Ve la CIDH “retrocesos” en investigación sobre “La Noche de Iguala”

 

El Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación por la independencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigación en el Caso Ayotzinapa (UEILCA), puesto que, acusó, hay “intromisiones graves” en su autonomía que están provocando retrocesos en las investigaciones sobre el paradero de los 43.

 

Además, agregó que continúa observando obstáculos en la entrega de información y falta de cooperación en la investigación y judicialización del caso por parte de algunas autoridades del estado de Guerrero, particularmente de las instituciones de seguridad y militares.

 

Ante ello, urgió al Estado Mexicano la adopción de medidas para reencauzar las indagatorias y fortalecer las garantías de independencia de las autoridades ministeriales a cargo de esta a fin de salvaguardar los avances alcanzados.

 

También dijo que resulta necesario determinar las responsabilidades de los agentes que giraron y ejecutaron las instrucciones para la fabricación de diligencias a fin de obstruir la justicia.

 

 

Alrededor de las 10:00 de la mañana de este miércoles, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla; la Relatora en México, Esmeralda Arosemena de Troitiño; y Tania Reneaum Panszi, secretaria Ejecutiva, entre otros integrantes del MESA, llegaron a las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Tixtla, para presentar el Tercer Informe.

 

En la entrada de la institución, fueron recibidos por padres y madres de los jóvenes desaparecidos, quienes les colgaron cadenas de cempasúchil; y por el abogado y vocero de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra y Melitón Ortega, respectivamente.

 

Enseguida, todos se condujeron al Aula de Medios del internado, donde sostuvieron una reunión a puerta cerrada, y finalmente ofrecieron una conferencia de prensa en la cancha de básquetbol, en la que también estuvieron presentes líderes de organizaciones sociales, como es el caso de Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

 

 Informe

 

Tania Reneaum Panszi, secretaria Ejecutiva de la CIDH, fue la encargada de dar un preámbulo del informe, y recordó que este parte del seguimiento a la supervisión a la medida cautelar 409/14 otorgada a favor de los 43, varias semanas después de los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014.

 

Resaltó que después de la adopción de la medida cautelar, el organismo internacional adoptó un modelo integral para atender la situación del caso con la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la creación de la MESA.

 

En ese sentido, dijo que desde el 2019 y hasta febrero del 2022, la CIDH acompañó en territorio mexicano las medidas dispuestas por el Estado para atender el caso, y que prestó asistencia técnica en materia de búsqueda, investigación y judicialización, y atención a las víctimas de este suceso, así como la implementación de medidas estructurales para evitar, explicó, la repetición de los hechos. Por ello, señaló que este informe está centrado en el seguimiento realizado entre 2019 y 2022.

 

Externó que “para la Corte Interamericana, continúa pendiente el esclarecimiento de los hechos; en la determinación de las personas responsables, pero que este informe muestra una fotografía de aquellos acontecimientos institucionales que han sido un hito para intentar esclarecer el caso Ayotzinapa”.

 

 

Al tomar la voz, la Relatora en México, Esmeralda Arosemena de Troitiño comenzó diciendo que con este informe se pretende que todos los actores, las instituciones, la Unidad Especial de Investigación y Litigación en el Caso Ayotzinapa, las autoridades judiciales y los familiares de los 43, encuentren en el una guía, una orientación y una ruta, para que se continúe impugnando todos los espacios en los que urge el cumplimiento de todas las obligaciones internacionales y del Estado Mexicano, frente a las desaparición de los jóvenes.

 

Consideró que en estos procesos por la justicia de las víctimas y de sus familiares, se logró defender, encauzar y analizar el ritmo de la investigación, atendiendo estándares internacionales, pero que hoy en día hay obstáculos que se presentan, de modo que “en los últimos meses la Comisión levantó banderas de alerta respecto a los eventos que estaban afectando esta independencia de la UEILCA, sobre su capacidad y autonomía, y lo que a su vez está afectando la búsqueda de justicia y que hoy puede comprometer la legitimidad ganada en este proceso del caso Ayotzinapa”, advirtió.

 

“La solicitud de captura de Murillo Karam (ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por otras unidades fiscales ajenas a la UEILCA, así como el disentimiento de las 21 órdenes de aprehensión, constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que todo órgano fiscal debe tener”, acusó.

 

Agregó que estos hechos determinaron la salida en septiembre de este año del titular de la Unidad Especial, Omar Gómez Trejo, y de agentes ministeriales, quienes tenían, afirmó, un “vasto” conocimiento de las investigaciones. Dijo que esta intromisión y desplazamiento de las funciones de la UEILCA, implica un retroceso en las investigaciones

 

Con relación al reciente informe que presentó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ), apuntó que las capturas de pantalla que aportaban información respecto al caso Iguala, no fue compartida con el GIEI ni con los representantes de los familiares, por lo que se ha cuestionado su valor probatorio.

 

Sobre la investigación, dijo no obstante que la CIDH reconoce que el Estado Mexicano ha avanzado con la individualización de presuntas personas responsables, la representación de nuevas acusaciones y el inicio al trámite de causas penales en sede judicial relacionadas con el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre del 2014.

 

Pero, consideró que “los importantes esfuerzos del Estado para el esclarecimiento del caso, deben verse reflejados en proceso judiciales, sustanciados bajo las reglas del debido proceso, que permitan la sanción de responsables a través de la emisión de sentencias firmes”.

 

En cuanto a la obstrucción de justicia conocida como la “verdad histórica”, también reconoció que las autoridades federales vienen investigando y judicializando los hechos relativos a la construcción jurídica de la explicación de la suerte que corrieron los estudiantes”, y que ha venido recopilando evidencias y judicializando la fabricación de diligencias para la obstrucción de justicia y divulgación oficial de la “verdad histórica”.

 

Sin embargo, dijo que, con base en los indicios sobre la existencia de una investigación paralela conducida por los órganos de seguridad e inteligencia del Estado presentada por el GIEI, se concluye que México, en su momento, pudo explicar con veracidad el destino de los normalistas de Ayotzinapa y que los agentes estatales que lideraron estas investigaciones tomaron la decisión de desplegar una operación de encubrimiento y evasión de responsabilidades.

 

 

En su breve intervención, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla dijo que el organismo reconoce el compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo con los padres de familia de los 43 jóvenes, pero que la postura del COVAJ contradice dichos acuerdos, puesto que no comparte información con la UEILCA, y que los datos que da son precipitados y no corroborados que ponen en riesgo las investigaciones.

 

 

Ante ello, los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa, urgieron al Estado Mexicano la adopción de medidas para reencauzar las indagatorias y fortalecer las garantías de independencia de las autoridades ministeriales a cargo de esta a fin de salvaguardar los avances alcanzados.

 

También dijeron que resulta necesario determinar las responsabilidades de los agentes que giraron y ejecutaron las instrucciones para la fabricación de diligencias a fin de obstruir la justicia.

 

Además, pidieron al mandatario federal una nueva investigación y una fiscalía u órgano judicial independiente donde no haya intromisión ni del Poder Legislativo ni del Ejecutivo, para que haya justicia, verdad y reparación del daño.