Muertes de reclusas exhiben abusos, omisiones y tortura en penal federal

 

En lo que va del año, unas 500 reclusas de diferentes entidades federativas han sido trasladadas de penales estatales al Penal Federal 16, en Morelos. Tan solo del Estado de Guerrero han muerto dos en circunstancias extrañas, producto de los traslados, omisiones, violaciones a los derechos humanos y posiblemente torturas. 

 

Familiares de las reclusas han denunciado irregularidades y graves violaciones a los derechos humanos de las reclusas, argumentando que la mayoría de los traslados se dieron sin haber sido previamente notificadas en audiencias, y aprobadas por el juez de ejecución o de control. 

 

El 21 de febrero del año en curso, durante un operativo que se realizó en el Centro de Reinserción Social de Acapulco de Juárez, Guerrero, se llevaron a cabo 25 traslados al Centro Federal de Reinserción Social número 16 (CEFERESO), ubicado en carretera federal 95 Amacuzac-Grutas de Cacahuamilpa, colonia Michapa del municipio de Coatlán del Río.

 

Durante la madrugada cuando se llevaba a cabo el traslado, en el penal de Acapulco se registraron hechos violentos cuando algunos reclusos que se oponían al traslado se amotinaron, dejando como saldo 17 agentes de seguridad lesionados. 

 

El 13 de abril pasado, familiares de 23 reclusas trasladadas, se manifestaron y dieron a conocer las irregularidades y violaciones a los derechos humanos de las reclusas, entre las cuales manifestaban la distancia del penal al que fueron llevadas y las limitaciones que se tienen para acceder a la visita.

 

 

En 2006, Juana Ortiz Arellanes, de 75 años de edad, originaria de la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, en la región Costa Chica del Estado de Guerrero, fue puesta en prisión por el presunto delito de secuestro. 

 

“Mi mamá era inocente, fue acusada injustamente y nunca se le comprobó el delito, su caso estuvo lleno de irregularidades. Cuando en 2010 fue sentenciada, nosotros hicimos uso del recurso de impugnación a la sentencia; fue torturada, una de sus captoras se le montó en la barriga mientras la golpeaba en todo el traslado a la Ciudad de México donde fue puesta a disposición de la PGR”, declaró el hijo de doña Juana. 

 

“De esos actos de tortura, mi mamá quedó con afectaciones a su salud por lo que debía ser sometida a diferentes estudios médicos, particularmente de sus oídos y su abdomen”, agregó. 

 

Durante la reclusión en el penal de Acapulco, Juana podía recibir asistencia médica especializada que su hijo le proveía, desde los estudios médicos hasta la medicación requerida. 

 

El 21 de febrero, Juana fue una de las 25 mujeres trasladadas el CEFERESO 16 de Morelos, donde debió recibir atención médica, de acuerdo con su historial clínico.

 

Tres días después del traslado, Juana tuvo comunicación con su hijo, quien dice haberla escuchado bien. Se despidieron en la llamada… sin saber que sería la última. 

 

Al día siguiente, trabajo social del Penal Federal se comunicó para darle la noticia que su madre había tenido una “complicación médica”: 

 

“Me lo dijeron en palabras que solo un médico entiende, ya después yo lo busqué en internet y ahí supe que se trataba de un derrame cerebral. Pero a mi no me dijeron por qué le pasó eso, algo debió haber pasado con mi mamá, a lo mejor la golpearon, la aventaron y se golpeó o algo le dijeron que la alteró, algo le hicieron ahí…” recuerda José Luis. 

 

Del centro penitenciario fue trasladada al Hospital General José G. Parres en Cuernavaca, Morelos, donde estuvo 20 días en coma, días en los cuales solo su hijo pudo estar con ella. La Dirección de Trabajo Social del Penal Federal le negó la visita a cualquier otro familiar para apoyar con el cuidado de la interna. 

