**Desde el gobierno de Ángel Aguirre hasta Héctor Astudillo se ha abandonado a la policía estatal
**De 3 mil 384 efectivos a nivel estatal, solo 150 están asignados a la Costa Chica
**Las patrullas que la SSP asigna a la Costa Chica son las reemplazadas cuando se cambia el parque vehicular en otras regiones, presentan infinidad de fallas
**Se detectan sobreprecios en la compra de patrullas, entregadas recientemente
**Los elementos de la Policía Estatal tienen que pagar desde copias para sus informes hasta sus uniformes y calzado
Redacción | Marquelia, Gro
11 de septiembre de 2020
Los elementos de la Policía Estatal de la región Costa Chica están a la deriva, por la casi nula inversión del gobernador Héctor Astudillo Flores a la corporación policiaca más importante en la entidad en materia de prevención, proximidad y operatividad.
En la Costa Chica existen tres cuarteles de la Policía Estatal, uno en Ometepec, considerado regional, otro en Campanilla, municipio de Copala y el último en El Limón, comunidad de Ayutla de los Libres, y los tres están en total abandono; las instalaciones están sin mantenimiento por casi una década.
Estos cuarteles fueron construidos en el periodo de Zeferino Torreblanca Galindo, a quien los policías estales le tienen un agradecimiento especial. En múltiples ocasiones han señalado y protestado por las carencias y el abandono del que han sido objeto desde la llegada de Ángel Aguirre a la gubernatura, esta situación se ha recrudecido con la llegada del priista Héctor Astudillo.
En 2018, el gobierno del estado reportó 3 mil 184 elementos operativos, a mediados de 2019 la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) del estado abrió una convocatoria para ingresar a 200 elementos, lo que sumarian 3 mil 384 efectivos, en caso de no existir bajas. De este número de elementos, solo 150 operan en la región Costa Chica, distribuidos en tres sectores, Ometepec, Campanilla y El Limón.
Los elementos en la región Costa Chica cubren un turno de doce días laborables por seis de descanso, y en tiempos de semáforo rojo y naranja por el Covid-19, retiraron a elementos que presentaban comorbilidades y a mujeres embarazadas, por lo que la fuerza del estado disminuyó considerablemente.
No obstante; en estas fechas de pandemia, los elementos de la Policía Estatal asignados a la región Costa Chica se encuentran luchando para no contagiarse del Covid-19; aunque algunos han presentado síntomas o han sido diagnosticados como posibles y confirmados, están atrapados entre la incredulidad de sus mandos y la discriminación de sus compañeros.
Según información obtenida por este medio, a mediados de junio un grupo de cinco elementos asignados al cuartel de Campanilla, municipio de Copala, presentaron los síntomas del Covid-19, causados por el virus SarsCov2, incluso que uno de los elementos presentó síntomas de gravedad, por lo que tuvieron que permitirle su salida días antes de su descanso.
Estos elementos solo fueron identificados como Rogelio, Felipe, Arellano, Moisés y Jaime, quienes a pesar de presentar síntomas leves fueron ignorados por sus mandos; fue hasta que uno de los contagiados se complicó presentando vómito y dificultad para respirar que los mandos le permitieron retirarse, dejando a los otros elementos que cumplieran sus días de turno.
Aunque un elemento del grupo salió positivo, la SSP no siguió los protocolos de Salud, de contactos y aislamiento y toma de muestras que recomiendan las autoridades, se hizo caso omiso a las normas, poniendo en riesgo la salud de los contagiados, sus compañeros y la ciudadanía, pues al ser elementos activos tienen contacto con la población.
La violación del protocolo de salud por parte de la SSP, reside en que los elementos con síntomas menores que convivieron con el caso positivo, se les obligó a presentarse a laborar sin terminar el asilamiento recomendado de 14 días, presentando alguno de ellos todavía manifestación de la enfermedad, como tos y perdida de sabor (gusto), sin hacer una segunda prueba que valide que el enfermo ya no presente el virus SarsCov2 en su cuerpo.
PATRULLAS OBSOLETAS, FALTA DE UNIFORMES, AUMENTO SALARIAL, BONOS Y MÁS
Las patrullas de la Costa Chica, resultan ser las unidades que la SSP recicla de otras regiones, y que al cambiar el parque vehicular en ciudades como Acapulco, Chilpancingo e Iguala, destinan, supuestamente, “las mejores” a esta región; sin embargo, la mayoría presenta multitud de fallas en el sistema eléctrico, suspensión, motores que requieren de ajusto o, por lo menos, una anillada. Estos problemas mecánicos merman el trabajo y la eficiencia de los oficiales, además, los ponen en riesgo por enfrentarse a delincuentes en unidades chatarra, aparte, de que incumplen con la población que espera su apoyo.
