Niños indígenas desplazados: entre servir a su comunidad o al crimen

 

En la zona indígena de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, Montaña Baja de Guerrero, los niños sólo tienen la opción de servir a su comunidad o ser reclutados por los grupos de la delincuencia organizada. 

 

Al cumplir 12 o 13 años, la mayoría contraen matrimonio y deben asumir responsabilidades de ciudadanos de su comunidad, entre ellos las labores de seguridad, la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional (CRAC).

 

Este 30 de abril se conmemora el Día del Niño, en Alcozacán, Municipio de Chilapa, donde los niños se prepararan para defender a sus comunidades en cuanto puedan sostener un arma de fuego.

 

Alcozacán, Ayahualtempa, Tula, Rincón de Chautla y Xicotlán, son comunidades donde convergen el grupo criminal “Los Ardillos” y policías comunitarias de Pueblos Originarios, que en menos de dos años llevan más de 20 ataques armados, que han dejado al menos 34 personas muertas. 

 

Aquí, todos los niños han visto violados sus derechos más básicos, a la vida, seguridad, educación, salud y vivienda, casi a diario son atacados a balazos desde los cerros y es la única vida que conocen.

 

Refutan las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del gobernador Héctor Astudillo Flores y el Obispo Salvador Rangel, los niños deben aprender a defenderse de lss agresiones.

 

En Alcozacán corren el riesgo de huir de su pueblo, como ocurrió en la localidad de El Paraíso, donde vivían 30 familias, quienes ahora deambulan entre los estados en campos agrícolas para sobrevivir.

 

Ahí quedaron abandonadas las casas, lss escuelas, y espacios públicos, vehículos, muebles y todo cuanto sus habitantes poseían, jamás regresaron y no se saben sus paraderos.

 

La zona sigue siendo un foco rojo en la Montaña Baja de Guerrero, los pueblos no pueden ir de uno a otro ni para comprar despensa, en el camino son asesinados y torturados. 

 

Cuentan que hace cuatro años, una mujer de aproximadamente 50 años, por exigir justicia para su hijo asesinado fue obligada a tomar un herbicida, la enterraron viva, como una lección para la comunidad.

 

Acá, lejos de que los niños sueñen con ser maestros, ingenieros o médicos, piensan en que al momento que tengan la fuerza para sostener un arma, van a ser comunitarios y defender a su pueblo.