 

Durante los días de coma, su hijo le proporcionaba los cuidados necesarios, así como masajes en el cuerpo. En el día 20 del coma, Juana abrió los ojos: “Me miró con tristeza y dijo que me amaba; la abracé y sentí que ella podía seguir conmigo más tiempo”, relata.

 

A los 26 día de estar hospitalizada, José Luis llegó al hospital para ver cómo un equipo médico especializado le practicaba técnicas de reanimación… Juana había fallecido. 

 

“Yo todavía encontré su cuerpo tibio, ya antes una trabajadora del hospital me había dicho que hiciera lo posible para que la familia acudiera a despedirse. Ella sabía que ya debíamos despedirnos”.

 

Durante una entrevista, José Luis manifestó que hubo demasiadas fallas en el proceso y todo ha sido muy extraño. Nunca tuvo conocimiento claro de las causas que provocaron el derrame, el Centro Penitenciario pretendía entregarle el cuerpo cremado, mostrando “generosidad”, al decirle que le regalarían la caja donde llevarían sus cenizas. 

 

José Luis rechazó el ofrecimiento, argumentando que él quería el cuerpo de su madre pero entonces el Penal Federal se negó a pagar el traslado, diciendo que, si deseaba llevarse el cuerpo completo, le hiciera como pudiera. 

 

 

Guadalupe Merino Sánchez, acapulqueña de 49 años, purgaba una sentencia de 30 años por un delito del fuero común, de los cuales ya había cumplido 22. 

 

A 8 años de cumplir su sentencia fue una más de las 25 reclusas trasladadas del Penal Estatal de Acapulco de Juárez al Penal Federal 16 de Coatlán del Río, en Morelos.

 

El miércoles 29 de junio por la mañana, su hija que también se llama Guadalupe Merino, recibió la llamada del área de Trabajo Social del Penal Federal, donde le informaban que su madre sería trasladada a un hospital por complicaciones respiratorias, y que por lo pronto le colocarían un catéter. 

 

Aunque Guadalupe pidió que le dieran el nombre del hospital para trasladarse a ver a su madre, le negaron la información argumentaron que por seguridad no podían decir a qué hospital era trasladada y que solo se mantuviera atenta al teléfono, por cualquier situación que se le requiriera. 

 

Alrededor de las 18:00 horas de ese mismo día, le notificaron por teléfono que su madre sería entubada y que ya el consentimiento para la entubación había sido firmado por la reclusa.

 

Este acto le pareció sospechoso a Guadalupe, ya que en tiempos pasados su madre se opuso a la entubación del padre de sus hijas. “Mi mamá decía que si te entuban ya no vives, te van a matar, por eso sé que mi madre nunca firmaría eso”, dijo. 

 

Sospechando lo peor, Guadalupe inició el viaje a Morelos para buscar a su mamá pero en el camino, cuando transitaba por Chilpancingo, recibió la llamada del Penal donde le informaban que su madre había fallecido de un paro cardiaco. 

 

“Legué al Hospital General José G. Parres de Cuernavaca, en Morelos y ahí me entregaron el acta de defunción en la cual decía que la causa de su muerte fue por el cáncer gástrico que ella padecía. Se contradijo con lo que el Penal me informó, ya no sé si fue paro cardiaco o por el cáncer”, relata Guadalupe.

 

Cuando Guadalupe Merino Sánchez fue trasladada, ella se encontraba recibiendo tratamiento para el cáncer en el hospital de cancerología de Acapulco. 

 

Según las declaraciones de su hija, ya había recibido la última quimioterapia y ya solo estaban suministrándole medicamentos tomados, por lo que solo hacía falta un estudio para saber si Guadalupe seguía enferma o sería una más de las mujeres que orgullosas pueden decir, que pese a las adversidades logró vencer el cáncer, sin embargo, ese estudio no se llevó a cabo por el traslado.

 

Guadalupe Merino hija, declaró que desde el 21 de febrero de 2022 su madre vio interrumpido su tratamiento, por lo que, el estudio de exploración que debieron hacerle no fue realizado. 

