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Chilpancingo, Gro. | 31 marzo de 2022
Con la premisa de privilegiar el diálogo como instrumento eficaz para la solución de conflictos y la pacificación y desarrollo de la entidad, se reunieron este miércoles diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado con integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
En las instalaciones del Congreso, los diputados Alfredo Sánchez Esquivel, Héctor Apreza Patrón y Raymundo García Gutiérrez, presidente, secretario y vocal de la Jucopo, respectivamente, además del diputado Rafael Navarrete Quezada, atendieron los planteamientos de dicha organización en temas como la construcción de una mesa de diálogo y acuerdos para la pacificación del estado, así como la Consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
En su intervención, el diputado Alfredo Sánchez les reiteró que las puertas del Poder Legislativo siempre están abiertas para todas las organizaciones sociales que buscan el diálogo para la solución de sus problemas.
Refirió que siempre serán respetuosos de las organizaciones y les reconocen su trabajo en pro de la seguridad pública; prueba de ello son las iniciativas presentadas recientemente para que los pueblos y comunidades indígenas emitan su opinión respecto al marco jurídico en materia de seguridad.
“Por primera vez en la historia se hace una consulta de esta dimensión, donde se le entrega la potestad a los pueblos
originarios y afromexicanos para que den una directriz al Poder Legislativo, en busca de generar leyes acordes a sus necesidades y a la realidad de Guerrero”, abundó.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Héctor Apreza resaltó que el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está cambiando la forma de hacer política en Guerrero y definiendo cómo el Congreso debe de trabajar. “Se está aprendiendo a abrir espacios de diálogo para escuchar a los que están en contra o a favor de algún ordenamiento”, apuntó.
Reiteró la importancia de trabajar en la construcción de nuevos escenarios porque nadie tiene la verdad absoluta. Ante esto, abundó, se tiene que abrir un diálogo permanente con el pueblo, construir acuerdos y aprobar leyes que verdaderamente representen su voluntad y resuelvan sus problemáticas.
Indicó que la seguridad pública y el desarrollo de la entidad son demandas sentidas de la población y una responsabilidad compartida de los tres órdenes de gobierno y la sociedad, hecho por el cual se deben buscar mecanismos de diálogo novedosos para que participen las y los guerrerenses.
En su oportunidad, el diputado Raymundo García Gutiérrez puntualizó que la postura del Congreso del Estado siempre será de diálogo y acercamiento con las y los guerrerenses. En ese sentido, aseguró las y los diputados de la LXIII Legislatura están en la ruta de escuchar los planteamientos de la sociedad respecto a las leyes que les afectan.
Al hacer uso de la palabra, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, refirió que su organización está interesada en participar en el proceso de Consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para lo cual están dispuestos a solicitar a la SCJN que amplíe el plazo para la realización de dicho ejercicio, que les brinde tiempo de analizar detenidamente cada una de las propuestas legislativas.
Se integró a la reunión el subsecretario de Coordinación, Atención y Enlace de Organizaciones Sociales, Ernesto Fidel Payán Cortinas, en representación del Gobierno del Estado, manifestando en su oportunidad que es voluntad del Ejecutivo
instalar una mesa de trabajo para establecer un diálogo circular que permita encontrar alternativas de solución a las diversas problemáticas de los pueblos, como salud, educación, seguridad, entre otras.
Al término de la reunión, se firmó una minuta de acuerdos que contempla una próxima reunión para el próximo 4 de abril en las instalaciones del Ejecutivo estatal, con la presencia de representantes de distintas dependencias de gobierno que atiendan las demandas de la organización.
Asimismo, quedó establecido el compromiso de los legisladores y de la representación del gobierno para analizar la firma de un convenio de colaboración para la pacificación del estado.