Juan Blanco | API Guerrero | Chilpancingo, Gro | 16 de agosto de 2022
El titular de la Secretaría General de Gobierno Estatal, Ludwig Marcial Reynoso Núñez aclaró que retirar de las carreteras a los civiles armados que se hacen llamar policías comunitarios, no corresponde a esta dependencia sino a las autoridades federales, por tratarse de vías de comunicación controladas por este nivel de gobierno.
La postura del funcionario es en respuesta al secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y del vicefiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramón Celaya Gamboa, quienes en declaraciones por separado consideraron que quitar a las organizaciones comunitarias es decisión de la Secretaría General y de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, respectivamente.
Este día, Reynoso Núñez acudió en representación de la titular del Poder Ejecutivo, Evelyn Salgado Pineda, a la toma de protesta del General de Brigadier Diplomado Estado Mayor, Andrés Ramírez Xochicalli, como nuevo coordinador de la Guardia Nacional en la entidad suriana en sustitución de Marcos Burgos Legorreta, quien estuvo en el cargo apenas cuatro meses.
Entrevistado al término del acto, se le preguntó sobre la decisión de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de manifestarse en contra de la FGE y pedir respeto al proyecto comunitario tras la detención y posterior liberación de su líder Bruno Placido Valerio.
Dijo que por el momento no han tenido mayor comunicación con la agrupación pues es entendible que tiene su propio proceso interno, pero que como gobierno continúan en la ruta del dialogo, sin embargo, reiteró que “hay temas que no son negociables, lo hemos dicho muy claramente, uno de ellos las órdenes de aprehensión, las carpetas de investigación”.
Dijo que “nosotros lo que les hemos sugerido (a quienes están siendo investigados) que comparezcan de manera voluntaria para que se esclarezcan los hechos, y donde ellos dicen ser inocentes, pues que aporten las pruebas que sean conducentes a demostrar esa inocencia”, señaló.
En ese sentido, dijo que tiene conocimiento que hay carpetas de investigación en contra de la UPOEG que se han ido acumulando, aunque no precisó el número.
Respecto a si no hay una descoordinación entre la Fiscalía y el Gobierno del Estado, dado que mientras la primera asegura, a través de su vicefiscal Ramón Celaya Gamboa, que la UPOEG está infiltrada por el crimen organizado, el segundo entrega credenciales a su policía comunitaria.
Al respecto, aclaró que “la Secretaría General no credencializa, la credencialización es un proceso interno de la UPOEG; nosotros no validamos las credenciales, las validan las asambleas donde ellos eligen a sus policías”.
Siguió: “¿Qué fue lo que nos solicitaron a nosotros? La forma de apoyarlos con la credencial física”.
Insistió que esto es un tema interno con el objetivo de depurar a su policía, por lo tanto las credenciales no tienen una validez gubernamental, y aunque reconoció que la organización está infiltrada por la delincuencia organizada, consideró que “hay que entender que la UPOEG no solamente es la Policía Comunitaria, hay una base social, es decir, es una organización social. Entonces, atendemos una parte social y la vamos a seguir atendiendo”, anunció.
Respecto a las declaraciones por separado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, quien dijo que es decisión de la Secretaría General de Gobierno quitar o no a la policía comunitaria, entre esta la de la UPOEG, y del vicefiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramón Celaya Gamboa, que hacerlo es una tarea que se debe tomar al seno de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, dijo:
“Los retenes están en las vías federales, nosotros hemos manifestado siempre que quien tenga pendientes con la justicia, debe responder a ellas, sean UPOEG o sea quien sea. Esta parte la hemos dejado muy clara”, dijo, y reiteró: “No se negocian órdenes de aprehensión, no se negocian carpetas de investigación. Nosotros hemos pedido que quienes tengan adeudos con la justicia comparezcan. Ese es el camino a seguir”, dijo.
Respecto a que presuntamente el Gobierno del Estado pagó la fianza para que el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio dejara el Cereso de Tlapa, luego de la determinación del juez de que en una de los delitos que se le imputaban no se le demostró culpabilidad, mientras que una carpeta de investigación había prescrito, dijo: “Totalmente falso. ¿Por qué nosotros vamos a pagar la fianza de Bruno Plácido? Yo creo que ese es un tema personal de él”.