guerrero se establece las bases y principios que garanticen el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, particularmente de las personas vulnerables.
Y finalmente, con la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil quedaron plasmadas las normas, criterios y principios para guiar políticas, planes y acciones destinadas a proteger la vida, la salud y los bienes de las personas.