César Hernández/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., marzo 10 del 2020 (NOTYMAS).– El diputado Robell Urióstegui Patiño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del PRD presentó un exhorto a los gobinernos estatal y federal para atiendan en el ámbito de su competencia la problemática de los jornaleros agrícolas.
En su exposición de motivos, Urióstegi Patiño refiere que el sector de los jornaleros agrícolas enfrenta situaciones de discriminación asociadas a sus altos niveles de marginación, su alta movilidad migratoria, el carácter informal de la mayor parte de sus relaciones laborales, así como por su origen étnico.
Señala que Guerrero, es considerado un o de los principales Estados expulsores de mano de obra, con un promedio de 60 mil jornaleros por temporada agrícolas. Datos del registro migratorio 2018 del Programa de Jornaleros SEDESOL ahora Secretaría del Bienestar, arrojan que en 2018 migraron 36,858 jornalero[a]s, provenientes de 165 comunidades indígenas principalmente, de los que 52% fueron hombres y 48% mujeres, 40.6% menores de 15 años migraron con sus padres, el destino del 73% fue el estado de Sinaloa.
El acuerdo parlamentario es dirigido en primera instancia, a la Titular de la Secretaría de Bienestar, para que se busquen los mecanismos presupuestales y operacionales “que permitan atender a la población de Jornaleros Agrícolas en el País, buscando la coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que se garantice la protección atención y acompañamiento en las condiciones laborales y de contratación; se les brinde acompañamiento en el traslado de su lugar de origen y su retorno; se atienda lo relativo a la situación de vivienda en los lugares de arribo o de trabajo, se les brinde apoyo para que los hijos de los jornaleros reciban educación -inscripción- así como para el registro de nacimiento”.
Asimismo, se hace un llamado al gobernador Héctor Astudillo Flores a dar instrucciones a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y, de Migración y Asuntos Internacionales, para que generan políticas públicas que atiendan las diferentes problemáticas que enfrentan los jornalero[a]s agrícolas del Estado que se ven en la necesidad de abandonar sus comunidades y emplearse en los campos agrícolas de la Región de la Tierra Caliente del estado, como de los estados del norte del país, a quienes “se les brinden las garantías de traslado, protección a su salud, de seguridad social, una jornada laboral y prestaciones acorde a los lineamientos legales, así como evitar el trabajo infantil, y se les brinde el derecho de educación a este sector vulnerable”.
