Chilpancingo, Gro.,
10 de diciembre del 2020.
Las diputadas y los diputados integrantes de la LXII Legislatura aprobaron la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Guerrero.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfredo Sánchez Esquivel, fundamentó el dictamen y señaló que los ejecutores del gasto, de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, tienen la ineludible responsabilidad de rendir cuentas para que la sociedad conozca cómo, cuánto y en qué gastaron los recursos públicos que les fueron autorizados y otorgados en un ejercicio fiscal.
Explicó que la Auditoría Superior del Estado fiscaliza las cuentas públicas presentadas por los entes públicos de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de control, y se lleva a cabo conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
Posteriormente, abundó, el Congreso del Estado recibe, a través de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, los informes individuales y el informe general derivado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, para realiza un análisis de los mismos y tras eso enviarlos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que estudia el análisis de la Comisión de Auditoría para elaborar el dictamen.
En ese tenor, manifestó que los integrantes de la Comisión determinaron emitir el dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; “todo esto sustentado en
el informe de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado y el análisis realizado al informe General y a los informes individuales de la Auditoría”.
omisiones en algunos rubros.
En contra del dictamen se manifestó el diputado Antonio Helguera Jiménez (Morena), por considerar que no se cumplió el procedimiento legislativo plasmado en los artículos 179, 259, 137 de la Ley Orgánica del Congreso. Además, dijo que debieron emitirse dictámenes individuales de cada Poder porque de acuerdo con la fiscalización de cada uno realizada por la Auditoría Superior del Estado, se encontraron incumplimientos, irregularidades y omisiones en algunos rubros.
A favor intervino el diputado Jesús Villanueva Vega (Morena), quien refirió que la rendición de cuentas es el eje central de toda democracia y está estrechamente ligado al combate de la corrupción. Agregó que se está ante un nuevo esquema de fiscalización integrado por órganos especializados y autónomos que deben trabajar de manera coordinada y sistematizada; sin embargo, a la fecha no hay ningún caso de sanciones a infractores.
Particularmente, refirió que en los ayuntamientos es donde hay mayores irregularidades y observaciones, por lo que consideró necesario mejorar el marco legal para acotar los tiempos de fiscalización, agilizar el procedimiento, incorporar el mecanismo digital, e instalar y regularizar los órganos de control interno.
Retomó la palabra el diputado Alfredo Sánchez Esquivel (Morena) para precisar que la comisión dictaminadora realizó la revisión y análisis de los informes parciales y general que les otorgó la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, considerando pertinente la aprobación de las cuentas públicas de los tres Poderes. Empero, dijo que la aprobación no exime a los entes fiscalizados de su responsabilidad ante las observaciones que realizó la ASE.
Intervenciones
La diputada Leticia Moss Hernández, participó en relación con el “Día Internacional de los Derechos Humanos”, promulgado el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en París, con el propósito de que los pueblos y naciones impulsen las bases de los derechos fundamentales y la dignidad humana, basados en la igualdad, el respeto, la justicia, el bienestar, la libertad de expresión, entre otros valores, y en contra de la discriminación, la esclavitud y la tortura.
La legisladora enfatizó que los derechos humanos son un mandato legal que, desde el ámbito de su competencia, las distintas instancias deben garantizar y asumir con responsabilidad, para que lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales sea letra viva y efectiva y garantice que la sociedad guerrerense cuenta con un verdadero Estado de Derecho, que se refleje en el respaldo y protección de las autoridades a los gobernados.