PLANTEAN LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA GARANTIZAR INDEMNIZACIONES A PARTICULARES AFECTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Boletín | DCS | Congreso del Estado | Chilpancingo, Gro | 03 de mayo de 2022

El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero y sus Municipios, con el objeto de que los entes públicos estatales y/o municipales se hagan responsables por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen en los bienes o derechos de los particulares, garantizándoles el derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Al exponer el sentido de la iniciativa, el diputado promovente resaltó que la mayoría de los estados del país cuentan con dicho ordenamiento jurídico, a excepción de Yucatán y Guerrero, hecho que debe ser revertido para que esta entidad y sus municipios garanticen la reparación integral de los daños personales, materiales, morales y perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa de la actividad administrativa irregular de los entes públicos.

Explicó el legislador que la actuación de los servidores públicos debe adecuarse a los procedimientos democráticos y constitucionales, apegados a los principios y valores propios de la

ética pública, transparencia y el combate a la corrupción, con la finalidad de garantizar políticas públicas eficientes y eficaces.

Dijo que para dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero y sus Municipios, en caso de ser aprobada, los sujetos obligados deberán elaborar su presupuesto anual para cuantificar el monto de las indemnizaciones, en cantidad líquida y en una partida presupuestal, suma que deberá destinarse para cubrir los gastos que llegaran a derivarse de responsabilidades patrimoniales.

De igual forma, deberán preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en los ejercicios fiscales anteriores, con el objeto de ser liquidadas.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación correspondientes.