Considero inaceptable el anuncio del supuesto veto que me hace el colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa para participar en política.

 

En diversos momentos he expresado que me mantengo al margen del proceso electoral, pero ello no significa mi retiro de esta actividad, máxime cuando mantengo mis derechos políticos intactos.

 

No es mediante presiones con señalamientos infundados, movidos por algún grupo de interés, que se me negará una decisión que a mí me corresponde tomar.

 

Exigir justicia promoviendo una verdad falsa, moldeada a sus fobias o intereses, eregirse en tribunal que haga juicios sumarios y suplante a los tribunales, es un exceso y un retroceso.

 

El que acusa tiene que probar, es irresponsable que repitan señalamientos fabricados por la antigua PGR y promovidos desde los pasillo del poder de la pasada administración.

 

Como lo he dicho antes, he acudido las veces que se me ha solicitado para coadyuvar con las investigaciones que conduce la Fiscalía General de la República y la Comisión de la Verdad a cargo del Subsecretario Alejandro Encinas.

 

Espero los resultados y confío que al final de este proceso, cese esta serie de calumnias y descalificaciones de que he sido objeto todos estos años.

 

Me parece una postura extraña que el movimiento normalista de Ayotizanapa pretenda desconocer los hallazgos de la FGR en la investigación por la desaparición de sus compañeros.

 

Es preocupante el anuncio de que van a radicalizar sus acciones, porque Guerrero atraviesa una situación complicada por los efectos de la epidemia que vivimos.

 

No tiene sentido descartar el diálogo que se les ha ofrecido, no hay justificación en su pretensión de generar más problemas, apostar por la ruptura y la violencia es un callejón sin salida.