 

“Yo me apresuré a llevar el historial clínico de mi mamá al penal, se lo entregué a Trabajo Social esperando que le dieran seguimiento a su tratamiento y que también pudiera continuar con la dieta especial que aquí estaba llevando, pero fue en vano”.

 

 

“En las llamadas, mi mamá lloraba diciendo que no le daban los alimentos que requería, no le daban medicamentos ni atención medica. La estaban dejando morir, me estaban matando a mi mamá” dice entre sollozos, Guadalupe. 

 

Durante su reclusión en el Penal Federal, Guadalupe Merino Sánchez fue víctima de malos tratos y graves violaciones a sus derechos humanos. Una vez fallecida, el penal pretendía obligar a la familia a pagar 10 mil pesos para el traslado del cuerpo, exigiendo que el viernes a las 8:00 de la mañana tenían que saldar la cuenta para el traslado.

 

Para ello, personas del área jurídica, de trabajo social y de finanzas del Penal, se encontraban en el hospital esperando el pago. 

 

Gracias a la presión de la Defensora de Derechos Humanos y Activista Viridiana Molina, de Artículo 20, lograron que fuera el Penal quien cubriera esos gastos. 

 

Otro de los actos graves es que, al no llevar ropa de sobra, le entregaron el cuerpo de su madre desnudo, por lo que una vez en casa, su hija y hermana pudieron revisarlo a profundidad, dando cuenta de varios moretones en los hombros y brazos, mientras algunas costillas estaban “sumidas o dobladas”. Incluso podían meter la mano completa entre las costillas como si estuvieran quebradas. 

 

Tenía cortadas en los dedos y quemaduras aparentemente de cigarros en las manos, pero lo que más les impactó fue ver que tenía piquetes hechos con algún objeto punzocortante en todo el cuerpo, incluso en sus genitales.

 

Con su voz quebrada por las lágrimas, Guadalupe exige justicia: “A mi madre me la mataron con su negligencia y yo no quiero que esto se quede impune, yo quiero que no se muera ni una más, ni una más. Lo que ellos (autoridades penitenciarias) están haciendo, es matarlas de una en una. A mi madre la hicieron sufrir mucho, me la mataron en total sufrimiento y angustia…”. 

 

En un intento por mantener a su madre con vida, en un intento por procurar la atención y mantenerla estable como lo venía haciendo en Acapulco, Guadalupe hizo 4 demandas ante derechos humanos pero al parecer no fue suficiente. Su madre falleció por falta de atención médica y la negligencia de las autoridades penitenciarias. 

 

 

Estos y varios casos más han sido documentados por la Organización Articulo 20, de mujeres privadas de la libertad que manifestaron las consecuencias y afectaciones que traen para las reclusas y los familiares, los traslados masivos que se han llevado a cabo en estos últimos meses

 

Han denunciado la falta de atención médica, pues “en el CEFERESO solo se cuenta con dos médicos generales de lunes a jueves, para la atención de casi mil 200 reclusas, algunas de ellas con enfermedades que requieren de médicos especializados”. 

 

No se cuenta con suministros médicos y los familiares están impedidos para llevar suministros a sus familiares privados de la libertad.

 

La mujer señaló también que, por la ubicación geográfica, algunas no han podido recibir visitas en los últimos 4 meses, ya que los familiares son de escasos recursos y quienes aportaban económicamente en el sustento del hogar eran las mismas reclusas que desarrollaban alguna actividad económica dentro del penal, pero que ahora, esas actividades ya no serán posible porque no están permitidas en el penal federal. 

 

De acuerdo con la plataforma Proyectos México, que es una iniciativa del Gobierno Federal que vincula proyectos de infraestructura con inversionistas nacionales y extranjeros, el CEFERESO 16 cuenta con capacidad para albergar a 2 mil 528 internas y, aunque ahora se encuentra a la mitad de su capacidad, las porciones de alimentación de las reclusas se han reducido a 60 gramos de alimentos en cada comida.