Boletín/ Congreso
LXII Legislatura
Chilpancingo, Gro.
21 de Agosto del 2020
La Comisión Para la Igualdad de Género del Congreso del Estado analiza una iniciativa de adición a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, para establecer como falta grave y hacer responsable al servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa violencia contra las mujeres.
La propuesta fue presentada en la reciente sesión de la Comisión Permanente por la diputada Norma Otilia Hernández, quien plantea adicionar el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, para contar con los instrumentos jurídicos que permitan sancionar a los servidores públicos que al amparo de su cargo exacerban su conducta hacia las mujeres y posteriormente contra sus parejas, sin que sean castigados.
La diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena expone que pese a un gran número de ordenamientos legales como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras, no se ha logrado garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, siendo una de las principales razones el propio sistema de justicia.
Esta situación, explicó, trae consigo un alto número de casos de violencia contra la mujer, ya que de acuerdo al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), en México se registraron 508 mil 186 casos de violencia contra la mujer, mientras que en el estado de Guerrero se registró un total de 5 mil 16 casos en el año 2019.
Agregó que la violencia psicológica es la más común en Guerrero, con alrededor de 2 mil 300 casos registrados; la
segunda es económica, con mil 500 expedientes iniciados, y posteriormente la física, con mil 200 casos, seguida de la violencia matrimonial y sexual.
Ante esta serie de manifestaciones de violencia hacia las mujeres, Hernández Martínez considera importante seguir reformando las leyes en la materia para atender y proteger a las víctimas, y garantizar que el estado cuente con los instrumentos jurídicos necesarios que permitan sancionar a los agresores, en este caso quienes funjan como servidores públicos.