Juan Blanco/API
Chilpancingo, Gro. 27 de Enero del 2020.- Integrantes del Frente Popular “Francisco Villa” (FPFV) México Siglo XXI de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa de Álvarez, exigieron este lunes a la Fiscalía General del Estado (FGE) reactive las 66 órdenes de aprehensión en contra de líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) por su supuesta participación en el asesinato de 15 miembros de su organización de 2015 a la fecha.
Además replicaron lo que aseguró en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que ese sistema comunitario entrena a sicarios para grupos criminales, en una clara alusión a los 19 niños de las comunidades de Ayahualtempa y Xicotlán,3- que el miércoles pasado se levantaron en armas y se unieron a las filas de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF para supuestamente defenderse de la célula delictiva Los Ardillos.
El viernes pasado el gobernador Héctor Astudillo Flores visitó Alcozacán de donde eran originarios los 10 músicos indígenas masacrados el 17 de enero en Mexcalcingo, y se reunió con habitantes, comisarios, viudas de las recientes víctimas mortales y con David Sánchez Luna, coordinador de la CRAC-PF.
Ahí, los pobladores expusieron al mandatario alrededor de 28 demandas a la mayoría de las cuales dio respuesta inmediata, entre ellas el de comprometerse a revisar ante las instancias el cauce legal que llevan las 66 órdenes de aprehensión que existen en contra de miembros de la coordinadora, y su posible cancelación.
No obstante, este lunes integrantes del FPFV y cuyo grupo de autodefensa mantiene desde hace años una confrontación con la CRAC-PF, ofrecieron una conferencia de prensa en Chilpancingo para reprochar la ayuda que ofreció el jefe del Ejecutivo.
“El viernes pasado vimos protección a los hermanos Sánchez Luna de parte del gobernador; eso es injusto; les lleva víveres, mientras que nosotros cuando le solicitamos despensas para las compañeras víctimas de la violencia, o a niños huérfanos, no se les ha dado ninguna beca, ningún apoyo”, recriminaron.
Al tomar la palabra, el comandante de la “Policía Comunitaria” del FPFV, Constantino Calvario Merino dijo que no existe argumento alguno para no ejecutar las órdenes de aprehensión, pues recordó que el 8 de febrero de 2015 la CRAC-PF supuestamente ejecutó al menos a 8 personas de San Jerónimo tras atacar a la población.
Uno de los más recientes hechos perpetrados por la policía de ese sistema comunitario, aseguró, sucedió en julio de 2019 cuando una camioneta con 11 personas a bordo que circulaba sobre un camino de terracería que conduce de Lamazintla a Cantera Rosa con dirección a San Jerónimo, fue atacada a balazos, dejando como saldo una mujer muerta y tres heridos; además del chófer desaparecido.
Además, acusó, la CRAC-PF obligó a por lo menos 10 familias a salir de Xochitempa y refugiarse en San Jerónimo, municipio de Chilapa, por el hecho de no acatar sus normas. Dijo que tras este hecho, la policía comunitaria de ese sistema saqueó sus viviendas.
Por lo anterior, Calvario Merino exigió a la FGE reactive las 66 órdenes de aprehensión que hay principalmente en contra de David Sánchez Luna y de su hermano Bernardino, dirigentes de la CRAC-PF.
“Queremos que el gobernador también nos escuche. Nosotros no nada más exigimos justicia; en nuestro pueblo no tenemos agua, no tenemos centro de salud y la casa de salud con la que contamos no tiene doctores ni enfermeras…no hay medicamentos. Mucha gente se ha muerto por las enfermedades”, denunció.
Agregó: “demandamos también la pavimentación o revestir la carretera que va a San Jerónimo Palantla”.
Por su parte, Teodoro Gallegos, dirigente del Colectivo de Víctimas denominado “Orgullo” y miembro del FPFV, dijo que la CRAC-PF no sólo masacra sino también está adiestrando a futuros sicarios para grupos delictivos, como aseguró también en días pasados el presidente López Obrador.
Lo anterior luego de que el miércoles pasado al menos 19 niños, supuestamente con el consentimiento de sus padres, se levantaran en armas y se unieran a las filas de la CRAC-PF para defender sus pueblos del grupo delictivo Los Ardillos, quien habría masacrado a los 10 músicos indígenas con ayuda de su brazo armado, la “Policía Comunitaria de la Paz y la Justicia”.
Teodoro Gallegos responsabilizó al gobierno del estado de lo que pudiesen sufrir él y los miembros del FPFV al mantener en libertad a los líderes de la CRAC-PF. (www.apiguerrero.net)