Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Gro.
02 de Marzo del 2020.
Luego de una confrontación entre elementos de la Policía del Estado de Guerrero y miembros de la autodenominada Policía Comunitaria de Tlacotepec, diferentes organizaciones sociales se pronunciaron por la protección de los activistas, Teodomira Rosales Sierra y Manuel Olivares Hernández.
Encabezada la protesta por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red los Derechos para Todos, alertaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno de el riesgo que corren Teodomira y Manuel, al ser señalados como “defensores del narco”.
Los pasados 22 y 26 de marzo se publicó una información en redes sociales que pone en riesgo la vida del defensor Manuel Olivares Hernández a quien señalan como “defensor del narco” y descalifican su trabajo por acompañar a las víctimas de desplazamiento forzado interno del municipio de Leonardo Bravo.
Desde el 13 de noviembre del 2018, más de mil 800 personas de cinco comunidades de este municipio se vieron obligadas a dejar sus casas por la violencia protagonizada por grupos de civiles armados, situación que obligó a que más de 200 familias se plantaran en la explanada del Palacio Nacional durante 37 días, en los meses de marzo y abril del 2019.
Lamentablemente los acuerdos que firmaron con la Secretaria de Gobernación, no han podido garantizar el retorno de las familias desplazadas a sus comunidades y durante más de un año Manuel Olivares y Teodomira Rosales Sierra han emplazado a las autoridades federales y del estado, cumplan con los apoyos acordados para una estancia digna de las familias desplazadas en la cabecera municipal de Chichihualco.
A finales del mes de diciembre la Teodomira fue víctima de una agresión sexual por parte de un grupo de élite de la policía estatal, comandada por el secretario de seguridad pública David Portillo Menchaca.
“Teodomira además de tirarla al suelo y someterla, una mujer policía le puso en el pecho su arma de cargo; En ese mismo instante Manuel fue golpeado por varios elementos policiales y en la agresión, un mando de la policía increpó el por qué estaba apoyando al narco”.
Además de sufrir estas vejaciones quebraron el cristal de la puerta derecha y poncharon las cuatro llantas de la camioneta, propiedad del Centro Morelos. Se robaron dos mochilas en las que iban dos computadoras laptop, artículos personales, dinero en efectivo y documentación de las familias desplazadas.
El 6 de febrero se reunieron con un teniente de apellido Badillo, perteneciente al 50 batallón de infantería, quien llegó acompañado de varios vehículos militares a la cabecera municipal de Chichihualco. Pidió que se registraran las familias desplazadas para enviar su reporte a la ciudad de México. En ese instante varias personas se opusieron porque identificaron que algunos elementos del ejército habían incursionado en sus comunidades acompañando a un grupo de civiles armados de la sierra. Esta denuncia publica molestó al teniente, quien posteriormente realizó varias llamadas telefónicas a la compañera Teodomira, reclamándole esta acción de las familias y exigiéndole la entrega de la lista de las familias desplazadas.
Durante el mes de marzo de este año se han registrado varios hechos de violencia en las comunidades de Carrizal de Bravo, Balzamar y Tepozonalco del municipio de Leonardo Bravo, registrándose varias decenas de personas asesinadas y algunas viviendas incendiadas. Esta situación ha provocado que varias familias hayan huido de estas comunidades. Por otra parte, el grupo de familiares que se encuentran desplazadas en Chichihualco, decidieron desde el pasado 22 de marzo, acampar en un paraje conocido como el Crucero del Huamuchil, ubicado en la parte oriente, como medida extrema para impedir que los grupos de civiles armados tomen el control de sus comunidades.
Las autoridades federales y estatales han abandonado a su suerte a las víctimas de desplazamiento forzado interno, dejando que los grupos de civiles armados incursionen violentamente en comunidades serranas, causando graves daños para someter a los pobladores y tomar el control de las comunidades a punta de metralla.
Ante esto, los organismos civiles de derechos humanos, exigieron a las autoridades federales y estatales garantías de seguridad a los compañeros Manuel Olivares y Teodomira Rosales, así como a todos los miembros del Centro Morelos, que acompañan a las víctimas de desplazamiento forzado interno.
Demandaron a las autoridades federales tanto de la Secretaria de Gobernación como de Seguridad Pública, que cumplan con los compromisos asumidos de garantizar el retorno a sus comunidades de las familias desplazadas, así como restablecer el orden y la seguridad de la región.