Los Policías estales tienen salarios que van de un policía 9 mil 400 a 14 mil mensuales, aunque en la realidad los salarios base van de los mil 700 pesos a 2 mil 100 pesos, y algunos de ellos han recibido recortes hasta de 500 pesos (quitándoles una prestación clave 080), en vez de aumentarles.
Aparte del salario, las condiciones laborales en las que se encuentran son pésimas, debido a que los elementos policiacos no cuentan con una seguridad laboral, ya que son considerados de “confianza”, algunos con contrato de meses firmados y otros ni eso, lo que los pone en riesgo, ya que en cualquier momento pueden ser despedidos solo reprobar algún examen, faltar por enfermedad o problema familiar, o por algún conflicto con un mando que los señale de indisciplina o cualquier señalamiento.
La falta de uniformes también ha sido una constante en la corporación policiaca, pues en los cinco años del gobierno de Héctor Astudillo no han recibido con regularidad sus uniformes, es decir dos uniformes, dos veces por año, señalando también que los últimos uniformes entregados por la SSP fueron de pésima calidad, despintándose a las pocas lavadas, y fabricados con una tela caliente, que para las zonas de Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Iguala y Tierra Caliente no le sirvieron, de esta forma los obligan a comprar su propio uniforme de mayor calidad para poder soportarlo todo el día puesto, refiriéndose solo al pantalón y camisola, ya que los otros implementos como chalecos antibalas, cascos, fornituras incluso botas, varias veces no les hacen entrega o también resultan de pésima calidad.
Como se mencionó, los elementos policiacos apenas y reciben entre 1,700 y 2,200 pesos como salario base y el resto lo completan con prestaciones y compensaciones, haciendo una suma de entre 9 mil y 14 mil, pero corren el riesgo de retirarles esas prestaciones y compensaciones en cualquier momento bajando sus ingresos sustancialmente; la SSP indica que no es un descuento salarian, sino una deducción a las compensaciones.
Esta situación motivó la protesta de policías estatales en el año 2017, la cual terminó con el despido de todos los elementos inconformes, dejando a la deriva a 176 policías estatales que alzaron la voz, y con eso, el gobierno autoritario y represor de Héctor Astudillo también consiguió callar al resto de la corporación.
EL NEGOCIO DEL GOBIERNO DE ASTUDILLO
En la voz populi se escucha que las obras y compras de los gobiernos llevan un moche (diezmo), la parte que exige el gobierno a la empresa beneficiaria donde realizará las compras.
En una investigación reciente, sobre la compra y entrega de 32 camionetas habilitadas como patrullas de la Policía Estatal, se pudo detectar una disparidad entre el costo reportado por el gobierno del estado y los precios reales al público en general.
Según el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, las 32 unidades entregadas tuvieron un costo de 31 millones de pesos, utilizando recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica.
Las camionetas habilitadas como patrullas con marca RAM modelo 1500 SLT CREW CAB V6 4X2, tienen un valor al público en general de 635 mil 900 pesos, cada unidad, danto un total de 20 millones 348 mil 800 pesos, por las 32 camionetas entregadas, mientras que el equipamiento; roll bar (herrería tipo redilas), banca doble, tumba burro, torreta de 88 leds, bocina sirena y defensa trasera tiene un costo total de 50 mil pesos por unidad, por lo que él gobierno del estado se gastó un millón 700 mil pesos por el equipamiento de las 32 unidades, dando un total de 22 millones con 48 mil 800 pesos entre camionetas y equipamiento, con precios al menudeo y facturado.
Estos costos muestran una disparidad de 8 millones 951 mil 200 pesos, solo en esta compra, de acuerdo a lo reportado por el gobierno del estado.
Cabe señalar que el gobernador recalcó que este año se han entregado 65 patrullas, por lo que también podría existir una irregularidad y diferencia de precios similar en las otras compras.
LA PRECARIDAD POLICIACA EN GUERRERO
Según un análisis de la organización ‘Causa en Común’, que elaboró la “Ficha Estatal Guerrero 2020”, un análisis de la situación de la defensa de los derechos humanos, las víctimas y la democracia y sus instituciones, las policías en Guerrero trabajan en un estado permanente de precariedad.
En un apartado de este informe, ‘Causa en Común’ analiza la situación de las policías de Guerrero. Según el informe, los policías que tienen que pagar su uniforme corresponde al 51%; su calzado, el 53%; su chaleco antibalas, el 12.7%; las fornituras, un 56.6%.
Además, un 30.7% de los efectivos policiales tiene que pagar su papelería y copias para sus informes; un 5% tiene que pagar gasolina para su patrulla y casi el 10% de los policías tiene que pagar las reparaciones que le hacen a su patrulla.
Acceder al informe completo: http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2020/08/200814-Ficha-Guerrero-2020.pdf